José Alfredo Valenzuela Espinoza
Expediente 1294/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Alfredo Valenzuela Espinoza
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documento. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que acuda a este órgano por la devolución de documentos originales; toda vez que estos no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por el presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Pruebas. Se le tienen por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancias probatorias remitidas por la autoridad junto con su informe justificado de cuenta, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, es necesario precisar el acto reclamado, lo que se realiza a continuación y conforme a la lectura integral de la demanda, se advierte que el impetrante reclama lo siguiente: 1) La omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 2088/2021, del índice de la Junta responsable. Acotado lo anterior, se tiene que de la constancia del juicio de origen que aportó al sumario la autoridad responsable, en lo que interesa mediante auto de veintisiete de octubre del año que transcurre, se advierte que se pronunció en cuanto a la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó a la quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del numeral 63, ambas de la Ley de Amparo Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la representación social de la adscripción; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). Visto lo de cuenta, se advierte que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señala para su celebración las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el doce de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa. No obstante, dicho fallo fue recurrido por la parte quejosa y el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se agregó el testimonio de la ejecutoria dictada por los magistrados del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, del cual se advierte que en sesión de siete de julio de este año, dicho órgano plenario revocó la sentencia que negó el amparo y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: ". para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar dicte otro en el que declare procedente el incidente de nulidad de notificaciones que interpuso la parte actora, y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda." III. Constancias exhibidas por la responsable. Mediante oficios TJA/IIP/1110/2022 y TJA/IIP/1109/2022 agregado al expediente en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el secretario de Acuerdos y Proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, informaron los trámites efectuados en relación con el cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copias certificadas de la resolución de cinco de septiembre que transcurre, con las que se acredita que dicho tribunal declaró nula la notificación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el representante legal de la parte actora, asimismo, que se comisionó al personal de ese tribunal para que realice la notificación personal a la parte actora de la resolución definitiva de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. IV. Vista cumplimiento. Con ese oficio y sus anexos, en el propio acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; igualmente, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues a través de los oficios mencionados con antelación, agregados a este sumario el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable acredito haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria, en los términos establecidos en la ejecutoria plenaria, ya que se acreditó que el tribunal responsable declaró nula la notificación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el representante legal de la parte actora, que fue en lo que consistió lo ordenado por el órgano colegiado. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Recepción de escrito. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por el síndico Procurador del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, personalidad que acredita con copia certificada de la constancia de Mayoría y Validez, expedida por el Instituto Estatal Electoral por conducto del Consejo Municipal Electoral de aquella localidad. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la autoridad municipal de referencia. De igual modo, se le tiene por revocado a los autorizados, domicilio y el correo electrónico, señalados con anterioridad, y por proporcionado el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito el promovente, para cuestiones no procesales. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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