José Alfredo López Olivera
Expediente 1183/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alfredo López Olivera
- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y, advirtiéndose que la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, ha causado ejecutoria y toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obran copias certificadas deducidas de la causa penal 8/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el cual remitió dicha autoridad como complemento a su informe justificado, careciendo de objeto su permanencia en este Juzgado, devuélvase a dicha autoridad la documental de referencia, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, por la que se negó el amparo y la protección de la justicia Federal al quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración, c) En su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA; OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1183/2017; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, de quien reclamó: ".IV.- Como acto reclamado de la autoridad señalada como responsable señalo: La resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal número 08/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, en donde declaró procedente la sustitución de la medida cautelar y me fijó las diversas medidas cautelares consistentes en: a).- Presentación periódica; b).- Exhibición de garantía económica por la cantidad de $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); que resulta ser el cincuenta por ciento de la cantidad que reclama la víctima; c).- Prohibición de participar en concurrencias que tengan como propósito dar lugar a actos violentos, sin que con ello implique menoscabo al ejercicio de sus derechos de manifestación, opinión, libertad de expresión y reunión; y, .". II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda se remitió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, radicándose el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, con el número 1183/2017, se ordenó admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a la tercera interesada, dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se programó la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. La resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 08/2017, por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (foja 20). Además, los actos reclamados se corroboran de las constancias que anexó la autoridad judicial responsable en su informe con justificación (testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017), a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Antecedentes del caso. Para mejor comprensión del asunto resulta conveniente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, valoradas en el considerando que precede. 1. El veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, dictó al quejoso JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito equiparado a la retención, en perjuicio de Elvia Isela Olivera Juárez (fojas 170 a 208 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017). El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 444/2017 del índice de este juzgado, dejó sin efecto el auto de formal prisión referido en el párrafo que precede y determinó dictar nuevamente auto de formal prisión en contra del quejoso JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, en su calidad de socio de la Caja de Ahorro "Caja Mitla", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, como probable responsable en la comisión del ilícito equiparado a la retención agravado, cometido en perjuicio de Elvia Isela Olivera Juárez (fojas 589 a 598 y 613 a 634) del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017) 2. Mediante escrito de seis de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso promovió incidente no especificado de revisión de la medida cautelar (fojas 258 a 261 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017). Dicha incidencia fue resuelta el doce de julio de dos mil diecisiete, declarándose improcedente (fojas 520 a 530) del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017). 3. No conforme con esa resolución, el quejoso promovió en su contra juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional con el número 712/2017, en el que, mediante sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se le otorgó el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución de doce de julio de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción emitiera otra (fojas 692 a 694 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017). 4. En cumplimiento a ese fallo, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 691,696 a 708 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017), la responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, determinó: ".TERCERO. Es procedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; por tanto, se sustituye y fijan al procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, las medidas cautelares consistentes en: a) presentación periódica y b) de exhibición de garantía económica; c) prohibición de participar en concurrencias que tengan como propósito dar lugar a actos violentos sin que ello implique menoscabo al ejercicio de sus derechos de manifestación, opinión, libertad de expresión y reunión; d) abstenerse a convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas y testigo del proceso que se le sigue, lo anterior en términos del considerando cuarto de este fallo. CUARTO. Para el cumplimiento de la primera medida el requerido procesado deberá presentarse todos los días treinta de cada mes, ante este órgano jurisdiccional, en horas hábiles; atentas (sic) a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Asimismo, la exhibición de la garantía económica determinada en la cantidad de $155,556.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) para lo cual deberá ajustarse a lo prevenido por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos penales y por lo cual se le concede un plazo de diez días para la exhibición de dicha garantía. QUINTO. Las medidas cautelares otorgadas al procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, subsistirán durante el tiempo que dure el proceso. Asimismo, una vez que se exhiba la garantía fijada en el considerando que antecede, se ordenará su inmediata libertad, girándose la boleta de libertad respectiva. Así también hágase saber al procesado de mérito las causas de revisión de las medidas concedidas, a que se refiere el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". En el resolutivo tercero la autoridad responsable estableció sustancialmente lo siguiente: "..1º) Peligro de sustracción del procesado. Del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que el procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA según datos proporcionados al emitir su declaración preparatoria ante este juzgado I), tiene su arraigo en el domicilio bien conocido en San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula Oaxaca, la cual tiene valor probatorio y generan verosimilitud, pues no se advierte que se condujeran con mendacidad, su dicho es espontáneo. Arraigo que se encuentra corroborado con la evaluación de riesgo rendida por la unidad de medidas cautelares que confirma que efectivamente el procesado ha vivido en la población referida por 54 años. Documental que al devenir de una autoridad en el tema en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas tiene valor probatorio, pues sirve para confirmar la información que interesa saber, en este caso que el procesado cuenta con arraigo en el lugar donde vive, ya que tiene su domicilio en la población de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula Oaxaca, lugar donde lo ha habitado con sus familiares, tiene una actividad económica, cuenta con dependiente económicos (sic) y no tienen posibilidades de salir fuera del país. Así las cosas, el conjunto de esas pruebas revela que la procesada tiene arraigo en el lugar donde habita, esto es, en la población de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula Oaxaca específicamente en el domicilio ubicado en la segunda cerrada de independencia número catorce, Colonia Centro, San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula Oaxaca, domicilio que proporcionó a la evaluadora de la unidad de medidas cautelares mismo que fue verificado por dicha servidora pública. Así las cosas la conclusión que se sigue es que de toda la prueba aportada, se puede establecer que el procesado tiene arraigo en la población de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula Oaxaca, en el domicilio señalado con anterioridad. Además toda la prueba aportada permite establecer una presunción de que el procesado lleva una vida pública en la población que habita lo que impide considerar que pueda ocultarse o abandonar su residencia. 2º) La penalidad que prevé el delito de equiparado a la retención agravado, por el que se sigue el proceso conforme al artículo 379, en relación con el artículo 8 fracción I, 10 fracción I y 11 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, es de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por si o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas, sin embrago, tal criterio no puede considerarse útil en el caso para estimar que pueda sustraerse a la acción de la justicia, en razón de que tal circunstancia es una eventualidad que no puede regir su voluntad presente o futura ni hay indicio de que así sea. . 3º) El comportamiento del procesado de mérito posterior al hecho cometido, ha sido bueno, puesto que de autos no se advierte lo contrario al no advertir que a la fecha que fue detenido el procesado a esta propia fecha en que se resuelve la revisión de medida cautelar este Juzgador advierta mala conducta. Por lo tanto no existen dato o motivo que arroje la convicción de que el citado procesado ha tenido un comportamiento que incline a pensar que pueda evadirse de la acción de la justicia; lo anterior aunado a que el fiscal adscrito no aportó ningún medio de prueba en ese sentido. 4º) Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Tomado en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados hasta este momento no permiten presumir que el referido procesado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, tampoco está demostrado de que pueda influir en los testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente o que pueda inducir a realizar tales comportamientos, menos aún puede obtenerse que intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en el proceso, máxime que lo anterior se corrobora con el diagnostico de riesgos, emitido por la Licenciada Claudia Hernández Cortés, Jefe de Oficina en funciones de Evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca,. Quien concluyo: I.- Una vez analizada y verificada la información obtenida se emite la siguiente conclusión de manera global tomando en cuenta todas las circunstancias que concurren en cada uno de los riesgos; I.- peligro de sustracción del imputado: riesgo medio; II.- peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación: riesgo bajo; III.- riesgos para la víctima u ofendida, testigos o para la comunidad: A) víctima: riesgo medio; B) testigos: riesgo bajo; C) comunidad: riesgo nulo; II.- considerando los riesgo y estabilidad señalados se sugiere la imposición de medidas cautelares bajo el esquema de supervisión medio que impidan que JOSÉ LÓPEZ OLIVERA, se sustraiga de la acción de la justicia; así como se le acerque y/o realice agresiones o cualquier acto de molestia a la víctima. Documental que adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 354 y 356 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, en virtud que fue expedido por servidor público en ejercicio y con motivo de sus funciones y no impugnado o redargüido de falsa (sic). 5º) Riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad. No existe riesgo fundado de que pueda cometerse en contra de dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida lo que de igual forma, se adminicula con el diagnostico de riesgos, emitido por la Licenciada Claudia Hernández Cortés, jefe de oficina en funciones de evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca. quien concluyó: I.- una vez analizada y verificada la información obtenida se emite la siguiente conclusión de manera global tomando en cuenta todas las circunstancias que concurren en cada uno de los riesgos; 1.- peligro de sustracción del imputado: riesgo medio; 2.- peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación: riesgo bajo 3.- riesgos para la víctima u ofendida, testigos o para la comunidad: a) víctima riesgo medio; b) testigos riesgo bajo; C) comunidad riesgo nulo; II considerando los factores de riesgo y estabilidad señalados se sugiere la imposición de medidas cautelares bajo el esquema de supervisión medio que impida que JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA se sustraiga a la acción de la justicia, así como se le acerque y/o realice agresiones o cualquier acto de molestia a la víctima. Documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 354 y 356 del Código de Procedimiento Penales en el Estado en virtud que fue expedido por servidor público en ejercicio y con motivo de sus funciones y no fue impugnado o reargüido de falso. Ahora, el artículo 19 segundo párrafo, de la Constitución Federal señala que la prisión preventiva podrá justificarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. También, debe estimarse que esa petición debe realizarse por el ministerio público y está sujeta a la ponderación judicial con base en los argumentos y pruebas que se presenten; más aún, debe ponderarse como propósito primordial con dicha medida asegurar que el procesado a) no impedirá el desarrollo del procedimiento ni b) eludirá la acción de la justicia; sobre ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, Sentencia de 21 de Noviembre de dos mil siete, ha sostenido lo siguiente. En el caso de que se trata no existen datos o medio de pruebas idóneos que pongan de manifiesto que el aludido procesado puede impedir el desarrollo del procedimiento o que eludirá la acción de la justicia, que son dos criterios rectores sustanciales que debe ponderar el juzgador, aunado a lo ya precisado lo que de acuerdo a las pruebas ofrecidas en autos a favor de procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, se llega a establecer que no representa ningún riesgo el referido procesado dado que no existe en autos información que desapruebe la evaluación del riesgo que se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anteriormente expuesto, al efectuarse la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva bajo los argumentos hechos valer por las partes procesadas y la valoración de pruebas ofrecidas, con apoyo en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales se estima procedente imponer diversas medidas cautelares al procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, consistentes en: a) la presentación periódica ente este Juzgado; b) la exhibición de una garantía económica; c) prohibición de participar en concurrencias que tengan como propósito dar lugar a actos violentos sin que con ello implique menoscabo al ejercicio de sus derechos de manifestación, opinión, libertad de expresión y reunión; d) abstenerse a convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos del proceso que se le sigue siempre que no se le afecte su legítima defensa en términos del artículo 115 fracciones I, II, VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales. Lo que además es acorde al principio de mínima intervención; toda vez que permite al procesado continuar con el desarrollo de su vida y garantiza su presencia en el procedimiento. CUARTO. Lineamientos para la aplicación de las medidas. Se determina que para el cumplimiento de la primera medida cautelar concedida, consistente en a) la presentación periódica, el procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, deberá presentarse todos los días treinta de cada mes, ante este órgano jurisdiccional, excepto que tales días sean sábados, domingos o festivos, pues en tal caso la presentación deberá realizarla al día siguiente hábil; constituyendo prueba idónea de esa presentación que estampe su firma en el libro que para tal efecto se autorice. Ahora bien, para la fijación de la garantía económica que como segunda medida cautelar se concede al procesado de mérito, en términos del artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se toman en consideración: a) el peligro de sustracción del imputado a juicio; b) el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación c) el riesgo para las víctimas u ofendidos, para los testigos o para la comunidad; así como d) las características del procesado, e) su capacidad económica, y f) la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Por lo tanto, a los incisos que anteceden se toma en cuenta que al informe de la unidad de medidas cautelares ya valorados, respecto del hecho de que la evaluadora respectiva realizó un estudio en la persona del imputado y del mismo no se advierte que el procesado de mérito se sustraiga de la acción de la justicia sin embargo se toma en cuenta para la fijación de tal garantía, que ha dicho procesado se le instruyen diversos causas penales, conllevando a que no se podría determinar una fijación de una cantidad mínima puesto que ante dicha situación podría derivar el incumplimiento de las medidas otorgadas; ahora en cuanto al peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o en su caso resulte un riesgo para las víctimas u ofendidos, como bien lo estableció la evaluadora antes nombrada no aportó ningún dato relevante o que determinara lo contrario y en cuanto a su capacidad económica se determina que el referido procesado está en aptitud de exhibir la cantidad que se llegue a fijar, en razón de que manifestó tener ocupación de representante legal y gerente general de la persona moral denominada "Caja Mitla" S.C. de R.L. en el que llevó de empleo diecinueve años, por tal situación se considera solvente económica (sic) el referido procesado. Además de que se toma en cuenta que todo juzgador en ejercicio de imparcialidad debe garantizar el derecho de las partes y en virtud de que se declaró procedente la revisión de medida cautelar solicitada por el procesado, tal como se estableció en párrafos precedentes, en consecuencia también deben velarse los derechos de la víctima como así lo establece el artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se garantizan los derechos de la víctima u ofendido, así como también se establece la Ley General de Víctimas en su arábigo 7 fracción II y 12 fracción II, que refieren al derecho de la víctima a que le sea resarcido el daño que se le haya provocado; por tanto, acorde a lo establecido por el artículo 1º de la Ley Cimera, párrafo tercero, esta autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal modo, se concluye que para la segunda medida cautelar que se otorga de exhibición de la garantía económica, la fijación de la cantidad de $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis 00/100 M.N.) que resulta el cincuenta por ciento de la cantidad que reclama la víctima; la cual podrá exhibir en cualquiera de la formas previstas por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: I. Depósito en efectivo, II. Fianza de Institución autorizada, III. Hipoteca, IV. Prenda. V Fideicomiso, o VI. Cualquier otra que a criterio de este juzgado cumpla suficientemente con esta finalidad, y por la cual se le concede un plazo de diez días para la exhibición de dicha garantía. Tal determinación se estima proporcional e idónea porque de lo manifestado en la audiencia verbal por el defensor del procesado JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, por el que se solicitó la revisión de la medida cautelar impuesta, se advierte que consideró prudente la imposición de ambas; además, permiten la presentación del referido procesado ante este juzgado para la continuación del proceso en el lugar en que se lleva a cabo y se afecta de manera mínima el desarrollo de su vida cotidiana; máxime que la exhibición de la garantía económica constituye un motivo eficaz para que el procesado se abstenga de incumplir sus obligaciones, tal y como lo prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Tal actuación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Estudio. Son infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen. Afirma que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales pues: La autoridad responsable con la emisión del acto reclamado violenta sus derechos establecidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, toda vez que restringe su derecho a obtener su libertad, ya que la garantía económica que le fijó violenta el principio de presunción de inocencia pues le está anticipando una pena, adelanta las consecuencias de una sentencia condenatoria sin antes destruir la inocencia del imputado. Que las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción para obtener pena anticipada, pues la responsable lo está obligando a exhibir una garantía económica que no es asequible, además que se está en la etapa de instrucción. La resolución reclamada viola el artículo 16 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, al no haber establecido la responsable cuales fueron los motivos o fundamentos en los que se apoyó para fijarle la cantidad de $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que resulta ser el cincuenta por ciento de la cantidad que reclama la víctima. Los conceptos de violación, cuyo estudio se hará de forma conjunta por la relación que guardan, resultan infundados por las razones que se exponen a continuación. Los artículos 153, 156, 157, último párrafo, 167, 168, 169, 170 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, disponen: ".Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Artículo 172. Presentación de la garantía. Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el Juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo." De los preceptos trascritos se desprende que las medidas cautelares en el procedimiento acusatorio se decretan a fin de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo o de la comunidad; y, evitar la obstaculización del procedimiento, respecto de tales aspectos debe pronunciarse el juzgador para el otorgamiento de la medida o medidas adoptadas, privilegiando que sean las menos lesivas para el imputado y atendiendo el principio de proporcionalidad. Tratándose de garantía económica, el artículo 172 el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que adicionalmente, deben considerarse: a) las características del inculpado; b) su capacidad económica; y, c) la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Por lo que la garantía deberá ser fijada de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado cumpla con los deberes derivados del proceso. En el caso, contrario a lo afirmado por el quejoso, la resolución reclamada a la responsable de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 08/2017 de su índice, satisface cada uno de los requisitos. Es así, porque el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, declaró procedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; sustituyó y fijó al procesado diversas medidas consistentes en: a) Presentación periódica; b) Exhibición de garantía económica; c) Prohibición de participar en concurrencias que tengan como propósito dar lugar a actos violentos; y, d) Abstenerse de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas o testigo del proceso que se le sigue. El quejoso JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA sustancialmente se duele que la cantidad que le fue fijada de $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), viola sus derechos porque restringe su derecho a obtener su libertad, violenta el principio de presunción de inocencia, le está anticipando una pena ya que adelanta las consecuencias de una sentencia condenatoria. Lo anterior resulta infundado. Para determinar el monto que debía exhibir el ahora quejoso, de manera fundada y motivada, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, expuso: "Ahora bien, para la fijación de la garantía económica que como segunda medida cautelar se concede al procesado de mérito, en términos del artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se toman en consideración: a) el peligro de sustracción del imputado a juicio; b) el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación c) el riesgo para las víctimas u ofendidos, para los testigos o para la comunidad; así como d) las características del procesado, e) su capacidad económica, y f) la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Respecto al peligro de sustracción del imputado a juicio, señaló que el procesado, según datos proporcionados en la declaración preparatoria, tiene su arraigo en el domicilio bien conocido en San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, el cual se corrobora con la evaluación de riesgos rendida por la Unidad de Medidas Cautelares, que confirma que el quejoso ha vivido en la población aludida por cincuenta y cuatro años, lugar donde ha habitado con sus familiares, tienen actividad económica, cuenta con dependientes económicos y no tienen posibilidades de salir fuera del país; que exhibió diversas documentales con las que acredita su arraigo en esa población y se establecía la presunción de que el procesado llevaba una vida pública en la población que habita, lo que impedía considerar que pudiera abandonar su lugar de residencia. En cuanto a la penalidad que prevé el delito equiparado a la retención agravada, el juez responsable señaló que conforme al artículo 379, en relación con el artículo 8, fracción I, 10 fracción I, y 11 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, la penalidad aplicable es de cinco a quince años de prisión; sin embargo, tal criterio no podía considerarse útil para estimar que pudiera sustraerse a la acción de la justicia, en razón de que tal circunstancia solo era una eventualidad que no pudiera regir la voluntad presente ni futura, ni había indicio de que así fuera. En cuanto al comportamiento del procesado, posterior al hecho cometido, señaló que ha sido bueno, ya que de autos no advertía lo contrario, ni mala conducta; no existía dato o motivo que arrojara la convicción de que haya tenido un comportamiento que incline a pensar que pudiera evadir la acción de la justicia y que el fiscal no aportó medio de prueba en ese sentido. Respecto al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, estableció la responsable que de la circunstancia del hecho imputado y de los elementos aportados hasta ese momento, no advertía dato alguno que permitiera presumir que el procesado pudiera destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, que tampoco estaba demostrado que pudiera influir en los testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente o que pudiera inducir a realizar tales comportamientos, menos aún que los intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en el proceso, circunstancia que, dijo, se corroboraba con el diagnóstico de riesgos emitido por la jefa de oficina en funciones evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca. En cuanto al aspecto consistente en el riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad estableció que no existía riesgo fundado de que pudiera cometerse en contra de dichas personas un acto que afecte su integridad personal o pongan en peligro su vida, lo que se adminiculaba con el diagnóstico de riesgos emitida por la jefa de oficina en funciones de evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca. Finalmente concluyó que no existían datos o medios de prueba idóneos que pusieran de manifiesto que el procesado pudiera impedir el desarrollo del procedimiento o que eludirá la acción de la justicia, dos de los aspectos sustanciales que debía ponderar el juzgador, aunado a que de las pruebas ofrecidas a favor del aquí quejoso JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, podía establecer que no representa ningún riesgo, no existía en autos información alguna que desaprobara la evaluación del riesgo que realiza. Así, conforme al artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales impuso las siguientes medidas: a) Presentación periódica; b) Exhibición de garantía económica; c) Prohibición de participar en concurrencias que tengan como propósito dar lugar a actos violentos; y, d) Abstenerse de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas o testigo del proceso que se le sigue. En relación a los lineamientos para la aplicación de las medidas, expuso que la presentación del procesado quejoso será los días treinta de cada mes, ante el órgano jurisdiccional, excepto que tales días sean sábados, domingos o festivos, pues en tal caso la presentación deberá realizarla al día siguiente hábil, constituyendo prueba idónea de esa presentación que estampe su firma en el libro que para tal efecto se autorice. Para la fijación de la garantía económica, como segunda medida cautelar concedida al procesado aquí quejoso tomó en consideración: el peligro de sustracción del imputado a juicio; el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; el riesgo para las víctimas u ofendidos, para los testigos o para la comunidad, así como las características del procesado, su capacidad económica, y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; que acorde al informe de la Unidad de Medidas Cautelares, no advirtió que el procesado se vaya a sustraer de la acción de la justicia; sin embargo, para la fijación de tal garantía tomó en cuenta que a dicho procesado se le instruyen diversas causas penales, conllevando a que no se podría determinar una cantidad mínima, puesto que ante dicha situación, podría derivar el incumplimiento de las medidas otorgadas; no determinó peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o un riesgo para las víctimas u ofendidos, y en cuanto a la capacidad económica del procesado, determinó que está en aptitud de exhibir la cantidad que se llegue a fijar, al tener ocupación de Representante Legal y Gerente de la persona moral denominada "Caja Mitla" S.C. de R.L., durante diecinueve años, y garantizando el derecho de la víctima en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó fijar la cantidad de $155,556.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), precisando que es proporcional la imposición de ambas medidas cautelares porque permiten la presentación del referido procesado ante el juzgado para la continuación del proceso en el lugar en que éste se lleva cabo y se afecta de manera mínima el desarrollo de su vida cotidiana; máxime que la exhibición de la garantía económica constituye un motivo eficaz para que el procesado se abstenga de incumplir sus obligaciones, tal y como lo prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la vigencia de la medida el juez responsable consideró las características del procesado; su capacidad económica; y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. De ahí que, este juzgador estima que la resolución reclamada, opuesto a lo afirmado por el quejoso, es apegada a derecho, al encontrarse debidamente fundada y motivada en términos del artículo 16 Constitucional, en tanto que, satisface los presupuesto a que se refiere el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que asegura la presencia del imputado en el procedimiento; garantiza la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo o de la comunidad; y, evita la obstaculización del procedimiento. Por otra parte, el juzgador responsable también acató lo establecido en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos penales, como también quedó precisado ya en párrafos anteriores, ya que se pronunció respecto a las características del inculpado; su capacidad económica; y, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Por tanto, deviene infundado el concepto de violación que plantea JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA en el que aduce que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio el artículo 1º constitucional, pues de las constancias remitidas por la responsable se desprende el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que el juez responsable libró orden de aprehensión en su contra por el delito equiparado a la retención agravada, previsto por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado, por cual se ejercitó acción penal en su contra; ejecutada ésta recibió su declaración preparatoria asistido de defensor particular; y el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete resolvió su situación jurídica (fojas 170 a 208 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017), debidamente notificado a las partes y tuvo al acceso al recurso optando su impugnación mediante el juicio de amparo del que conoció este órgano jurisdiccional mediante el juicio de amparo 44/2017 (fojas 589 a 598 del testimonio de constancias relativo a la causa penal 08/2017). Así también es infundada la afirmación del quejoso respecto a que la responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional al fijarle como garantía económica la cantidad de $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondiente al cincuenta por ciento de la cantidad que reclama la víctima, porque resulta una pena anticipada. Ello, pues la garantía económica fijada permite la presentación del quejoso para la continuación del proceso, máxime que constituye un motivo eficaz para que el procesado se abstenga de incumplir sus obligaciones, tal y como lo prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además como lo señaló que se le instruyen diversas causas penales, lo que podría derivar en el incumplimiento de las medidas otorgadas; sin que pueda considerarse una pena anticipada porque el monto reclamado por la víctima era superior a la fijada, además que también debe garantizar el derecho de ésta en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Infundado también resulta el concepto de violación del quejoso en cuanto a la trasgresión en su perjuicio del artículo 16 de la Constitución, porque para fijar el monto de la garantía la responsable tomó en consideración el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones que tomó en cuenta para ello. Es infundado que el juez responsable violente en perjuicio del quejoso el principio de presunción de inocencia de que el goza, porque el monto fijado como garantía económica, se realizó en términos del artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se tome como pena anticipada, porque la responsable expuso fundada y motivadamente el motivo por el determinó fijarle tal suma. Ante lo infundado de los conceptos de violación, este juzgador estima procedente negar el amparo y protección que de la justicia federal solicita JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistente en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 8/2017, de su índice, en la que se declaró procedente la revisión de la medida cautelar solicitada y le fijó como garantía la cantidad $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.). SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLIVERA, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistente en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 8/2017, de su índice, que declara procedente la revisión de la medida cautelar solicitada y le fijó como garantía la cantidad $155,556.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), en términos de lo expuesto en el penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, la tercera interesada Elvia Isela Olivera Juárez, quedó legalmente emplazada al presente juicio de garantías, el dos de enero del presente año, lo que lleva a concluir que no tuvo conocimiento del informe justificado rendido por la responsable con la oportunidad debida; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose nuevamente las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración Finalmente, de las constancias remitidas por el Secretario encargado por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la tercera interesada Elvia Isela Olivera Juárez, en diligencia de emplazamiento de fecha dos de enero del presente año, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en dicha diligencia, por lo que se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones mediante lista de acuerdos, aún las de carácter personal. NOTIFÍQUESE.
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