José Andrés Méndez Mendoza

Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
52/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • José Andrés Méndez Mendoza
  • Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de tomos de prueba. Por otra parte, se destaca que en este juzgado obran cinco tomos de prueba, formados con motivo de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 67/2015, remitidas por la juez responsable al rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dichos anexos, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de dichas constancias. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dos minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejoso, moral tercera interesada y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos e informe justificado rendido por la juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran de la totalidad de constancias que integran este juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por José Andrés Méndez Mendoza, contra el acto atribuido a la juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, y remitido por razón de turno el trece siguiente, a este juzgado de distrito, José Andrés Méndez Mendoza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. Mediante auto de diecinueve de enero siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, mediante proveído de veintiuno de febrero de la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercera interesada a la moral COEL, sociedad anónima de capital variable, a quien se tuvo compareciendo al presente juicio, en acuerdo de veinticinco de marzo actual. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado es declarativo y emitido por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano judicial, lo que lo dota de competencia. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 67/2015, relativa al recurso de revocación presentado por el demandado -aquí quejoso-, en la cual declaró infundados los argumentos vertidos por dicha parte y declaró firme el acuerdo de tres de noviembre de la referida anualidad, por el que se tuvo al citado demandado como apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, por acusada la rebeldía a la citada moral y por perdido el derecho para hacerlo valer con posterioridad. Existencia de los actos en reclamo Es cierto el acto que se reclama de la juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 67/2015 y sus anexos que la juez responsable allegó con su informe justificado -cinco tomos-; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince, se admitió la demanda ejecutiva mercantil (acción cambiaria directa), promovida por Luis Humberto Valenzuela Mendívil y Alberto José Corella Balderrama, en su carácter de endosatarios en procuración de la moral COEL, sociedad anónima de capital variable de marzo de ese año, contra Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, como deudora principal, y José Andrés Méndez Mendoza, y ordenó el emplazamiento de las partes demandadas. Una vez emplazado el demandado José Andrés Méndez Mendoza, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al citado demandado contestando la demanda, haciendo valer excepciones y por anunciadas las pruebas de su intención. Seguido el procedimiento, en proveído de tres de noviembre del multicitado año, la juez responsable, a petición de la parte actora, determinó que José Andrés Méndez Mendoza, resultaba ser apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, por lo que, al no contestar la demanda entablada en contra de su representada, acusó la rebeldía de ésta y por perdido el derecho para hacerlo valer con posterioridad. Inconforme con la citada determinación, el autoridado legal del demandado José Andrés Méndez Mendoza, interpuso recurso de revocación, mismo que, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue admitido y se dio vista a la contraparte para que manifestara lo que en derecho correspondiere. Finalmente, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, la juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, dictó resolución en la que consideró infundados los argumentos vertidos por dicha parte y declaró firme el acuerdo de tres de noviembre de la referida anualidad, reseñado precedentemente. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos. Precisado lo anterior, este juzgador estima que los conceptos de violación son inoperantes, los cuales se analizarán bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos para suplir su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En éstos, después de hacer una transcripción de la determinación reclamada y de diversos preceptos legales, la parte quejosa esencialmente señala que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14 y 16 Constitucionales, pues en la resolución combatida no se valoró la legalidad del emplazamiento que se le practicó y que a la moral demandada no se le emplazó por su conducto. Sostiene que la diligencia del emplazamiento que se le practicó reúne las formalidades exigidas por los numerales 1392, 1393 y 1396 del Código de Comercio; lo que no aconteció en el caso de la moral demandada; reitera que no existe en el procedimiento probanzas atinentes a demostrar que la diligencia de emplazamiento no reúne los elementos necesarios para su validez formal y únicamente consta que fue entendida con el representante de la moral demandada debidamente identificado, a quien le fueron entregadas copias debidamente selladas y cotejadas. Dichos conceptos de violación son inoperantes. En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la Litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la Litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. En el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por la juez responsable en la determinación de seis de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró firme el acuerdo de tres de noviembre de la referida anualidad, por el que se tuvo al citado demandado como apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, por acusada la rebeldía a la citada moral y por perdido el derecho para hacerlo valer con posterioridad, en el juicio ejecutivo mercantil 67/2015, esto es, omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para concluir en el sentido en que lo hizo, a razón de que carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada le causa una afectación, ya que prescinde de señalar los motivos por los que considera incorrecta la determinación de la autoridad responsable al emitir la actuación reclamada. En efecto, de la parte conducente de esa determinación, se advierten las consideraciones siguientes: ".Precisado lo anterior, en cuanto al agravio que hace valer el recurrente, en el sentido de que el auto impugnado viola por falta de observancia y aplicación de los artículos 1392, 1393, 1396 del Código de Comercio, en relación directa con los artículos 303, 305, 309, 310 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, deviene infundado, toda vez que, como se expuso en párrafos anteriores, la diligencia de requerimiento y emplazamiento de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se efectuó con apego total a las reglas establecidas en los artículos mencionados, así como en las formalidades esenciales del procedimiento. En esas condiciones, el hecho de que no obre en autos una diligencia de emplazamiento respecto a la moral demandada y que en la misma se notificara la presente demanda en el domicilio de la moral demandada, no es determinante para que no transcurra el término de ocho días para la contestación de la demanda, ya que de conformidad con la fracción II del artículo 178 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, dicho término inicia desde el día siguiente al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo al que haya tenido conocimiento de ello, por lo que los términos establecidos fueron debidamente respetados, por consiguiente, mediante escrito recibido por este juzgado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que compareció JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, en su carácter de aval emitiendo contestación a la demanda, con lo cual se cumple cabalmente con la finalidad de la notificación que es hacerlo sabedor de la demanda entablada en su contra en lo personal y como Administrador Único con facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral demandada JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., y de lo que se reclama en el presente juicio, tan así es que opuso defensas y excepciones y además ofreció pruebas; con lo cual no se le deja en estado de indefensión, aunado de que se le corrió traslado con las copias de ley, las cuales quedaron descritas en párrafos precedentes. Derivado de lo anterior, es que con base en la documental que exhibió el propio demandado JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, conjuntamente con su escrito de contestación de demanda, misma documental que no fue redargüida de falsa, por lo que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 1292 del Código de Comercio, consistente en original de escritura pública número 12,260, volumen 220, de fecha veintidós de mayo de dos mil seis, otorgada por el Lic. Juan Carbajal Hernández, Notario Público No. 91, con ejercicio y residencia en esta Ciudad, que contiene el Acta Constitutiva de la moral demandada JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., y que a su vez tiene adjunta a la misma ANEXO A, del cual se desprende que la CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA, establece lo siguiente: "El Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, tendrán a su cargo los negocios de la sociedad y llevarán a cabo las operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma, representando a ésta ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, y ante toda clase de personas, con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con las siguientes atribuciones y facultades: a) Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, que se le confieren sin limitación alguna.", y que la CLÁUSULA SEGUNDA del apartado denominado TRANSITORIAS, estipula lo siguiente: "Por acuerdo unánime se nombra como Administrador Único al señor JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, quien estando presente acepta el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño." En el auto recurrido acertadamente se determinó que el demandado avalista JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, al contar con el carácter de Administrador Único con facultades de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la moral demandada JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., tuvo pleno conocimiento de la demanda entablada en su contra tanto en lo personal como con el carácter de Representante de dicha moral; resultando que es materialmente imposible que lo que sabe cómo persona física, lo ignore como Administrador Único de la empresa denominada JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., pues no es legalmente admisible que JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, como Administrador Único de la moral demandada, no tenga conocimiento de la demanda incoada en contra de su representada y desconozca el acto que se reclama, si fue demandado como aval en el juicio de origen y tuvo conocimiento de dichos actos; por lo que es incontrovertible que desde la fecha en que se materializó ese acto, no haya tenido conocimiento de la demanda entablada en contra de su representada como Administrador Único con facultades de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la moral demandada y si como demandado avalista. [.] Por consiguiente, si el administrador único de JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., que lo es el demandado avalista JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, tuvo pleno conocimiento tanto en lo personal como Administrador Único de la demanda interpuesta en el presente juicio a partir del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que a partir de entonces estuvo en aptitud de dar contestación a la misma, pues no es lógico que ignore como administrador único lo que conoció en lo personal, de ahí lo infundado de la manifestación del recurrente, en el sentido de que el demandado avalista nunca ha actuado por parte de la moral demandada, sino únicamente a título personal. [.] Por último, en cuanto a lo aludido por el recurrente, en el sentido que se da por hecho, que la persona por medio de la cual se obligó la demandada en dos mil doce, por la suscripción del título de crédito base de la acción, es la misma persona física que actualmente tiene dicho carácter, sin acreditarlo el actor, toda vez que si bien el demandado avalista al contestar la demanda manifestó que en el momento de la suscripción del pagaré era quien tenía facultades para obligar a la moral demandada, sin embargo, ello no autoriza a esta juzgadora, ni al actor a considerar o establecer que la persona que obligó a la moral, es la misma que actualmente la representa, también deviene infundado, en virtud de que el poder otorgado, en este caso a favor de JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ MENDOZA, como Administrador Único con facultades de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la moral demandada JANDASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., subsiste, salvo prueba en contrario, máxime que en el supuesto de haber sido revocado, dicho Administrador Único, estuvo en posibilidad de acreditarlo, de conformidad con el artículo 60 de la Ley del Notariado del Estado de Sonora, [.] Aunado a que, a pesar de lo manifestado por el recurrente en el recurso que se atiende, el demandado avalista en su escrito de contestación de demanda, al oponer la excepción DE NO SER EL DEMANDADO FÍSICO QUIEN SUSCRIBIÓ EL TÍTULO DE CRÉDITO COMO AVAL, marcada con el número 1, así como al ofrecer la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, marcada con el número 9, consistente en escritura pública número 12,260, textualmente asentó respectivamente, lo siguiente: [.] En consecuencia, y con base en las manifestaciones vertidas, se reitera lo infundado del agravio esgrimido, declarándose la firmeza del auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar. [.]" De lo anterior se evidencia la inoperancia de los argumentos vertidos por el solicitante del amparo, pues se limitó a manifestar que en la resolución combatida no se valoró la legalidad del emplazamiento que se le practicó y que a la moral demandada no se le emplazó por su conducto y que no existen en el procedimiento probanzas atinentes a demostrar que la diligencia de emplazamiento reúna los elementos necesarios para su validez formal, pues únicamente consta que fue entendida con el representante de la moral demandada debidamente identificado, a quien le fueron entregadas copias debidamente selladas y cotejadas. Sin embargo, con esos argumentos no controvierte frontalmente las consideraciones plasmadas por el tribunal responsable en la determinación reclamada, a saber: Que la circunstancia de que no obre en autos una diligencia de emplazamiento respecto a la moral demandada no es determinante para que no transcurra el término de ocho días para la contestación de la demanda, ya que de conformidad con la fracción II del artículo 178 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, dicho término inicia desde el día siguiente al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo al que haya tenido conocimiento de ello, por lo que los términos establecidos fueron debidamente respetados; en tanto que mediante escrito recibido por este juzgado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que compareció José Andrés Méndez Mendoza, en su carácter de aval emitiendo contestación a la demanda, con lo cual se cumple cabalmente con la finalidad de la notificación que es hacerlo sabedor de la demanda entablada en su contra en lo personal y como Administrador Único con facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral demandada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable; Que si el demandado avalista José Andrés Méndez Mendoza, al contar con el carácter de Administrador Único con facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral demandada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, tuvo pleno conocimiento de la demanda entablada en su contra tanto en lo personal como con el carácter de Representante de dicha moral; resultaba materialmente imposible que lo que sabe como persona física, lo ignore como Administrador Único de la citada empresa, pues no es legalmente admisible que como Administrador Único de la moral demandada no tenga conocimiento de la demanda incoada en contra de su representada y desconozca el acto que se reclama, si fue demandado como aval en el juicio de origen y tuvo conocimiento de dichos actos. Por ende, si el demandado avalista José Andrés Méndez Mendoza, tuvo pleno conocimiento tanto en lo personal como Administrador Único de la moral Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, de la demanda interpuesta en el presente juicio a partir del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que a partir de entonces estuvo en aptitud de dar contestación a la misma, pues no es lógico que ignore como administrador único lo que conoció en lo personal. Y que el poder otorgado a favor de José Andrés Méndez Mendoza, como Administrador Único con facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral demandada Jandasa Constructora, sociedad anónima de capital variable, subsiste salvo prueba en contrario; máxime que en el supuesto de haber sido revocado, dicho Administrador Único, estuvo en posibilidad de acreditarlo, de conformidad con el artículo 60 de la Ley del Notariado del Estado de Sonora. Como se dijo, si bien no es menester que la expresión de los conceptos de violación se realicen con determinada formalidad o solemnidad, sí resulta indispensable que se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, señalándose con claridad cuál es la lesión o agravio que estiman le causa la determinación impugnada, así como los motivos que lo originan, para que éstos puedan ser analizados en la sentencia. Por consiguiente, las consideraciones que se exponen no van dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad de los fundamentos y consideraciones precisadas. Resultan aplicables las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Decisión En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Andrés Méndez Mendoza, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos II y III, por las razones plasmadas en el considerando IV de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Se apersona moral tercera interesada. Agréguese a los autos el escrito firmado por Alberto José Corella Balderrama, mediante el cual se apersona a juicio en su carácter de endosatario en procuración de la moral tercera interesada COEL, sociedad anónima de capital variable, conforme a lo establecido en el numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional -pendiente emplazamiento tercera interesada-. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que aún no obra constancia de emplazamiento de la moral tercera interesada, COEL, sociedad anónima de capital variable, ordenada mediante acuerdo de veintiuno de los actuales. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con dos minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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