José Alfredo Toto Pucheta

Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1124/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Toto Pucheta

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el Oficio 33214/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Córdoba, informa que aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En tales condiciones, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, se reservó proveer respecto de la notificación realizada al quejoso José Alfredo Toto Pucheta mediante la cual no ratificó la demanda promovida a su favor, hasta en tanto se tuviera conocimiento si se aceptaba la competencia planteada en este asunto, lo que ya aconteció como se desprenden el párrafo anterior. Por tanto, se ordena remitir dicha constancia al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Córdoba para los efectos legales a que haya lugar. En esa medida, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 10, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 20, fracción I, inciso j) del citado acuerdo, pues se trata de un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes derivado de una incompetencia). En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a la parte promovente y por oficio al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Córdoba.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 24945/2022, recibido vía interconexión y signado electrónicamente por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 543/2022-II, orden 944/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno relativo, sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación que se provee, toda vez que el sistema genera un acuse de recepción en el que consta un número de folio electrónico que lo validó. Ahora, en razón de que dicha comunicación oficial se encuentra ajustada a derecho, téngase por notificado del proveído de tres de diciembre del año en curso, al directo quejoso José Alfredo Toto Pucheta, para todos los efectos legales procedentes, ahora, por cuanto hace a sus manifestaciones de que no ratifica la demanda promovida a su favor; sin emitir mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que, en esa propia fecha, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; por lo que, una vez que se acepte la competencia declinada, remítase la constancia que se recibe. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  3. Principal

    ¡¡¡ NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD PRECISADA, ASÍ COMO LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE Y POR EXHORTO AL DIRECTO QUEJOSO. Boca del Río, Veracruz, tres de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve Aristeo Pérez Conde, en favor de Toto Pucheta José Alfredo, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Amatlán de los Reyes, Veracruz; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 15, 20, 33, fracción IV, 37, 107, 108, y 109 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese juicio y regístrese con el número 1124/2022-II que le correspondió en el libro de gobierno respectivo. Sin que pase desapercibido que el promovente refiere que el directo quejoso Toto Pucheta José Alfredo, es una persona menor de edad; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que dicha persona se desempeñaba laboralmente como policía municipal de Catemaco, Veracruz, siendo detenido al realizar sus funciones. Por tanto, resulta evidente que no puede ser una persona menor de edad. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, advirtiéndose de la demanda que se provee, que el directo quejoso Toto Pucheta José Alfredo, se encuentra actualmente privado de su libertad, y que atento a lo narrado por la promovente, es objeto de INCOMUNICACIÓN y de ATAQUES A LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO, téngase por presentada la demanda de cuenta y, por encontrarse en las hipótesis a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado consistente en la incomunicación y los ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como cualesquiera otro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, como pueden ser marcas, azotes o tormentos de cualquier especie, que pudiera sufrir en su persona el directo quejoso antes precisado, y demás actos prohibidos por el ya citado precepto constitucional, para el efecto de que cesen de inmediato. Requiérase a la autoridad donde se encuentre privado de la libertad el directo quejoso Toto Pucheta José Alfredo, para que dentro del término de veinticuatro horas concedido, informe a esta potestad federal, el estado de salud que guarda aquél, y a su vez esté pendiente de que no sufra maltrato alguno. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se libre, con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad; con el apercibimiento de que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, ilícito que de consumarse, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos legales que procedan. INCOMPETENCIA Ahora bien, el suscrito juzgador federal estima que, en el particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el??????????????? Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.". Con base al anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Director del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. ACTO RECLAMADO: ? La incomunicación y ataques a la libertad fuera de procedimiento de los que es objeto el directo quejoso Toto Pucheta José Alfredo, dentro del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. De lo antes descrito se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la incomunicación y los ataques a la libertad fuera de procedimiento de que es objeto el directo quejoso; asimismo, se advierte que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. En tales condiciones, si el quejoso se encuentra interno en un centro de reinserción social de aquella localidad (Amatlán de los Reyes, Veracruz); lugar en el que, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. Por tanto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, el quejoso se encuentra actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las anteriores circunstancias, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, POR RAZÓN DE TERRITORIO, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que lo son los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, quienes ejercen jurisdicción donde se encuentra recluido el quejoso; de ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. En ese tenor, en términos de la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, de diez de julio de dos mil veinte, se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Estado de Veracruz, con sede en Córdoba; por tanto, en acatamiento al punto "1" de la citada Circular se proporciona la información necesaria para su turno. - QUEJOSO: Aristeo Pérez Conde, en favor de Toto Pucheta José Alfredo. - TERCERO INTERESADO: No se advierte de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Director del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. ACTO RECLAMADO:??????????????? ? La incomunicación y los ataques a la libertad fuera de procedimiento, de los que es objeto el directo quejoso Toto Pucheta José Alfredo, dentro del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Finalmente, atendiendo a que se remite el original del juicio de amparo 1124/2022-VI; por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad responsable la que indica la promovente en su escrito de demanda, con el apercibimiento que en caso de no ser la denominación correcta o el domicilio señalado como de ésta, se tendrá por inexistente, previa razón de devolución del oficio que se le dirija y que obre en autos, pues si bien es cierto que al tratarse de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, tal cuestión únicamente se actualiza al suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que considera transgredidos, mas no a cambiar el acto reclamado ni la autoridad responsable señalada. Sobre el particular se aplica la jurisprudencia XVII.2o. J/1, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 567, tomo III, materia penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO." Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la parte quejosa el señalamiento preciso de las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), toda vez que el promovente no señaló un domicilio concreto; asimismo, téngase como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, a Aristeo Pérez Conde y Erik Osto Valentín, por no tener registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACION DE DEMANDA En esa medida, tomándose en consideración que conforme a lo narrado en la demanda, el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, remítase exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en turno, para que comisione a cualesquiera de los actuarios de su adscripción para que se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para que en el acto de la diligencia, notifique el presente auto, al directo agraviado Toto Pucheta José Alfredo. Asimismo, en dicha comunicación oficial, deberá anexarse el oficio que se dirige a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a efecto de que acate la suspensión de plano concedida en párrafos precedentes. ??????????????? En cumplimiento a los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, remítase el citado exhorto por la vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su diligencia correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Con fundamento en los artículos 257, fracción I y 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicio en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como número telefónico o correo electrónico, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales.

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