José Ángel Calixto Valadez
Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Ángel Calixto Valadez
Actuaciones
- Principal
1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por *****, contra actos de la Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 493/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Autoridad responsable. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable a la Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector, ambas con sede en la Ciudad de México. 3.2 Acto reclamado: Todo lo actuado dentro del procedimiento 05CO2020G0022. 3.3 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda de amparo es extemporánea. 3.4 Premisas argumentativas del caso a decidir. En términos de los preceptos 17 y 18 de la ley de la materia, el plazo de quince días para promover el amparo se computará a partir del siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien, a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En ese contexto, el plazo para promover el juicio de amparo en contra de todo lo actuado dentro del procedimiento 05CO2020G0022, es de quince días, ya que no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis de excepción antes señaladas. Conforme al artículo 18 de la ley de la materia el plazo aludido se contabilizará: i) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; o, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada; todas con características propias y excluyentes entre sí. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. 3.5 Caso concreto. Del estudio integró de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el cinco de abril de dos mil veintidós se enteró del acto reclamado o de la afectación que se duele. Por tanto, si tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de abril de dos mil veintidós, el plazo de quince días comenzó a transcurrir al día siguiente hábil que fue el seis y concluyó el veintinueve de abril del año en curso; sin contabilizar los días nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles. Por consiguiente, si su demanda la presentó hasta el dos de mayo de dos mil veintidós, es evidente su extemporaneidad. 4. Conclusión. Conforme a lo expuesto, fundado y motivado, este órgano constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, por haberse presentado de manera extemporánea; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. 5. Domicilio y autorizado para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en ******. Asimismo, se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******* por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5.1 Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al solicitante con el nombre de usuario *****. 5.2 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que se serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter de reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído.
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