Jose Anastacio Zamudio Baylon
Expediente 852/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Anastacio Zamudio Baylon
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. En la inteligencia que, conforme a la Circular 28/2023 del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días comprendidos del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y, de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes; asimismo, dispuso que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubiesen celebrado, subsistirá su validez. Por ello, si el acuerdo de desechamiento de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fue notificado electrónicamente el veinte siguiente -día declarado inhábil- su validez persiste, pero para efectos del cómputo se realizó a partir del día hábil siguiente, esto es, a partir del veinticinco y, concluyó el treinta y uno del mes pasado.Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. *** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda y registro. Con la demanda de amparo de cuenta, ******, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 852/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ***** por el que se negó la interposición del recurso de denegada apelación. Consideraciones previas. ********************Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ******************Definitividad.******************** El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada.********** Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación.***************Así, la legislación citada -como las de la mayoría del país- consagra diversos medios de impugnación para combatir las resoluciones de los sujetos encargados de la administración de justicia, para buscar ya sea invalidez, modificación o revocación, cuando tienen deficiencias, errores o son ilegales; a saber: Incidentes. Éstos constituyen procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal; en otras palabras, a través de ellos se ventilan todos aquellas cuestiones distintas de la principal, suscitadas durante la sustanciación del juicio y que hace necesaria una resolución previa o especial; verbigracia, la nulidad de actuaciones o de notificaciones. Recursos en sentido estricto. Por otro lado, en el Título Cuarto, del Libro Sexto de la codificación procesal civil para Guanajuato, establece los recursos siguientes: a) revocación, b) apelación y c) denegada apelación, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero, con excepción de las reglas especiales previstas en el capítulo único -Recursos-.****El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados y su procedencia se limita a lo que dispone el ordinal 894. La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior y sigue las reglas del numeral 896. Por su parte, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 893, dispone que dentro de las audiencias en los juicios orales, sólo procede en contra de: a) no admita prueba; y, b) declare o niegue tener confesa alguna de las partes; sin embargo, cuando las resoluciones no se pronuncien en audiencias, siguen la regla genérica conforme a las disposiciones del Título Sexto (Recursos) del Libro Primero.****************Solución del problema jurídico. Respecto a si el acto reclamado es susceptible de algún recurso, conviene señalar que el numeral 891 determina que las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales son impugnables por revocación, apelación o denegada apelación. Por su parte, el diverso 892 señala que los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables serán irrecurribles. Ahora, el 893 establece que, dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procederá en contra de: i) la que no admita prueba; y, ii) la que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. Entonces, cuando se emiten determinaciones fuera de las audiencias se acude a lo que marca el arábigo 891, en el sentido que aquellas resoluciones emitidas dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, el que se tramitará y sustanciará conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero, esto es, se tendrá que remitir a los artículos 232 y 233. Lo anterior, pues el legislador no previó una limitante, como sí lo hizo con aquellos que se emiten dentro de audiencia pública, donde previamente a petición de parte u oficio, el juzgador los cita para celebrar un acto procesal a fin de dirimir situaciones jurídicas, verbigracia, como audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencia en medida, audiencia en auxilio, etc.****En ese orden de ideas, si se reclama en el presente juicio el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente **** del índice de la autoridad señalada como responsable, por el que inadmitió el recurso de denegada apelación, es inconcuso que en su contra la parte accionante debió interponer recurso de revocación.****************************************Ello, ya que como se mencionó, el artículo 891 -referente a los juicios orales- al disponer que se acudirá al título sexto, libro primero -reglas generales de los medios de impugnación- cuando no se encuentre en una regla especial que marca ese titulado; entonces, como solamente hace alusión a la procedencia e improcedencia de la revocación cuando se dicten dentro de las audiencias, es incuestionable que las determinaciones que se decreten fuera de ellas, atinente a los recursos, seguirán las disposiciones generales. Además en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza familiar y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b).Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de parte dentro del juicio de origen; y, por los motivos anteriormente expuestos no puede catalogársele como tercera extraña a dicho procedimiento. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. De esta manera, la parte disconforme debió recurrir el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ****; sin embargo, como no lo hizo, es evidente que omitió agotar el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.***********Además, sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.*** Protesta de ley. ****Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Pablo Aldrete Ramírez y Mayré López García, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.*********Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Dada la transición del sistema de justicia en línea, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ********************, para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, y, con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones de carácter personal.
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