José Ángel Esquivel Chávez
Expediente 89/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Ángel Esquivel Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de once de abril del año en curso (fojas 129 a 133), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de once de abril del año en curso (fojas 129 a 133). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo , en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 52, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEADS/691/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción al Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, determinó designar al licenciado Helmuth Gerd Putz Botello, como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Comandante de la Policía Investigadora del Estado, Destacamento Allende, Coahuila de Zaragoza, en virtud que de autos se advierte que ya obra el informe justificado de la referida autoridad responsable (foja 47). Por otra parte, agréguese al presente asunto, el oficio signado por el Agente Investigador del Ministerio Público, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta de marzo del año en curso (foja 60), y al respecto remite copia de la averiguación previa penal A-5-101/2016, en contra de Gustavo Galaviz Rivera, así como de la averiguación A-5-102/2016, instaurada en contra de José Ángel Esquivel Chávez, quejosos en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del anexo que remitió la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, se advierte, en la parte que interesa, que el trece de febrero del año que transcurre, el Director de Seguridad Pública Municipal, con sede en esa ciudad, consignó ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, de Allende, Coahuila de Zaragoza, a los aquí quejosos Gustavo Galaviz Rivera y José Ángel Esquivel Chávez, como probables responsables en la comisión del delito de resistencia de particulares, cometido en agravio de la sociedad, abriendo las averiguaciones previas penales A-5-101/2016 y A-5-102/2016, respectivamente, obteniendo su libertad Gustavo Galaviz Rivera, a las veinte horas con quince minutos, y José Ángel Esquivel Chávez, a las veintiún horas con cincuenta minutos, ambos del quince de febrero del año actual, debido a que transcurrió el término constitucional de cuarenta y ocho horas que prevé la ley para poner a los indiciados a disposición de la autoridad judicial o bien, ordenar su libertad, y debido a que no se desahogaron en su totalidad las diligencias necesaria para acreditar tanto el cuerpo del delito de que se trata, así como la probable responsabilidad de los inculpados, se decretó la inmediata libertad de los mismos. Así, de las constancias antes referidas, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, que conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el presente asunto, los quejosos directos señalaron como actos reclamados, la detención, arresto, aprehensión, reaprehensión, orden de restricción y/o privación ilegal de la libertad, así como los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 61 de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, la cual, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En efecto, la causal de improcedencia a que se hace referencia, es la que se encuentra contemplada en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: (.) Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: (.) Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: (.) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (.) Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: (.) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que remitió la Agente Investigador del Ministerio Público, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, se advierte que otorgó la libertad a los quejosos directos Gustavo Galaviz Rivera y José Ángel Esquivel, mediante acuerdo de quince de febrero del año en curso, en atención al vencimiento del término de las cuarenta y ocho horas constitucionales; circunstancia que se corrobora con la copia que anexó la citada autoridad al oficio de cuenta. A dicha documental se le atribuye eficacia probatoria plena, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su ordinal 2°, por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, Materia Común, registro número 394182, bajo el rubro y texto siguientes: (.) Con lo anterior, se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: (.) Se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que con motivo de las promociones de cuenta, cesaron los efectos del acto reclamado, pues actualmente se encuentran en libertad los ahora quejosos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: (.) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra agregado en autos el informe justificado que le fue solicitado a la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza; lo anterior, no obstante que ya transcurrieron los quince días concedido a dicha autoridad, lo que se corrobora de la tarjeta postal acuse de recibo correspondiente al oficio 3161/2016-ale (foja 57). Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias inherentes a los actos reclamados, toda vez que son necesarias para la debida integración del presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciseis, para su celebración.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza, y anexo; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad de mérito, la documental que acompaña en su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
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