Jose Alonso Heredia Irazoqui
Expediente 432/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Alonso Heredia Irazoqui
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el remite las copias que le fueron solicitadas en acuerdo de veinticuatro de agosto del presente año; agréguese a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda. Impuesto de las constancias que se allegan, se puede concluir que, administrativamente este órgano judicial resulta incompetente para seguir conociendo de este asunto, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, hay que destacar que, de las copias que allegó el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, se advierte que el propio promovente José Alonso Heredia Irazoqui, con anterioridad presentó diversa demanda de amparo, la cual se radicó ante el citado órgano jurisdiccional con el número de expediente 159/2018-3B, donde reclamó de manera esencial, la falta y nula contestación a su escrito de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y posterior recordatorio de quince de febrero del mismo año, donde solicitó a las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Procurador, Secretario y H. Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, donde solicitó se le otorgue la correspondiente jubilación y se valore el otorgamiento del ascenso de grado inmediato entes de ser jubilado; juicio de amparo que, en sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, a fin de que se le diera respuesta; por tanto, una vez firme esa sentencia, en cumplimiento al amparo otorgado, mediante oficio número 553/05/2018, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, en representación de las autoridades responsables, informó que dictaminó que es legalmente procedente otorgar el beneficio de la jubilación y/o pensión por retiro por años de servicio a José Alonso Heredia Irazoqui, asimismo, se le precisó que el otorgamiento de grado inmediato superior, era facultad discrecional del Ayuntamiento de Ahome, por lo que dicha petición debería ser valorada en sesión de cabildo. Antecedentes estos, que están sumamente relacionados con la nueva demanda de amparo que dio origen al juicio que hoy se atiende, donde el quejoso de mérito, en atención a la respuesta dada en aquel juicio de amparo mediante el citado oficio número 553/05/2018, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en aquel juicio de amparo, mediante escritos recibidos el veintidós de junio del año en curso, ante las mismas autoridades responsables, solicitó se le otorgue el ascenso inmediato superior como agente de policía, asimismo, una vez ello, se le otorgue la pensión por retiro anticipado. No obstante ello, el trece de agosto de dos mil dieciocho, se turnó la demanda motivo de este expediente a este Juzgado, cuando el artículo 45, Fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo del dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales; pues al efecto indica que los asuntos que están relacionados sean enviados al juez que haya conocido del antecedente; por ende, la demanda motivo de este juicio debe enviarse al Juzgado Séptimo de Distrito en comento. En efecto, en el mencionado juicio de amparo 159/2018-3B, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en esta ciudad, se reclamaron de manera esencial, como se dijo, la falta y nula contestación a su escrito de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y posterior recordatorio de quince de febrero del mismo año, donde solicitó a las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Procurador, Secretario y H. Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, donde solicitó se le otorgue la correspondiente jubilación y se valore el otorgamiento del ascenso de grado inmediato entes de ser jubilado; asimismo, la falta de respuesta a su escrito recibido ante las mismas responsables el veintidós de junio del presente año, que dio origen a este nuevo juicio de amparo, donde solicitó se le otorgue el ascenso inmediato superior como agente de policía, y, una vez ello, se le otorgue la pensión por retiro anticipado, fue con motivo de la respuesta dada mediante el citado oficio número 553/05/2018, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente 159/2018-3B. Por tal motivo, con apoyo en el artículo 46 Fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede, penúltimo y último párrafo de la Fracción XIII del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del catorce de marzo del dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar que establece la disposiciones en materia administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, envíese este asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, pues a criterio del suscrito dicho Órgano Jurisdiccional debe conocer de este juicio, por actualizarse la figura de conocimiento previo de un asunto relacionado o estrechamente vinculado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito del quejoso José Alonso Heredia Irazoqui, mediante el cual da cabal cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, se provee sobre el escrito de demanda motivo de este expediente: con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y demás relativos de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por José Alonso Heredia Irazoqui, contra actos del Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 432/2018-2; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, por fax al número 01 668 8 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la ley de la materia se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por otra parte, considerando el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, existe el juicio de amparo 159/2018-3C, relacionado con el presente juicio, por tanto solicítesele al Juez Federal señalado precedentemente, para que de no tener inconveniente informe el estado procesal del mencionados juicios y remita a este Juzgado copias certificadas de la papeleta, de la demanda, de la admisión de la misma y, en su caso si ya se encuentra resulto con sentencia ejecutoriada, de la sentencia, de los oficios con los cuales las autoridades responsables hayan comunicado el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para estar en condiciones de resolver el presente juicio. Finalmente, la parte quejosa refiere que atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 93, 94, 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicita que se le autorice para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio; asimismo, que para los efectos de lo previsto en el artículo 94 del citado acuerdo, manifiesta que el nombre de usuario con el que ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: lic.eliudmoreno. Por tanto, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa Jesús Eliud Moreno Valenzuela, con usuario "lic.eliudmoreno", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ ALONSO HEREDIA IRAZOQUI, EL AUTO DE CATOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICATADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por José Alonso Heredia Irazoqui, contra actos del Presidente del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 432/2018-2. Pues bien, del análisis de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso reclama dos actos distintos, a saber: 1. La omisión de dar contestación o respuesta al escrito formulado y recibido el veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó a éstas de manera formal, pacífica y respetuosa que se le otorgue su pensión por retiro anticipado (jubilación) y grado inmediato superior; y 2. La omisión de resolver la solicitud de jubilación anticipada que expusiera procedente el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, al Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, mediante el dictamen de jubilación por años de servicios con folio número 553/05/2018 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Pues bien, en todo juicio rigen los principios de continencia de la causa y unidad del acto, con base en los cuales al analizar el acto reclamado en la sentencia debe ser estudiado en su integridad y unidad; por lo que, en el supuesto de que se reclamen actos cuyo análisis sea desvinculado debe proceder la separación de juicios. El principio de continencia de la causa y unidad del acto atiende a la naturaleza de éste, si se trata de actos positivos, la unidad o interrelación entre ellos o, bien, si se trata de actos omisivos, las circunstancias de cada omisión y si se trata de omisiones diversas, no es técnico analizarlo en una sentencia. Por tal motivo, atendiendo al principio de continencia de la causa y unidad del acto, en términos de los artículos 110, 112 y 114, fracciones I, IV y párrafo penúltimo, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente a efecto de que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: 1. Aclare el acto reclamado, pues de la demanda de amparo se desprenden dos actos omisivos y no se advierte su unidad o interrelación. En efecto, por una parte reclama La omisión de dar contestación o respuesta al escrito formulado y recibido el veintidós de junio de dos mil dieciocho, y por otro, la omisión de resolver la solicitud de jubilación anticipada que expusiera procedente el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, al Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome. En este sentido, parecería ser que se trata de dos omisiones distintas cuyo estudio se encuentra desvinculado uno del otro. 2. Que indique si presentó una solicitud para cada uno de los aspectos reclamados o, en su caso, para cuál de los dos. 3. Que precise la fecha en que presentó las solicitudes. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 538 del Tomo XIV Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, del siguiente contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados.". En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención realizada en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Jesús González Ortega, número 1814, en el Residencial Paseo Alameda, de esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de Amparo, a los licenciados Ricardo Salazar Ornelas y Jesús Eliud Moreno Valenzuela y como sus autorizados únicamente para oírlas y recibirlas e imponerse de autos a los licenciados Verónica Micaela Sauceda Chacón, Eliver Alí Moreno Sauceda, Miguel Ángel Valdés Ramírez, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de registro de cédulas de abogados que para tal efecto se lleva en este tribunal.
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