Jose Angel Jorge Sigler Romero

Expediente 675/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
675/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Jose Angel Jorge Sigler Romero

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la resolución de veintisiete de junio de la anualidad que corre, en la que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintisiete de junio actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra los actos que reclama del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad Capital y otra autoridad, que estiman violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 675/2017-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como el acto reclamado, el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora se reclama: el resolutivo de la sentencia de fecha de celebración 31 treinta y uno de mayo del año en curso, y notificada en fecha de 1 primero de junio del año en curso de manera personal por medio de la dirección electrónica designada para tales efectos, emitido en el Toca número 344/2017 formado con motivo del recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto por el suscrito en contra de la audiencia previa de apertura de fecha 18 dieciocho de abril del 2017 dos mil diecisiete, presidida por la Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, violentando con lo anterior la garantía de legalidad perteneciente al grupo de las denominadas de Seguridad Jurídica consignada en los preceptos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Lo antes expuesto, pone en evidencia que el acto que se reclama en el caso no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la autoridad responsable ordenadora, en la determinación de fecha treinta y uno de mayo del año en curso (que constituye el acto reclamado), resolvió en el recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto por el quejoso, en la cual se confirmó la audiencia previa de apertura de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el expediente C 574/2016; ahora bien, la consecuencia de la confirmación de la audiencia previa, es que el Juez de origen realiza diversas valoraciones respecto de la vía del procedimiento, lo que aduce el peticionario de amparo le causa perjuicio. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado consistente en la determinación de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, misma que resolvió en el recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto por el quejoso, en la cual se confirmó la audiencia previa de apertura de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el expediente C 574/2016; no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación por no afectar derechos fundamentales. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por José Ángel Jorge Sigler Romero, es improcedente porque la determinación de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, misma que resolvió en el recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto por el quejoso, en la cual se confirmó la audiencia previa de apertura de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el expediente C 574/2016, no es de aquellos actos que la ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales de la peticionaria de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales de la solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, es un acto que en todo caso produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, por similitud de razón, la Jurisprudencia 43 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 291, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Téngase al promovente como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por no tener registradas sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que los autorice para ejercer la profesión de abogado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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