José Angel de la Cruz Correa y Otros.
Expediente 133/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- José Angel de la Cruz Correa y Otros.
- Guillermo Mendez Aguilar
- José Angel de la Cruz Correa
- Guillermo Mendez Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11694 (fojas 172 a 180), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Catazajá, Chiapas, por conducto de la Segunda Secretaria de Acuerdos, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Catazajá, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ". ? Los autos de plazo constitucional de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por medio de los cuales se decretó la formal prisión de los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento por receptación culposo, dentro de la causa penal 134/2016. ." Mediante sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diecinueve de julio del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ". a) Deje sin efectos los autos de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictados en la causa penal 134/2016; y, b) En su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la parte considerativa de esta sentencia, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos sometiendo a control difuso de constitucionalidad la norma punitiva que tipifica el delito de encubrimiento por receptación culposo que les fue atribuido, cuyo ejercicio lleve indefectiblemente a inaplicar la disposición en comento y decretar su libertad absoluta. ..." ACTO DE LA AUTORIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 11694 (fojas 172 a 180), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Catazajá, Chiapas, por conducto de la Segunda Secretaria de Acuerdos, informó que dejó insubsistente y sin valor alguno los autos constitucionales de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de veintiséis de julio de la presente anualidad, emitida en la causa penal 134/2016; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Catazajá, Chiapas, por conducto de la Segunda Secretaria de Acuerdos, mediante oficio registrado con folio 11694 (fojas 172 a 180), dejó sin efecto efectos los autos de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete y siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, emitió resolución en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ***, como probables responsables del delito de encubrimiento por receptación culposo, previsto y sancionado en el artículo 288, en relación al 287, en concordancia al 10, 14, párrafo primero y segundo, fracción l, 15, párrafo sexto y séptimo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de Domingo Trinidad Álvarez Lacroix, en la precisó que los medios de prueba, que fueron analizados y valorados en su debido orden lógico, jurídico y natural conforme a las reglas establecidas por los numerales 249 al 264 del Código adjetivo Penal, no eran aptos ni suficientes para acreditar la corporeidad del delito de encubrimiento por receptación culposo. Lo anterior, en virtud que el tipo penal en comento, es contrario al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal contenido en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que establece: ". En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata." En efecto, precisó que este principio de exacta aplicación de la ley no sólo obliga al legislador a establecer que un hecho es delictuoso, sino también a que describa con claridad y precisión el hecho o la conducta que se considera delictiva, esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. De ahí que al realizar el análisis del tipo penal de encubrimiento por receptación culposo, previsto en el artículo 288 del Código Penal para el Estado de Chiapas, destacó que precisa como elemento del tipo, la omisión del sujeto activo consistente en no tomar las "precauciones indispensables" para cerciorarse de la legal procedencia de los bienes o para asegurarse de que la persona de quien los recibió tenía derecho a disponer de ellos. Por tanto, evidenció que el tipo penal en comento transgrede la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, es por ello que en el ámbito de sus funciones procedió a ejercer un control difuso de constitucionalidad ex officio que lo llevó a inaplicar la norma por no haber sido derrotable su inconstitucionalidad, y al haber resultado insuficientes los medios pruebas, para acreditar los elementos del cuerpo del delito de encubrimiento por receptación culposo, previsto y sancionado en el artículo 288, en relación al 287, en concordancia al 10, 14, párrafo primero y segundo, fracción l, 15, párrafo sexto y séptimo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de Domingo Trinidad Álvarez Lacroix, lo que la postre condujo a dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ***, como probables responsables del delito precisado en líneas que anteceden, de manera que su pronunciamiento cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejosos conozcan el "para qué" de la conducta de los autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que los afectados puedan cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndoles una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto los autos de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictados en la causa penal 134/206, y siguiendo los lineamientos trazados por la ejecutoria de amparo, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos sometiendo a control difuso de constitucionalidad la norma punitiva, cuyo ejercicio llevara a inaplicar la disposición en comento y decretar su libertad absoluta. La autoridad vinculada al cumplimiento, de una manera fundada y motivada, dejó sin efectos los autos de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete en contra de ***, por la probable comisión del delito de encubrimiento por receptación culposo, previsto y sancionado en el artículo 288, en relación al 287, en concordancia al 10, 14, párrafo primero y segundo, fracción l, 15, párrafo sexto y séptimo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de Domingo Trinidad Álvarez Lacroix, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio de los accionantes de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma. Esto es, analizó los medios de prueba para afirmar que no eran suficientes para acreditar la comisión del hecho delictivo encubrimiento por receptación culposo, previsto y sancionado en el artículo 288, en relación al 287, en concordancia al 10, 14, párrafo primero y segundo, fracción l, 15, párrafo sexto y séptimo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Chiapas, y como consecuencia de ello, sometió a control difuso de constitucionalidad la norma punitiva de referencia, y tomando en consideración las bases establecidas en la ejecutoria de amparo, inaplicó la norma en comento y decretó la libertad de los quejosos. CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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