José Alfredo Sánchez Fentanez

Expediente 537/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
537/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • José Alfredo Sánchez Fentanez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ FENTANEZ, por su propio derecho, contra los actos reclamados al juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 537/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Es así, pues del análisis de la demanda de garantías, se advierte, que señala como actos reclamados los siguientes: 1. El acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil 85/2015, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en que: a. Declaró firme la sentencia dictada en dicho juicio, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, que ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de enderezar la vía, y tramitar la demanda entablada por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, en contra de José Alfredo Sánchez Fentanez, en la vía ordinaria civil. b. Tuvo a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento formulado en la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y como consecuencia de ello, exhibiendo en original la demanda suscrita por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, así como la copia para correr traslado al demandado. c. Ordenó tramitar el juicio en la vía ordinaria civil d. Ordenó al actuario de su adscripción constituirse en el domicilio del demandado, notificar el citado auto, correrle traslado y emplazarlo al juicio. e. Determinó que no resultaba procedente tener al demandado José Alfredo Sánchez Fentanez, promoviendo incidente de subsanación de defectos procesales. 2. La diligencia de traslado y emplazamiento, verificada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio 85/2015. Ahora bien, en cuanto al acto que reclama del secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho secretario no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no disponer de la fuerza pública, ya que su actuar se constriñe a dar fe de lo proveído por el juez del Órgano Jurisdiccional en que labora; en consecuencia, es evidente que en el caso se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados los dos últimos preceptos en sentido contrario. Es de citarse al efecto, la jurisprudencia 1007 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 693, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez". Por otra parte, con respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil 85/2015, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en que: Declaró firme la sentencia dictada en dicho juicio, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, que ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de enderezar la vía, y tramitar la demanda entablada por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, en contra de José Alfredo Sánchez Fentanez, en la vía ordinaria civil; tuvo a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento formulado en la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y como consecuencia de ello, exhibiendo en original la demanda suscrita por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, así como la copia para correr traslado al demandado; ordenó tramitar el juicio en la vía ordinaria civil y d. ordenó al actuario de su adscripción constituirse en el domicilio del demandado, notificar el citado auto, correrle traslado y emplazarlo al juicio; son cuestiones de mero trámite verificadas en el juicio 85/2015, que no le causan perjuicio. En efecto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil 85/2015, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en que: Declaró firme la sentencia dictada en dicho juicio, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, que ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de enderezar la vía, y tramitar la demanda entablada por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, en contra de José Alfredo Sánchez Fentanez, en la vía ordinaria civil; tuvo a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento formulado en la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y como consecuencia de ello, exhibiendo en original la demanda suscrita por Félix Cruz Pérez y Josefina Toledo Zárate, así como la copia para correr traslado al demandado; ordenó tramitar el juicio en la vía ordinaria civil y ordenó al actuario de su adscripción constituirse en el domicilio del demandado, notificar el citado auto, correrle traslado y emplazarlo al juicio, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Además, por los razonamientos contenidos en la misma, se cita la tesis 2a. L/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, que aparece publicada en la página 1095 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Por otra parte, con respecto a los diversos actos combatidos, consistentes en la diligencia de traslado y emplazamiento, verificada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 85/2015, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así como el auto dictado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, en que la parte en que determinó que no resultaba procedente tener al demandado José Alfredo Sánchez Fentanez, promoviendo incidente de subsanación de defectos procesales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, dispone que antes de acudir a éste, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Luego, al tener el quejoso el carácter de parte demandada en dicho procedimiento, se encuentra en aptitud de interponer el incidente de nulidad de actuaciones, en contra de la diligencia de traslado y emplazamiento, verificada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 85/2015, y que asevera se practicó de manera ilegal, conforme a lo dispuesto por los artículos 75 y 404 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que estipulan: "Artículo 75. La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. "Artículo 404. Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda. ." En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia J/34, aportada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en la página: 204, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". Lo mismo sucede con el auto dictado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, en la parte en que determinó que no resultaba procedente tener al demandado José Alfredo Sánchez Fentanez, promoviendo incidente de subsanación de defectos procesales, ya que debió agotar el recurso de revocación, previsto por el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que dice: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Por lo tanto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia, por virtud del cual pudieron haberse modificado, revocado o nulificado los actos impugnados, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario; 1°, fracción I, y 5°, fracción II; así como en la fracción XVIII, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, por autorizados para los mismos efectos a las personas que indica, sin gozar de las facultades a que se refiere el primer párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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