José Álvaro y/o Álvaro Calderón Farias

Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1175/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • José Álvaro y/o Álvaro Calderón Farias
  • Guillermo Calderón Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURABLE. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 6. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1175/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente Municipal de Quiroga, Michoacán y de otras autoridades, al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama: La orden -escrita o verbal- girada por las autoridades responsables a efecto de privar a los quejosos de la posesión y usufructo del bien inmueble ubicado en la localidad de ********************, así como su ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI, y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que los actos reclamados se atribuyeron a autoridades residentes dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Existencia de la norma, acto u omisión reclamados. Las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario de Urbanismo y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Municipio de Quiroga, Michoacán, negaron la existencia de los actos reclamados, además de que los quejosos no aportaron prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados resultan inexistentes; por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la representante social, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO solicitado por ********************, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Bernardo Loya Valdovinos.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, se le tiene formulando alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las constancias solicitadas. 3. Diferimiento anticipado. Vista la certificación de cuenta, para dar margen a que transcurra el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado acordado en quince de noviembre del año en curso, la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós Visto lo de cuenta agréguense a los autos los escritos signados por ******************** autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se provee Se desecha prueba testimonial En atención al primero de los ocursos, se desecha la prueba testimonial que la parte quejosa pretende se desahogue en esta instancia constitucional, en virtud que de un análisis al interrogatorio propuesto al efecto, se advierte que el mismo se encuentra encaminado a probar hechos entre particulares, lo cual escapa a la litis objeto del presente asunto Entonces, si en el caso el acto reclamado lo hicieron consistir los quejosos en la orden escrita o verbal girada al C. Secretario de Urbanismo Municipal, así como al C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se les prive de la posesión y usufructo de los inmuebles que tienen concesionados por la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Michoacán, en el lugar conocido como ******************** del Municipio de ******************** Michoacán, así como su ejecución, es inconcuso que la prueba testimonial ofertada no es factible de ser admitida por resultar inconducente y no idónea dado que no va encaminada a demostrar la existencia de los actos reclamados Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez No ha lugar ampliación demanda En otro tenor, no ha lugar a tenerlo ampliando su demanda de amparo, en los términos que propone, en razón de que tal acto jurídico corresponde a los quejosos directos o a su representante legal. En el caso, el promovente tiene carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lo que, carece de atribuciones para presentar ampliación de demanda, a nombre de los quejosos. Dicho numeral determina que la parte quejosa o el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, pues, si bien, les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa de la quejosa o del tercero interesado, no obstante, dicha autorización surte efecto una vez que la demanda de amparo se haya promovido. Esto es, el autorizado no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las reglas que rigen el juicio constitucional, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Ello es así, pues previamente a la realización de actos por parte del autorizado, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. Lo anterior, tiene sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2011 de derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010, de voz y texto siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

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