José Andrés Chí Cob
Expediente 2551/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2551/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Andrés Chí Cob
Actuaciones
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con el que informa del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase el oficio de mérito y todas las constancias relativas al cumplimiento de la citada ejecutoria a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII. Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José Andrés Chi Cob contra el acto del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, la cual fue exhibida con ocho copias y doce anexos, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 2551/2021-VII. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, así como de las documentales exhibidas, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto que se reclama, consistente en la omisión de dar contestación a sus escritos de uno y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, recibidos en esas propias fechas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente transcrito, impone la obligación al Órgano Jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento el escrito de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Cabe precisar que, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. De modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En efecto de la demanda de amparo que se analiza y del anexo exhibido, se advierte que la parte quejosa reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y otras autoridades, la omisión de dar contestación a sus escritos recibidos el uno y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del citado dispositivo constitucional trascrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la impetrante ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta localidad, el día treinta de diciembre de dos mil veintiuno y en ella señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a sus escritos de uno y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, recibidos en esas propias fechas en la oficialía de partes de la responsable; por lo que es inconcuso, que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez, que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió los ocursos de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza (treinta de diciembre de dos mil veintiuno), han transcurrido únicamente veinte días y dos días hábiles, respectivamente, por lo que es evidente, que las autoridades responsables no han tenido el tiempo necesario para analizar los escritos cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Por tanto, este Juzgado Federal considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que las autoridades responsables analicen las solicitudes de la parte inconforme, de contestación a las mismas y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación de los escritos a las autoridades y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (veinte días y dos días hábiles, respectivamente), no puede considerarse suficiente para que materialmente éstas pueda dar contestación a dichas peticiones. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que las autoridades responsables analicen las solicitudes planteadas por la parte quejosa, de contestación a las mismas y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa si bien no es menester que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a su petición para que se considere transgredido el artículo 8° de la Constitución Federal; sin embargo, en la especie no puede estimarse que exista esa transgresión, pues la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, prevé la posibilidad de que el nombramiento de los escribanos públicos se realizará durante el mes de diciembre que corresponda; plazo que este órgano de control constitucional estima es el máximo para que la autoridad dé respuesta al escrito de la quejosa, al establecerse en un ordenamiento legal. Al respecto, se transcribe la disposición conducente de la citada Ley: ".CAPÍTULO XIII De los Escribanos Públicos Artículo 119.- Los escribanos públicos serán nombrados por el Poder Ejecutivo del Estado y durarán en el ejercicio de sus funciones seis años. Los escribanos públicos podrán ser ratificados en sus funciones al concluir su nombramiento, siempre y cuando acrediten haber participado en el esquema de actualización permanente a que se refiere el artículo 44 de esta Ley. Los nombramientos para escribanos públicos se realizarán durante el mes de diciembre del año que corresponda, y entrarán en funciones el día primero de enero del año siguiente a la designación. El Poder Ejecutivo del Estado, proveerá a los escribanos de identificación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de otorgamiento del nombramiento respectivo o de la fecha en que le sea solicitado." En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de cuenta y como autorizados de la parte quejosa a los que indica, en los términos amplios señalados en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se les permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades señaladas como responsables que tienen su residencia fuera de la de este juzgado, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos las boletas de acuse de recibo relativos a los oficios con los que se les solicitaron; en consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con veinticuatro minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, lo anterior tomando en cuenta la residencia de las referidas responsables. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 137/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguiente: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese.
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