José Alonso González Pérez

Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
415/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Jueza Cuarta Oral Familiar en Morelia, Michoacán
  • José Alonso González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vinculación expediente. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita se ponga disponible el expediente en que se actúa, para el efecto de que pueda vincularlo con el juicio 1036/2023, de su índice. Consecuentemente, comisiónese al "Oficial Judicial A", adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el citado; lo anterior hágasele de su conocimiento mediante oficio que al efecto se libre. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 4. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibida de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

  3. Incidental

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. 1. Ratifica. Vista el acta de ratificación se tiene a la quejosa Lilia González Pérez, representante común de los quejosos, ratificando el escrito de cumplimiento de prevención con folio 5698, ordenada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por lo que se provee lo conducente: En atención al escrito de cumplimiento, signado por la quejosa en cita, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: ( El auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 600/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual se omitió nombrar tutor interino a la presunta incapaz Eloísa Pérez al existir oposición, hasta en tanto transcurra el término concedido a Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, para contestar la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. 3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 600/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual se omitió nombrar tutor interino a la presunta incapaz Eloísa Pérez al existir oposición, hasta en tanto transcurra el término concedido a Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, para contestar la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando la parte peticionaria de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia lo único que genera es que se aplace el dictado de una determinación por medio de la cual se designe un tutor interino a la presunta incapaz, hasta en tanto transcurra un plazo que la autoridad responsable otorgó en autos para que Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, contesten la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. En esa tesitura, el acto reclamado en esta instancia constitucional no es de los que causen una afectación de imposible reparación, máxime que éste no culmina el juicio subyacente. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Resulta aplicable a lo expuesto, en lo conducente, el criterio de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos". 3.1. Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. 1. Ratifica. Vista el acta de ratificación se tiene a la quejosa Lilia González Pérez, representante común de los quejosos, ratificando el escrito de cumplimiento de prevención con folio 5698, ordenada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por lo que se provee lo conducente: En atención al escrito de cumplimiento, signado por la quejosa en cita, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: ( El auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 600/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual se omitió nombrar tutor interino a la presunta incapaz Eloísa Pérez al existir oposición, hasta en tanto transcurra el término concedido a Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, para contestar la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. 3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 600/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual se omitió nombrar tutor interino a la presunta incapaz Eloísa Pérez al existir oposición, hasta en tanto transcurra el término concedido a Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, para contestar la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando la parte peticionaria de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia lo único que genera es que se aplace el dictado de una determinación por medio de la cual se designe un tutor interino a la presunta incapaz, hasta en tanto transcurra un plazo que la autoridad responsable otorgó en autos para que Fernando, Raúl y Rosa, todos de apellidos Gónzalez Pérez, contesten la vista ordenada en el proveído de data trece de marzo del año en curso. En esa tesitura, el acto reclamado en esta instancia constitucional no es de los que causen una afectación de imposible reparación, máxime que éste no culmina el juicio subyacente. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Resulta aplicable a lo expuesto, en lo conducente, el criterio de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos". 3.1. Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

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