José Ángel Arzate Estrada

Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • José Ángel Arzate Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, donde se sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado firmeza legal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 672/2020-V; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de noviembre pasado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado en la propia data a este órgano jurisdiccional, José Ángel Arzate Estrada demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del juez de control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 672/2020-V, otorgó la intervención que legalmente corresponde a al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, los que se recabaron; y, TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante proveído de quince de diciembre del año actual, se suspendió comunicación con las autoridades que la parte quejosa denominó como: "jefe de grupo de la Policía Ministerial encargado de Ejecución de Ordenamientos y Mandamientos Judiciales" y "Agencia Especializada en los Delitos de Homicidio de la región "C", ambas con sede en esta ciudad, ante su inexistencia; por tanto, esta resolución no se ocupará de tales autoridades. Finalmente la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos de molestia con ejecución dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión, citación o comparecencia girada en contra del quejoso José Ángel Arzate Estrada; y; ii) La inminente ejecución de la orden indicada en el inciso que antecede. Estos actos se reclaman a las autoridades siguientes: Como ordenadora 1. Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra -denominación correcta de la indicada por la parte agraviada como "JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA CUARTA REGIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE SALVATIERRA"; y Como ejecutora 2. Fiscal Regional "C", con sede en esta ciudad TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Las autoridades responsables juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra y el encargado del despacho de la Fiscalía Regional "C", con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados en lo que en su ámbito de competencia corresponde. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe agregar que al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto ni los conceptos de violación esgrimidos. CUARTO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, al clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese esta sentencia de inmediato. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el penúltimo punto considerativo.

  3. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 672/2020-V; y, Resultando Primero. Demanda de Amparo. xxxxxxx demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos1, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables sus informes previos los cuales se recabaron. Tercero. Inexistencia de las autoridades responsables. Mediante proveído de quince de diciembre del año actual, se suspendió comunicación con las autoridades que la parte quejosa denominó como: "jefe de grupo de la Policía Ministerial encargado de Ejecución de Ordenamientos y Mandamientos Judiciales" y "Agencia Especializada en los Delitos de Homicidio de la región "C"", ambas con sede en esta ciudad, ante su inexistencia; por tanto, esta interlocutoria no se ocupará de tales autoridades. Finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, Considerando Primero. Precisión del acto reclamado. Con apego en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados señalados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, son: La orden de aprehensión, retención o comparecencia giradas en contra de José Ángel Arzate Estrada, así como su ejecución. Actos reclamados en el ámbito de sus respectivas facultades a las autoridades responsables: 1. Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra. 2. Fiscal Regional "C", con sede en esta ciudad. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, en su denominación correcta, juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede y base Salvatierra y fiscal Regional "C", con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo, expresamente negaron la existencia de los actos reclamados, en lo que en su ámbito de competencia corresponde, sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dichas negativas. Por lo tanto, al no haber aportado la parte quejosa algún medio de prueba idóneo tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo lo que se impone es negar la suspensión definitiva solicitada. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO, LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si la autoridad responsable niega los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se: resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a xxxxxxxxxx, respecto de los actos y autoridades precisados en esta resolución.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la imposibilidad que se tuvo para notificar a las autoridades responsables que señaló en su escrito de demanda como: "Jefe de grupo de la Policía Ministerial encargado de Ejecución de Ordenamientos y Mandamientos Judiciales con sede en Celaya, Guanajuato"; y, "Agencia Especializada en los Delitos de Homicidio de la región "C", en Celaya, Guanajuato". Sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de cuatro de diciembre del presente año y se suspende toda comunicación con las citadas autoridades, al ser inexistentes.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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