José Alfredo Carretero Sánchez
Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alfredo Carretero Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días de vista concedido a las partes del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en el presente expediente, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. En consecuencia, se provee al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo; por lo que, el suscrito se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 949/2021-I, promovido por José Alfredo Carretero Sánchez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, José Alfredo Carretero Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, mismo que fue precisado en la sentencia amparadora, de la siguiente forma: La resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 939/2021, por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, residente en Veracruz, Veracruz, que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado José Alfredo Carretero Sánchez, aquí quejoso y confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Adriana Aldazaba Ramírez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales A.A.C.A. y F.Y.C.A., consistente en el sesenta y cinco por ciento (65%) de los ingresos del demandado. SEGUNDO. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y el veintiocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo solicitado. TERCERO. Mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora y se requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos; lo anterior, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 192 de la Ley de Amparo. CUARTO. En auto de veintinueve de abril de la presente anualidad, se determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cabalmente cumplida y se requirió nuevamente su cumplimiento. QUINTO. Mediante proveídos de doce y dieciocho de mayo de la presente anualidad, se recibieron los informes sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora y constancias anexas, mismas que tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones, por lo que, se dio vista a las partes; por tanto, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar los informes de la responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a las partes por el plazo legal previsto para tal efecto, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. SEGUNDO. En la ejecutoria emitida en el presente juicio, se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable efectuara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 939/2021, de su índice. En su lugar dicte otra, en la cual, reitere los aspectos que no fueron materia de la presente ejecutoria de amparo. Deje de considerar que el demandado obtiene ingresos por la renta del inmueble ubicado en Avenida Ejercito Mexicano, número 28, departamento 201, denominado Villas Las Américas, por no estar acreditado en autos. Con libertad de jurisdicción, analice de forma fundada y motivada cada una de las deducciones que aparecen en los recibos de nómina exhibidos por el demandado, para determinar cuáles son de carácter legal y cuáles son adquiridas de forma voluntaria; conforme los lineamientos dados en la presente ejecutoria. De igual manera, con libertad de jurisdicción, analice de manera fundada y motivada la verdadera necesidad de la parte actora, en relación al entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen; y determine el porcentaje que corresponde a cada acreedor como pensión alimenticia provisional. En atención a lo anterior, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante oficio 3742, recibido en oficialía de partes de este juzgado el once de mayo de dos mil veintidós, en acatamiento a los lineamientos dictados en la sentencia de amparo, anexó copia certificada de la resolución de cinco de mayo del año en curso, emitida en el juicio ordinario civil 939/2021; asimismo, en alcance a dicha resolución, mediante oficio 3849, remitió el auto de trece de mayo de la presente anualidad, en donde aclara el punto resolutivo primero de la citada resolución, en el sentido de declarar procedente la reclamación planteada. Ahora bien, el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ya lo había dejado insubsistente desde la resolución de uno de abril del año en curso, con la cual intentó cumplir con la ejecutoria de amparo. Asimismo, de la lectura integral de la nueva resolución emitida el cinco de mayo de la presente anualidad, se advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. La autoridad responsable, dejó de considerar que el demandado obtiene ingresos por la renta del inmueble ubicado en Avenida Ejercito Mexicano, número 28, departamento 201, denominado Villas Las Américas, por no estar acreditado en autos; asimismo, determinó que ello es un motivo que influye en la capacidad económica del demandado. Asimismo, el Juez responsable analizó de forma fundada y motivada cada una de las deducciones que aparecen en los recibos de nómina exhibidos por el demandado, y determinó cuáles son de carácter legal y cuáles son adquiridas de forma voluntaria. De igual forma, con las pruebas aportadas en autos, determinó la capacidad económica del deudor alimentario, quien obtiene ingresos por las actividades laborales que desarrolla, al trabajar en Tubos de Acero de México, S.A., y con una concesión del servicio público denominado "Taxi"; aunado a que, obtiene ingresos por la renta del inmueble ubicado en calle Río Usumacinta, número 591-B, fraccionamiento Las Vegas, Boca del Río, Veracruz. En relación a la necesidad de la parte acreedora, el Juez responsable determinó que ambos menores se encuentran estudiando en escuelas privadas, por lo que generan mayores gastos y que la actora se dedica al cuidado del hogar; por lo que, declaró procedente la reclamación y disminuyó el monto de la pensión alimenticia provisional del sesenta y cinco por ciento (65%) al cincuenta y cinco por ciento (55%). Con lo anterior, este juzgado estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, dado que así se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable obligada al cumplimiento, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 949/2021-I, promovido por José Alfredo Carretero Sánchez, se encuentra cumplida; sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, al advertirse que la autoridad responsable remitió como anexo copias certificadas del juicio ordinario civil 939/2021, de su índice, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase dicha documental a la citada autoridad al resultar innecesaria su conservación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable; y mediante lista electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días de vista concedido a las partes del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en el presente expediente, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 949/2021-I, promovido por José Alfredo Carretero Sánchez, se encuentra cumplida; sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días de vista concedido a las partes del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en el presente expediente, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 949/2021-I, promovido por José Alfredo Carretero Sánchez, se encuentra cumplida; sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos
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