José Álvarez López

Expediente 113/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
113/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • José Álvarez López
  • H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California. Mexicali, Baja California.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada. Por tanto, y toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, se obtiene que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la justicia, es susceptible de depuración en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que haya realizado manifestación alguna, por consiguiente con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, cumplió con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. En ese sentido, por sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, mediante ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 419/2021, sentencia en la que este órgano jurisdiccional, resolvió: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Álvarez López, por los actos y respecto de las autoridades precisadas en considerando segundo, y en términos de lo establecido en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Álvarez López, contra el Decreto 31 que prevé el otorgamiento de estímulos fiscales en contribuciones municipales para el municipio de Tijuana, Baja California, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como los artículos 4 y 5 Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal del dos mil veinte, por las razones enunciadas en los puntos 1 a 3 del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Álvarez López, contra los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal del dos mil veinte y las tablas de valores catastrales unitarios para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, inmersa en el Decreto 201 publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por las razones expuestas en los puntos 4 y 5 del considerando sexto, y para los efectos indicados en el séptimo considerativo de esta sentencia. Cuarto. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando." En esa tesitura, la sentencia en comento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el siguiente efecto: "[.] Séptimo. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. En términos de los dispuesto por el numeral 74 fracción V, en relación con el precepto 77 fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, actúe de la siguiente forma: 1.- No deberá aplicar en lo presente ni en lo futuro al peticionario el contenido de los artículos 9º, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal del dos mil veinte. En consecuencia, la autoridad que recaudó los impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, y para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos, contenidas en el recibo de pago de impuesto predial relativo al inmueble con la clave catastral RG-030-001, a nombre del quejoso, enterado el dieciséis de enero de dos mil veinte. 2.- En los términos del considerando anterior, no aplicar en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa las tablas de valores catastrales unitarios para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, inmersa en el Decreto 201 publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que se refiere el artículo primero del Decreto 31 para el otorgamiento de estímulos fiscales en contribuciones municipales para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Por virtud de lo anterior, la autoridad recaudadora deberá recalcular el monto por impuesto predial aplicando el importe mínimo, que es el previsto en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el año de dos mil veinte, que dispone que el importe que se debe pagar es el de tres veces la unidad de medida y actualización UMA) vigente. Asimismo, sobre el resultado del monto por concepto de Impuesto Predial y con exclusión de los Impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, y para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, recalcular los restantes conceptos derivados, lo cual dará como resultado la cantidad neta que tendrá que enterar la parte quejosa y con base en tal monto determinar la diferencia a devolver como pago en exceso, lo cual se deberá restituir en una sola exhibición. Ello es así, pues el Alto Tribunal no ha declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto predial por vicios en alguno de los elementos del tributo, sino únicamente determinó que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, es decir, la incertidumbre en una de las variantes de los elementos del tributo, con lo cual consideró que la inconstitucionalidad de referencia no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida una posterior aplicación, a condición de que se le brinde igual trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros, lo que sí no puede traer la exención, sino únicamente ubicarlos en la carga impositiva básica del impuesto de referencia, de ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en ese pago. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO).El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." 3.- La autoridad recaudadora deberá devolver, debidamente actualizadas las cantidades cuya devolución se ha ordenado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, materia Constitucional y Común, página diecinueve, con registro 192846, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PREENTE Y FUTURA. El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo se protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atendería contra la naturaleza y finalidad de amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplictiva si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Al igual que la jurisprudencia 2 a./J 137/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 526, registro 163321, cuyos rubro y texto dicen: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución" [.] (Énfasis añadido) Por lo que en cumplimiento a dicho fallo, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil veintidós, la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, remitió el desglose pormenorizado en relación con las "operaciones aritméticas", para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura; respecto de la clave catastral RG-030-001. Luego, previos los requerimientos respectivos realizados por este órgano jurisdiccional, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de julio de la presente anualidad, la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual remitió las documentales consistentes en: Copia certificada del cheque número 227549, de fecha uno de junio de este año, valioso por la cantidad de $57,544.00 (cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional); y, Copia certificada de la constancia de entrega del título de crédito referido en el punto anterior; a Héctor Reginaldo Riveros Moreno, apoderado legal del quejoso José Álvarez López. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, a saber, los artículos 9°, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal del dos mil veinte. Lo anterior, a través del desglose pormenorizado en relación con las "operaciones aritméticas", para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, con motivo del pago de impuesto predial relativo al inmueble con clave catastral RG-030-001. Expidiéndose para tal efecto la póliza que ampara el cheque número 227549, de fecha uno de junio de este año, valioso por la cantidad de $57,544.00 (cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional) a nombre del aquí quejoso José Álvarez López, la cual fue recibido por el apoderado legal del antes mencionado como se advierte del acuse de recibió que remitió la autoridad responsable mediante oficio presentado el diecinueve de julio del año en curso. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de las constancias relativas al acato del fallo protector, dese vista al quejoso por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual se le tiene realizando manifestaciones en cuanto a la falta de cumplimiento por parte de la autoridad responsable; respecto al fallo protector decretado en autos. Por consiguiente; en atención a sus manifestaciones, remítase copia simple de la promoción que se recibe a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Tijuana, para su conocimiento y a efecto de en el plazo de tres días, se sirva señalar fecha y hora cierta en la que pueda acudir la parte quejosa a la recepción del título de crédito emitido a su favor, en acatamiento a la sentencia de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo referido; se le harán efectivos los apercibimientos de multa realizado en proveído de veintiocho de junio pasado. Notifíquese.

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