José Andrés León Figueroa

Expediente 848/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
848/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • José Andrés León Figueroa y Otros.
  • José Andrés León Figueroa
  • Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables cuya residencia se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria el acuerdo de mérito dictada en autos, dado que no se le vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, glósese el oficio suscrito por el encargado de despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, mediante el cual en relación a lo solicitado por este Juzgado de Distrito en auto veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, remite constancias relacionadas con el acto reclamado. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de José Andrés León Figueroa, parte quejosa en este asunto, mediante el cual solicita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en virtud de que ya se le hizo entrega del Título de Propiedad número 000001004410, que ampara a la parcela 67 Z1 P2/3 del ejido de Chicxulub Puerto, Progreso, materia del acto reclamado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la negativa de dar respuesta a la solicitud 31170011565 de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, realizada por el quejoso, relativo a expedición del Título de Propiedad derivado de la adopción de dominio pleno de la parcela 67 Z-1 P2/3, ubicado en el ejido de Chicxulub Puerto, Municipio de Progreso, Yucatán. Ahora bien, de las manifestaciones que vierte el encargado de despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y el quejoso, en su oficio y escrito de cuenta, respectivamente, corroboradas con las constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, fue entregado al aquí quejoso el Título de Propiedad número 000001004410, que ampara la titularidad de la parcela número 67 Z-1 P2/3, ubicado en el ejido de Chicxulub Puerto, Municipio de Progreso, Yucatán, así como la cédula catastral con número de folio 112676; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    I. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, glósese el oficio suscrito por el encargado de despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, mediante el cual en relación a lo solicitado por este Juzgado de Distrito en auto veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, remite constancias relacionadas con el acto reclamado. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de José Andrés León Figueroa, parte quejosa en este asunto, mediante el cual solicita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en virtud de que ya se le hizo entrega del Título de Propiedad número 000001004410, que ampara a la parcela 67 Z1 P2/3 del ejido de Chicxulub Puerto, Progreso, materia del acto reclamado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la negativa de dar respuesta a la solicitud 31170011565 de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, realizada por el quejoso, relativo a expedición del Título de Propiedad derivado de la adopción de dominio pleno de la parcela 67 Z-1 P2/3, ubicado en el ejido de Chicxulub Puerto, Municipio de Progreso, Yucatán. Ahora bien, de las manifestaciones que vierte el encargado de despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y el quejoso, en su oficio y escrito de cuenta, respectivamente, corroboradas con las constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, fue entregado al aquí quejoso el Título de Propiedad número 000001004410, que ampara la titularidad de la parcela número 67 Z-1 P2/3, ubicado en el ejido de Chicxulub Puerto, Municipio de Progreso, Yucatán, así como la cédula catastral con número de folio 112676; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos lo oficios DGAJ/10244/2018 y DGAJ/1005/2018 remitidos por la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del propio órgano, promoviendo por el Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, del citado Registro Agrario Nacional, todos con residencia en Ciudad de México, mediante los cuales en relación al acto reclamado, remite copia certificada de constancias de las que se advierte que al trámite dado a la solicitud 31170011565 relativa a la adopción de dominio pleno de la parcela 67 del ejido de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, le recayó la calificación registral positiva de veinticinco de enero de dos mil dieciocho y que mediante oficio DGRCD/DP-383/18 se solicitó la clave de acceso al sistema informático, lo cual aconteció el veintisiete de septiembre del año próximo pasado, generándose el título de propiedad de origen parcelario correspondiente, que se encuentra en la etapa correspondiente a tareas de la Delegación Estatal de dicho Registro. Ahora bien, a fin de que este tribunal esté en aptitud de resolver con pleno conocimiento de causa el presente juicio de amparo y de evitar dilaciones procesales injustificadas, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire requiérase al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad de Mérida, para que en el término de tres días que al efecto se le concede, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias conducentes al título de propiedad de origen parcelario antes mencionado que fue generado en el sistema informático en términos del primero de los oficios de cuenta; con el apercibimiento que no atender este requerimiento, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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