José Alfredo Cordova Valencia

Expediente 1137/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1137/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Cordova Valencia
  • José Alfredo Cordova Valencia y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de quince de octubre pasado, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que obran en la secretaría de este juzgado las documentales exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 18, segundo párrafo, del citado acuerdo general, toda vez que a tales documentos les reviste el carácter de originales, infórmese a la parte quejosa que puede acudir al presente Juzgado a recuperarlos dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado, apercibida que de no acudir a recogerlos, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Haciendo de su conocimiento que este Juzgado labora de manera presencial de lunes a viernes en un horario de las doce horas con treinta minutos (12:30) a las dieciocho horas con treinta minutos (18:30). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Córdova Valencia, Jerónimo Juvencio Martínez Hernández, Gilberto William Santiago Hernández, Mariano Ruiz Vásquez, Juan Carlos Sumano Santiago, Norberto Gabriel Duarte Soto, Gerardo Carrasco Carrillo, Jeanette Andrea Arrazola Vásquez, Iván Alejandro Jiménez Santiago, Eduardo Miguel Jarquín Arellanes, María Teresa Ortiz Porras, Justino Hilario Hernández Manuel, Mateo Vasconcelos García, Noel Arturo Arrazola López, Juan Alberto Arango Hernández, y Mayra Gabriela Rosario Vásquez, contra actos de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1137/2021. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: La ausencia de respuesta solicitud de once de mayo de dos mil veintiuno, hecha por el apoderado legal de la Compañía Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V., para ampliar la vigencia de la autorización en materia de impacto ambiental contenida en el oficio SEMARNAT-SGPA-DIRA-1731-2009, de diecinueve de octubre de dos mil nueve, que constituye uno de los permisos a través de los cuales opera la mina San José, municipio de San José del Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca. Precisado lo anterior, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos del citado ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Para el estudio de la causa de improcedencia invocada resulta importante destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Prosiguiendo con el estudio del motivo de improcedencia resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. De lo anterior se sigue que, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por tanto, sólo los titulares de las garantías constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora, debe decirse que en el caso los aquí promoventes José Alfredo Córdova Valencia, Jerónimo Juvencio Martínez Hernández, Gilberto William Santiago Hernández, Mariano Ruiz Vásquez, Juan Carlos Sumano Santiago, Norberto Gabriel Duarte Soto, Gerardo Carrasco Carrillo, Jeanette Andrea Arrazola Vásquez, Iván Alejandro Jiménez Santiago, Eduardo Miguel Jarquín Arellanes, María Teresa Ortiz Porras, Justino Hilario Hernández Manuel, Mateo Vasconcelos García, Noel Arturo Arrazola López, Juan Alberto Arango Hernández, y Mayra Gabriela Rosario Vásquez, carecen de legitimación para reclamar la falta de respuesta a la solicitud de once de mayo de dos mil veintiuno, en que se pidió la ampliación de la vigencia de la autorización en materia de impacto ambiental contenida en el oficio SEMARNAT-SGPA-DIRA-1731-2009, de diecinueve de octubre de dos mil nueve; pues como lo refieren en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, dicha petición fue hecha por el apoderado legal de la persona moral Compañía Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V., y no por los quejosos. Efectivamente, los antecedentes relatados por los quejosos, revelan que dicha petición fue realizada por la persona moral denominada Compañía Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales, delegación Oaxaca, a la que a la fecha no se le ha dado respuesta; por ello, es claro advertir que quien resiente el agravio, es la persona moral que suscribió dicha petición, por conducto de su apoderado legal, quien en un momento dado se encontraría legitimado para promover lo correspondiente con respecto a la falta de respuesta a tal petición. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis con número de registro 225116, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 566, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto". Por lo tanto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, atento a lo establecido por el numeral 113 del invocado ordenamiento legal. Sin que haya lugar a acordar lo relativo a la suspensión de plano del acto reclamado que solicita en la demanda, ya que el mismo no se encuentra ubicado dentro de los supuestos contemplados en los artículos 22 Constitucional, y 15 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a José Alfredo Córdova Valencia, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser sustituido. En atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que el usuario PilarGalvan83 y JPMachado, se encuentra registrados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se ordena agregarlo al expediente electrónico, además, como lo solicita, se ordena la práctica de notificaciones electrónicas, con esos nombres de usuario. Y como lo solicita, a los siguientes usuarios únicamente para consultar el expediente por la vía electrónica, Ngalaviz, CarlosLD, cervantesocs y LicMiqueas. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, a Gustavo Carvajal Isunza, Juan Pedro Machado Arias, María del Pilar Galván Luna, Carlos Federico del Razo Ochoa, Miqueas Bautista Arce, pues acorde a la certificación que antecede tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y respecto a las restantes personas téngaseles únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de cédula profesional, que se encuentren debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos pilar.galvan@carmac.mx y gustavo.carvajal@carmac.mx, y el número telefónico 5550620071 para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Por otra parte, y toda vez que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la parte quejosa solicita que al dictarse la sentencia respectiva, se omita publicar sus datos personales; para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Ahora bien, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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