José Alfredo Rivera Cabrales

Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
190/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • José Alfredo Rivera Cabrales

Actuaciones

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las diez horas con cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en audiencia pública Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Encargado del Despacho, por vacaciones de la Titular, conforme al oficio número CR./CJD./002/7219/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Estefanía Brito Ortiz, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental en el artículo 144, de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia incidental: la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito de demanda y anexos (fojas 1 a 337); auto donde se niega la suspensión provisional de veinte de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 338 a 343). El Secretario Encargado del Despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias de autos. En este acto, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, con el estado procesal de los autos haciéndose constar que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas a que refiere el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, a la Coordinación Estatal de Protección Civil, en esta ciudad y Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que rindan su informe previo, y con los oficios registrados con los números de correspondencia 1769, 1770, 1771, 1773, 1777, 1778, 1781, 1785, 1786 y 1797, a través de los cuales las autoridades responsables que se relacionan a continuación rinden su informe previo: Orden Autoridad Responsable Sentido 1 Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 2 Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Niega 3 Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Niega 4 Directora de Protección al Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 5 Director de Protección Civil del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 6 Secretario General de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 7 Director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 8 Director de Bomberos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California niega 9 Secretaría de la Defensa Nacional, ciudad niega 10 Comandante de la Segunda Zona Militar, ciudad niega El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, fueron notificadas las autoridades responsables Coordinación Estatal de Protección Civil, en esta ciudad y Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del proveído de veinte de diciembre del presente año; por tanto, se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas a que refiere el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo para que rindan su informe previo. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia incidental que tendría verificativo este día únicamente respecto a las autoridades mencionadas y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil veinte. Agréguese en autos los oficios de cuenta, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo se tienen por rendidos los informes previos que les fueron requeridos a las autoridades responsables relacionadas con anterioridad. Asimismo, de conformidad con el artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta al Secretario Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 119, 143 y 144, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de cuenta que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se cierra este período. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la manifestación que antecede, asimismo, por precluido el derecho de las partes para hacerlo, con lo que cierra el periodo. Por último, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a declarar v i s t o s los autos para dictar resolución dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 190/2019-F, promovido por José Alfredo Rivera Cabrales, contra actos de la Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. En auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran el informe previo, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 36, 114, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados a las autoridades responsables respecto de los cuales se resolverá la suspensión definitiva, tomando en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en: Que no se ejecute orden alguna de suspensión, o clausura temporal o definitiva de actividades y cualquier otra tendiente al cierre temporal o definitivo de las negociaciones que explotan el nombre comercial de "Megacohetes" de su propiedad que a continuación se enuncian y que se encuentran actualmente operando con normalidad para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos: Calzada Tecnológico número 13516, Colonia Tomás Aquino, de esta ciudad, identificado como módulo J; CI Tijuana-Ensenada número 1032, La Joya, Tijuana, Baja California, identificado como módulo K; Boulevard Díaz Ordaz número 13251, Fraccionamiento La Mesa, Tijuana, Baja California, identificado como módulo A; Carretera Libre Tijuana-Tecate número 26189-203-C, Colonia Rancho El Refugio, Tijuana, Baja California, identificado como módulo G; Avenida General Ángel Flores número 958, Soler, Tijuana, Baja California, identificado como módulo H; Boulevard del Refugio 24261 0 Colonia El Florido 1ra. y 2da. Sección, Tijuana, Baja California, identificado como módulo I; Avenida Begonia número 21360, Jardín Dorado, Tijuana, Baja California, identificado como módulo E; Avenida Leopoldo Verdugo Quiroz número 23004, El Pípila, Tijuana, Baja California, identificado como módulo F; Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 15503, Colonia Ramos Residencial, Tijuana, Baja California, identificado como módulo D; Boulevard El Rosario número 7402, Colonia Valparaíso residencia, Tijuana, Baja California, identificado como módulo B; Avenida Venecia 3708 Villa Fontana 6ta. Sección, Tijuana, Baja California, identificado como módulo B. En ese orden, sólo se resolverá respecto a lo anterior, en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y ocho, del tomo XVIII de diciembre de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En ese orden de ideas, no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Director General de Policía y Tránsito Municipal, Presidente Municipal, Directora de Protección al Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Director de Protección Civil, Secretario General de Gobierno, Director de Inspección y Verificación y Director de Bomberos, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como, Secretaría de la Defensa Nacional y Comandante de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California. Lo anterior es así, toda vez que al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia del acto que se le reclama. Sin que la parte quejosa hubiera ofrecido algún medio de convicción que permita demostrar la existencia del acto reclamado; de conformidad con el artículo 131, de la Ley de Amparo, la quejosa no demostró el daño inminente o irreparable a su pretensión en caso de no concederse la medida cautelar que solicita, lo que se corrobora con el hecho de que no se recibió en este órgano jurisdiccional ningún medio de prueba por parte de la quejosa, que desvirtúe tales negativas. Por lo tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA únicamente respecto de la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Director General de Policía y Tránsito Municipal, Presidente Municipal, Directora de Protección al Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Director de Protección Civil, Secretario General de Gobierno, Director de Inspección y Verificación y Director de Bomberos, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como, Secretaría de la Defensa Nacional y Comandante de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California, por falta de materia en que decretarla, con apoyo en la jurisprudencia número mil ciento veintiocho, consultable en la página setecientos setenta y siete, del tomo VI, Materia Común del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con los rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". También es aplicable la tesis publicada en la página trescientos cincuenta y seis de la Octava Época, Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Así como la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, Octava Época, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Dirección de Inspección y Verificación y Jefe de la Dirección de Inspección y Verificación, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, fueron omisas en rendir los informes previos, no obstante encontrarse debidamente notificadas del proveído a través del cual les fue solicitado; en consecuencia, en términos del artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se les reclaman. Quinto. Análisis del otorgamiento de la suspensión definitiva. De la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que procede conceder la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo indirecto, cuando lo solicite el quejoso; y los daños que se puedan ocasionar al agraviado con la ejecución del acto sea de difícil reparación, siempre y cuando con la suspensión no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual el Juzgador está facultado para realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado se trata de un acto de realización futura e incierta, es decir que eventualmente podría existir, pero no es inminente su realización, es improcedente conceder la medida suspensional solicitada al no acreditarse la inminencia y urgencia de la misma. Por lo que, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, pues el acto que reclama sólo compone una presunción, lo que constituye un acto futuro, de realización incierta y no inminente, que no le causa un perjuicio de difícil reparación. En apoyo a lo expuesto se citan los siguientes criterios jurisprudenciales: "INMINENCIA EN LA AFECTACIÓN. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De la interpretación del artículo 130 de la Ley de Amparo, se desprende que la suspensión provisional del acto reclamado es una orden judicial potestativa y unilateral que dicta el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda y solicitud de suspensión, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación apriorística, precisamente nacida de la urgencia; pero cuando no existe el apremio, debe negarse la suspensión provisional y resolverse lo procedente en la audiencia incidental relativa a la suspensión definitiva, en la que las partes podrán ofrecer pruebas para demostrar la afectación o no al interés social o a disposiciones de orden público." (Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, consultable en la página 1274, del Tomo XV, Abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época)" "ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión." (Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 197, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época)" Resulta aplicable también a lo anterior la tesis VI. 2º, C595 C, visible en la página 2309, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR UN MUNICIPIO ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO, AUN INDICIARIAMENTE, SI EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA UNA ORDEN DICTADA POR UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEL ORDEN CIVIL QUE IMPIDE LA EJECUCIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 1o. a 5o. y único transitorio de la Ley de Construcciones para el Estado de Puebla, así como de los diversos 1o. a 8o., 10o., 12o. y 14o. a 18o. de su reglamento, se advierte que en los Municipios que conforman dicha entidad federativa, únicamente con la licencia respectiva pueden ejecutarse obras materiales en la vía pública, terrenos o edificios, la cual confiere a su titular el permiso de la autoridad municipal para ejecutarlas. Sin embargo, dicha autorización no constituye un derecho a edificar, tutelado por la ley civil o mercantil, ni confiere un derecho oponible a cualquier persona para llevar a cabo una construcción, sino que se trata de un acto de la administración pública municipal que permite al particular ejecutar una obra bajo determinados lineamientos, el cual es correlativo a las facultades legales de la autoridad que lo expidió. Por ende, dicha autorización sólo es exigible y oponible ante la propia autoridad municipal, en tanto que la relación jurídica surge entre ésta y el particular a quien se le concedió, pero no obliga ni constriñe a terceras personas, tal y como lo dispone el artículo 18o. del reglamento invocado. De ahí que la licencia de construcción otorgada por un Municipio del Estado de Puebla es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el incidente de suspensión, aun indiciariamente, ya que si bien su titular cuenta con un permiso otorgado por el Municipio, lo cierto es que éste no otorga un derecho proveniente de alguna figura jurídica prevista por la legislación en esas materias. Por tanto, si lo que se reclama en el juicio de amparo es una orden dictada por una autoridad jurisdiccional del orden civil, que impide la ejecución de una construcción y el permiso para edificar, por sí solo no confiere a su titular un derecho exigible frente a terceros ni es apto para hacerse valer ante autoridades judiciales, es inconcuso que a través de dicha autorización no es factible acreditar, ni siquiera presuntivamente, el interés suspensional, entendido como un derecho jurídicamente protegido por los ordenamientos legales civiles o mercantiles." Aunado a ello, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de amparo, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la parte quejosa. Por tanto se tiene que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados; el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no acredita la afectación personal y directa en su esfera jurídica, pues de las documentales que acompañó a su escrito de demanda, sólo se desprende que solicitó opinión técnica por parte del Ayuntamiento de Tijuana, respecto de las once localidades identificadas como módulos A, B, C, D, E F, G, H, I, J y K, mismas que fueron relacionadas en párrafos que anteceden, y de las cuales la citada autoridad emitió tal opinión a efecto de que se le autorice en caso de ser procedente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, permiso para la compra-venta de artificios pirotécnicos en la clasificación de uso recreativo, en su modalidad de juguetería pirotécnica. Sin embargo, ello solo constata el inicio de los trámites correspondientes a fin de obtener el permiso, y no su otorgamiento propiamente dicho. Entonces, toda vez que el impetrante no exhibió permiso, autorización o concesión vigente otorgada por las autoridades competentes para explotar en todo caso tales actividades, se insiste, no es dable otorgarle la suspensión definitiva que solicita, pues de concederse la medida con tales alcances, se le constituirían derechos proscritos por el artículo 131, de la Ley de Amparo. Sexto. Diferimiento de audiencia incidental. En razón de que se advierte que aún no obra en el expediente los informes previos solicitados al Coordinación Estatal de Protección Civil, en esta ciudad y Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas a que refiere el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo para que rindan su informe previo. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las diez horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Alfredo Rivera Cabrales, contra actos de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Director General de Policía y Tránsito Municipal, Presidente Municipal, Directora de Protección al Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Director de Protección Civil, Secretario General de Gobierno, Director de Inspección y Verificación y Director de Bomberos, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como, Secretaría de la Defensa Nacional y Comandante de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California, Dirección de Inspección y Verificación y Jefe de la Dirección de Inspección y Verificación, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en los términos precisados en el segundo, tercero y quinto considerando de esta resolución. Segundo. Se fijan las diez horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para resolver en definitiva el presente incidente de suspensión respecto de las autoridades señaladas en el sexto considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta que firma el Jefe de Estado Mayor de la Segunda Zona Militar, con sede en esta ciudad, a través de los cuales rinde informe justificado respecto de las autoridades responsables Secretaría de la Defensa Nacional en Tijuana, Baja California y Comandante de la Segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta ciudad; dese vista a las partes con el contenido de dichos informes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve José Alfredo Rivera Cabrales, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad; y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 5, 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 190/2019-F. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en los términos planteados. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Incidente de suspensión Fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con diez minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Informes justificados Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitir fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlos, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, es decir, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Pruebas Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas documentales que anexa la parte quejosa al escrito inicial de demanda y que quedaron relacionadas en la certificación respectiva, al no requerir forma especial para el desahogo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Realícese el cotejo respectivo para que se agreguen al incidente de suspensión; lo anterior conforme a lo establecido en la jurisprudencia 71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Domicilio y autorizados En otro aspecto, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Epifanio Meléndez Sosa, Christian Acuña Espinoza y Jaime, en virtud de que sus cédulas se encuentran registradas en la base de datos instaurada en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese, y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado en esta fecha dentro del juicio de amparo número 190/2019-F, promovido por José Alfredo Rivera Cabrales, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 127, 128, 131, 136, 138, 140, 148, y demás aplicables de la Ley de Amparo; fórmese cuaderno de suspensión, por duplicado; pídase a las autoridades responsables su informe previo respectivo, a efecto de que manifiesten categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados, quienes deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. En el entendido, que la falta de la rendición de los informes hará presumir cierto el acto reclamado, de conformidad con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y se impondrá a las autoridades responsables una multa de de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, equivalente a cien unidades de medida y actualización, misma que en el año dos mil diecinueve, asciende cada una a la cantidad diaria de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 238, en relación con el precepto 260 fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental Se señalan las diez horas con cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Otorgamiento de la suspensión provisional De la interpretación conjunta de los preceptos en cita y en relación con lo que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se advierte que procede conceder la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo indirecto, cuando lo solicite el quejoso; y los daños que se puedan ocasionar al agraviado con la ejecución del acto sea de difícil reparación, siempre y cuando con la suspensión no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual el Juzgador está facultado para realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por su parte, el promovente solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: Que no se ejecute orden alguna de suspensión, o clausura temporal o definitiva de actividades y cualquier otra tendiente al cierre temporal o definitivo de las negociaciones que explotan el nombre comercial de "Megacohetes" de su propiedad que a continuación se enuncian y que se encuentran actualmente operando con normalidad para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos: Calzada Tecnológico número 13516, Colonia Tomás Aquino, de esta ciudad, identificado como módulo J; CI Tijuana-Ensenada número 1032, La Joya, Tijuana, Baja California, identificado como módulo K; Boulevard Díaz Ordaz número 13251, Fraccionamiento La Mesa, Tijuana, Baja California, identificado como módulo A; Carretera Libre Tijuana-Tecate número 26189-203-C, Colonia Rancho El Refugio, Tijuana, Baja California, identificado como módulo G; Avenida General Ángel Flores número 958, Soler, Tijuana, Baja California, identificado como módulo H; Boulevard del Refugio 24261 0 Colonia El Florido 1ra. y 2da. Sección, Tijuana, Baja California, identificado como módulo I; Avenida Begonia número 21360, Jardín Dorado, Tijuana, Baja California, identificado como módulo E; Avenida Leopoldo Verdugo Quiroz número 23004, El Pípila, Tijuana, Baja California, identificado como módulo F; Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 15503, Colonia Ramos Residencial, Tijuana, Baja California, identificado como módulo D; Boulevard El Rosario número 7402, Colonia Valparaíso residencia, Tijuana, Baja California, identificado como módulo B; Avenida Venecia 3708 Villa Fontana 6ta. Sección, Tijuana, Baja California, identificado como módulo B. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado se trata de un acto de realización futura e incierta, es decir que eventualmente podría existir, pero no es inminente su realización, es improcedente conceder la medida suspensional solicitada al no acreditarse la inminencia y urgencia de la misma. Por lo que, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, pues el acto que reclama sólo compone una presunción, lo que constituye un acto futuro, de realización incierta y no inminente, que no le causa un perjuicio de difícil reparación. Aunado a ello, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de amparo, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la parte quejosa. Por tanto se tiene que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados; el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no acredita la afectación personal y directa en su esfera jurídica, pues de las documentales que acompañó a su escrito de demanda, sólo se desprende que solicitó opinión técnica por parte del Ayuntamiento de Tijuana, respecto de las once localidades identificadas como módulos A, B, C, D, E F, G, H, I, J y K, mismas que fueron relacionadas en párrafos que anteceden, y de las cuales la citada autoridad emitió tal opinión a efecto de que se le autorice en caso de ser procedente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, permiso para la compra-venta de artificios pirotécnicos en la clasificación de uso recreativo, en su modalidad de juguetería pirotécnica. Sin embargo, ello solo constata el inició los trámites correspondientes a fin de obtener el permiso, y no su otorgamiento propiamente dicho. Entonces, toda vez que el impetrante no exhibió permiso, autorización o concesión vigente otorgada por las autoridades competentes para explotar en todo caso tales actividades, por lo que se insiste, no es dable otorgarle la suspensión provisional que solicita, pues de concederse la medida con tales alcances, se le constituirían derechos proscritos por el artículo 131 de la Ley de Amparo. En el entendido, que la presente determinación podrá modificarse si la quejosa hace del conocimiento de este Juzgado un hecho superviniente que lo motive; lo anterior, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 143 y 144 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas las documentales que se exhiben en el escrito de demanda, sin que sea obstáculo hacer relación de ellas en la audiencia incidental. Domicilio y autorizados En otro aspecto, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Epifanio Meléndez Sosa, Christian Acuña Espinoza y Jaime, en virtud de que sus cédulas se encuentran registradas en la base de datos instaurada en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el último párrafo, del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el efecto de que se realicen las diligencias correspondientes. Expediente electrónico Por último, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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