José Ángel Hernández Cortez y Otros.
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2018
Partes del expediente
- José Ángel Hernández Cortez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Al resultar innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en el toca civil *** de su índice, el expediente *** del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla; así como, dos sobres cerrados; devuélvanse los mismos a la autoridad responsable indicada, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil dieciocho. COMPETENCIA Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite oficio ***, signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, remite el toca civil *** (un tomo), expediente *** (un tomo), original y copia de la demanda de amparo promovida por ***, constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, certificación de dieciséis de abril del año en curso; así como, los documentos base de la acción consistentes en: sobre uno: primer testimonio del instrumento dos mil ciento sesenta y dos, ciento sesenta y nueve facturas electrónicas, copia simple de contrarecibo número noventa y ocho, copias de veintinueve facturas, impresión de cédula de identificación fiscal en dos hojas, dieciocho estados de cuenta; sobre dos: copia certificada del instrumento público número dos mil doscientos sesenta y seis y oficio ***. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil zona 01, Tuxtla, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 672/2018-2-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que por lo que hace al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. ...
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