José Alfredo Ramírez Rentería y Otros.
Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Alfredo Ramírez Rentería y Otros.
- José Alfredo Ramírez Rentería
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1011/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por *** y ****, y el veintiocho del citado mes y año, presentaron escrito de aclaración, en el que demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez y Contraloría Municipal, los actos que a continuación se precisan: (.) ACTO RECLAMADO. Nos causa perjuicio, el hecho de que el día siete de noviembre de dos mil veintidós, al acudir a las instalaciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Juárez con dirección calle Francisco Villa 950 norte, donde se encuentra la Presidencia Municipal, donde fuimos atendidos por una persona del sexo femenino, quien labora en la dependencia, a la que le solicitamos que nos prestara los expedientes CMDAI-029-2019 y CM/DR/05/2019, le manifestamos, que ya habíamos sido notificados de los expedientes, que nos permitiera imponernos de los autos para preparar nuestra defensa y contradicción sobre la medida cautelar ya que el tribunal mandato a que de nueva cuenta se cumpliera con la audiencia inicial quedando sin efecto todas las notificaciones incluyendo la del incidente de levantamiento de medidas cautelares, Artículo 126. De la ley general de responsabilidades administrativas. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del Incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas. incidente que promovimos, el cuatro de octubre del 2022, impidiendo tener nuestra defensa y contradicción. La persona que nos atendió, en las oficinas de responsabilidades administrativas del municipio de Juárez manifestó que no podía prestar los expedientes, esto tenía que ser por escrito, que no podía prestárnoslos, que tenía órdenes del director de no prestarnos los expedientes, razón por la que no nos facilitó los expedientes. (.) SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se radicó con el consecutivo 1011/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós (foja 60), se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama la negativa de prestarle el expediente administrativo CM/DR/05/2019 (adjunto al cual aparece el expediente de investigación CM-DAI-029/2019). Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Contralor Municipal en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuyen los accionantes del amparo. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto de que se duelen los promoventes; no obstante lo anterior, expresó argumentos con los que se evidencia su certeza, pues adujo que el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa CM-DR-05/2019, que deriva del expediente de investigación CM-DAI-029-2019, en contra de **** y ****. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El siete de noviembre de dos mil veintidós, **** y ***, presentaron demanda de amparo contra actos del Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez Contraloría Municipal, en esta ciudad y como acto reclamado precisaron que en el año dos mil diecinueve se iniciaron los procedimientos administrativos en su contra bajo los números de expedientes CM-DAI-029-2019 y CM/DR/05/2019, los cuales nunca les fueron notificados; luego, el treinta de agosto del año en cita, la Dirección de Responsabilidades del Municipio de Juárez, les impuso la medida cautelar de suspensión temporal; así, el veintidós de abril de dos mil veintidós, consideró que se actualizaba una falta administrativa por parte de los promoventes y turnó el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, órgano que el treinta de mayo del año en cita, determinó que el emplazamiento realizado a los quejosos resultaba ilegal, dejando sin efectos el mismo; motivo por el cual el cuatro de octubre pasado, presentaron un escrito solicitando quedará sin efectos la medida cautelar decretada. Finalmente, el tres y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, fueron notificados de que el veinticuatro de los mismos se llevaría a cabo la audiencia inicial, acudiendo el siete de los citados a revisar el expediente. Así, toda vez que la narración de los justiciables abarcaba actos distintos realizados por las autoridades en comento, sin que precisaran cuál acto era el que les causaba perjuicio, se les solicitó aclararan su demanda. 2. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, los justiciables presentaron escrito de aclaración, el cual se acordó el veintinueve de los mismos, y se tuvo a los quejosos precisando que el acto de que se duelen es la negativa de prestarle el expediente administrativo CM/DR/05/2019 (adjunto al cual aparece el expediente de investigación CM-DAI-029/2019). 3. Una vez que el Director de Responsabilidades Administrativas rindió su informe, comunicó que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el expediente en comento fue enviado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para la substanciación del proceso, remitiendo al efecto el volante de recepción (fojas 105), del que se advierte el sello de recibido por dicho órgano. Por lo que los actos que por esta vía se reclaman, consistentes en la negativa de prestarles el expediente administrativo CM/DR/05/2019 (adjunto al cual aparece el expediente de investigación CM-DAI-029/2019), debe estimarse que han cesado, ya que de los antecedentes narrados se desprende que el expediente en cita no se encuentra en poder de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, previo a la admisión de la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintidós), fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; de ahí que se concluye que cesó el acto reclamado. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1011/2022-V, promovido por **** y ****. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos, mediante el cual formulan los alegatos que dejan vertidos en el mismo y hágase relación de lo anterior al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la citada legislación. Asimismo, como dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, con las documentales exhibidas por los quejosos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada XXXXXX, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXX. Doy fe.kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio signado por el Director de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Juárez, mediante el cual acata la solicitud formulada por este juzgado, adjuntando al efecto copia certificada del oficio DRA/256/2022, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativo al expediente de responsabilidad administrativa CM/DR-05/2019, instaurado contra los aquí quejosos ********** y **********, dirigido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en Chihuahua, con residencia en la ciudad homónima y volante de recepción del mismo, con número de folio 00009075, del que se advierte que fue entregado en oficialía de partes del citado órgano, el veinticinco del propio noviembre; en tal sentido, como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con las documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Sin que sea necesario proveer respecto del domicilio y delegados que indica, toda vez que el veintidós de diciembre de la pasada anualidad, se acordó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod
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