José Alfredo Rascón Márquez

Expediente 379/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
379/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • José Alfredo Rascón Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y de la constancia de la actuaria de la adscripción de dieciséis de julio de la presente anualidad, se advierte que en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se reservó respecto al emplazamiento del *******************. Ahora, a afecto de estar en condiciones de proveer lo conducente, es necesario precisar que el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el tercero interesado será la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial o tratándose de persona extraña al procedimiento. En el caso, de las constancias que obran en el expediente y de los informes con justificación, se deduce que ******************* no tiene el carácter de tercero; ya que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyeron consistentes en la orden de detención, citación, desalojo y desocupación. Asimismo, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, informó existe un citatorio de veinte de mayo del año en curso, únicamente para llevar a cabo una entrevista con el aquí quejoso, hechos relacionados con la carpeta de investigación 12896/2019, de ahí que no le revista a ***************** el carácter de tercero interesado en el presente asunto, al no actualizarse ninguno de los supuestos que prevé el artículo 5, fracción III de la ley de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 379-2019-I-1. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por ******************. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales; Dirección de Seguridad Pública Municipal; Policía estatal Única y Policía Federal, a quienes les reclamó la orden de detención, citación, desalojo y desocupación, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 379/2019-I-1 y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de detención, citación, desalojo y desocupación, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrito a Coordinación Regional en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 34), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 35), todos con residencia en esta ciudad y Encargado Interino de la Coordinación Estatal Chihuahua de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (fojas 54 y 55), todos en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que les atribuye la accionante del amparo, consistentes en la orden de detención, citación, desalojo y desocupación, así como su ejecución. Por su parte el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 52), al rendir su informe negó los actos que les atribuye la accionante del amparo, consistentes en la orden de detención, desalojo y desocupación, así como su ejecución La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el presente asunto, el quejoso fue omiso en acreditar la existencia de la orden de detención, desalojo y desocupación, así como su ejecución que reclama, pues omitió exhibir prueba alguna para sustentar su dicho. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el que se establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y *** Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 52), aceptó la existencia del acto consistente en la orden de citación; toda vez que informó que agentes de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales se Constituyeron el diecisiete de mayo del presente año, en el domicilio ubicado en calle ******************************, para llevar a cabo una entrevista con hechos relacionados con la carpeta de investigación 12896/2019, sin embargo no fue posible llevarla a cabo, motivo por el cual se procedió a entregarle citatorio para que el veinte de mayo del año en curso, a las nueve horas con treinta minutos, se presentara ante el Agente de la Policía Estatal Única Investigadora en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este resolutor examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se estima actualizada una causa de improcedencia que amerita sobreseer en este asunto, habida cuenta que aun subsistiendo el acto reclamado en el juicio de amparo (citatorio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve), ya no puede surtir efecto legal o material alguno sobre las personas por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo la óptica de este resolutor se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para advertirlo así, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; *** Para explicar el contexto de la actualización de la aludida causa de improcedencia, conviene citar el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, de abril de 1998, materia común, página 241, con registro 196442, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de Autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción transcrita (XXII), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya ilegalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Para una mejor explicación del asunto, con relación a la invocada causa de improcedencia, se estima conveniente invocar la jurisprudencia 181/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, de diciembre de dos mil seis, materia común, página 189, con registro 173858, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, de las constancias que las autoridades responsables remitieron al rendir su informe con justificación, se advierte: El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 52), informó que agentes de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales se Constituyeron el diecisiete de mayo del presente año, en el domicilio ubicado en calle *********************************, para llevar a cabo una entrevista con hechos relacionados con la carpeta de investigación **************, sin embargo no fue posible llevarla a cabo porque el accionante del amparo se opuso. Ante la imposibilidad de la entrevista, dejaron un citatorio al quejoso para que el veinte mayo del año en curso, a las nueve horas con treinta minutos, se presentara ante el Agente de la Policía Estatal Única Investigadora en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales), fecha que transcurrió sin que acudiera a la cita. Posteriormente el Coordinador Regional de la Agencia de Investigación, Zona Norte informó que no se ha ordenado una nueva cita al accionante del amparo. Lo antes descrito, patentiza la actualización de la causa de improcedencia anunciada, porque, en la especie, a pesar de que subsiste el citatorio de diecisiete de mayo de la presente anualidad, ya no puede tener efecto legal o material alguno en su contra, en la medida que la citación que lo originó se dejó de surtir sus efectos toda vez que a la fecha ya aconteció y el quejoso no se presentó. En otras palabras, el objeto de la citación reclamada, consistente en que tenía una cita específica para comparecer ante la autoridad a efecto de ser entrevistado respecto a hechos relacionados con la carpeta de investigación 12896/2019, dejó de existir, en virtud de que no se presentó y el Coordinador Regional de la Agencia de Investigación, Zona Norte informó que no se ha ordenado una nueva cita al accionante del amparo. En esa medida, dado que no se concretó en perjuicio a los derechos humanos de la parte quejosa, ni podrá concretarse en lo futuro con relación al acto reclamado; en consecuencia, el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. Para arribar a la anterior determinación, no se soslaya lo establecido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 33/2013 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 622, con registro 2004270, cuyo rubro es: ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZAA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que si el testigo de cargo incurre en desacato a los requerimientos formulados por la autoridad judicial para el efecto de desahogar la prueba testimonial, el juez de la causa está facultado para emplear medidas de apremio para su presentación, ya que su objeto es obtener la comparecencia para el desahogo del interrogatorio formulado por el inculpado a fin de tutelar su derecho a la defensa; por lo que, se consideraría que ha incurrido en rebeldía para comparecer a juicio; sin embargo, en el presente caso únicamente se le realizó una citación para llevar a cabo una entrevista con el accionante del amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 379/2019-I-1, promovido por *********************, por las autoridades y por las razones expuestas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma ******************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, hoy diez de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 379/2019-I-1, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de mayo del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de la orden de detención, citación y su ejecución reclamados a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal Única y Policía Federal. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado Interino de la Coordinación Estatal Chihuahua de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (fojas 64 y 65), en su denominación correcta, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la orden de detención, presentación, desalojo o desocupación, así como su ejecución, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tales autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó José Alfredo Rascón Márquez, contra los actos y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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