Jose Alonso Heredia Irazoqui

Expediente 477/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
477/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Jose Alonso Heredia Irazoqui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Pues bien, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo. En ese contexto, regístrese en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta suscrito por el autorizado del quejoso José Alonso Heredia Irazoqui, por medio del cual solicita se le otorgue a su representado la oportunidad de ampliar la demanda de amparo respecto de un nuevo acto reclamado; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud del promovente, en razón de que la sentencia constitucional fue dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y aunado a ello, la premisa bajo la cual se determinó el sobreseimiento fue la de inexistencia, por existir un proveído en el que la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer del procedimiento administrativo, de ahí que, la pretensión del promovente de ampliar la demanda sería contra un acto en el que la responsable declaró su incompetencia; pues bien, contra dicho proveído resulta improcedente el juicio de amparo; dado que tratándose del presupuesto procesal de competencia el amparo indirecto procede siempre y cuando los actos sean definitivos, entendiéndose por estos, aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia la aceptara (en caso de la incompetencia por declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el caso de incompetencia por inhibitoria y en la especie, el acto susceptible de ampliación no es ninguno de estos supuestos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2015, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo.".

  3. Principal

    Único. Se sobresee el presente juicio promovido por el quejoso José Alonso Heredia Irazoqui, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la responsable mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se tienen por exhibidas las documentales allegadas con el informe justificado de referencia, en términos del numeral 119 de la Ley de la Materia, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. Entretanto, a fin de que las partes se impongan del contenido de las documentales en comento, la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se transfiere para que tenga verificativo a las once horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

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