José Alfredo Rodríguez Carballo
Expediente 1089/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alfredo Rodríguez Carballo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito del quejoso JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ CARBALLO; visto su contenido, téngasele revocando el domicilio para oír y recibir notificaciones que tiene señalado, y en su lugar designando el ubicado en calle Río Atoyac número cuatrocientos nueve, fraccionamiento los Ríos, Oaxaca, así como revocando a los autorizados con anterioridad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos de la Huerta Acevedo y Ezequiel Baños Terrones, y a los restantes que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, expídanse copias simples de todo lo actuado en el presente asunto, así como copia certificada de la sentencia dictada en este juicio, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del expediente laboral 29/2015 de su índice; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, los autos originales del expediente laboral 29/2015 de su índice, que anexó a su oficio 633/2018 de trece de diciembre de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1089/2018; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistentes en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. De la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclamo LA OMISIÓN DE LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS A LAS PARTES DENTRO DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 029/2015 Y COMO CONSECUENCIA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO RESPECTIVO DENTRO DEL CITADO EXPEDIENTE." Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal del País. SEGUNDO. En proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 16 - 17), este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de desahogar las pruebas admitidas a las partes en el juicio laboral 29/2015. Como consecuencia de lo anterior, la omisión de dictar el laudo correspondiente. Por tanto, dichos actos son los que se tienen como reclamados en el presente juicio de amparo. TERCERO. El presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos que se atribuyen a los integrantes de dicha junta (fojas 21 - 22), lo que se corrobora con las documentales que remitió como apoyo a su informe, obtenidas del juicio laboral 29/2015 (fojas 23 - 37 y tomo de pruebas anexo; por tanto, los actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO.- Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, con respecto al acto reclamado consistente en la omisión de desahogar las pruebas admitidas a las partes en el juicio laboral 29/2015, este resolutor estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Es así, pues de las documentales exhibidas por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación a su informe, que tiene valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del artículo 2º de la citada ley; se desprende: 1. Los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en audiencias de doce de enero y diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, tuvieron a las partes actora ********************, y demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, ofreciendo pruebas en el expediente 29/2015, y se reservaron el derecho para su calificación, dada la naturaleza de las mismas (fojas 273 - 274 y 293 del tomo de pruebas). 2. Mediante auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 294 - 298 del tomo de pruebas), calificaron las pruebas ofrecidas por las partes actora ********************, y demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, mediante escritos de doce de enero de dos mil dieciséis, además, señalaron hora y fecha para el desahogo de las que requerían ser perfeccionadas; las que se desahogaron en distintas fechas. Seguido el procedimiento, por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, al no existir pruebas ofrecidas por las partes pendientes por desahogar, los integrantes de la junta responsable, concedieron a las partes el término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos (foja 636 del tomo de pruebas). El referido auto de veintiséis de noviembre del año en curso, fue notificado al quejoso ********************, por conducto de su apoderado legal Óscar Alejandro Zúñiga García, el veintinueve de noviembre del año en curso (foja 637 del tomo de pruebas). En tal virtud, resulta evidente que desde el momento en que se dictó el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en que se hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar, ofrecidas por las partes actora ********************, y demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, en el juicio laboral 29/2015, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y se concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos; lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda (nueve de noviembre dos mil dieciocho), es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En otro orden de ideas, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 29/2015, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades." En el caso, las omisiones y dilación procesal, de los actos subsecuentes e incluso la omisión de emitir el laudo en los plazos establecidos por la ley, no produce una afectación actual, real y directa al promovente, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, publicada en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así como la tesis IX.1o.17 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, visible en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." En consecuencia, se actualiza en la especie las causas de improcedencia establecidas por el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías número 1089/2018, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE.
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