José Alfredo González Ponce

Expediente 651/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
651/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo González Ponce
  • Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del veintisiete de julio al dos de agosto, ambos de agosto del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación realizada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, con fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ..., ratificó el escrito aclaratorio presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común y al día siguiente hábil en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, así como la firma que lo calza; por tanto, en atención al contenido de dicho ocurso, se tiene al citado promoverte por cumplimiento la prevención que se le formuló en auto de cinco de julio del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, promovida por ..., por derecho propio y en cuanto albacea de la sucesión de ..., carácter que acredita con las constancias que adjunta y que este órgano jurisdiccional le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y con la fracción III del normativo 172, todos de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En la especie la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, hace consistir los actos reclamados en: ".PRIMER ACTO: Reclamo de las autoridades señaladas como Responsable Ordenadora, la Sentencia del Toca I-128/2021 de fecha 17 de junio de 2021 en donde se revoca el auto de fecha 28 de Abril del 2021 marcado con el número 2, localizable en el folio 210, estipulado en el Considerando Tercero y Resultando Tercero. SEGUNDO ACTO: Reclamo de las autoridades señaladas como Responsable Ordenadora, la Sentencia del Toca I-128/2021 de fecha 17 de Junio del 2021 en donde se modifica el auto de fecha 28 de Abril del 2021 marcado con el número 3, localizable en el folio 217, estipulado en el Considerando Tercero y Resultando Tercero. Causando agravios ya que nos deja en total estado de indefensión, violentando previstos en el artículo 16 constitucional, y al no hacerse así, existen graves violaciones a las garantías que consagra nuestra Carta Magna, al no estar debidamente fundada, y menos motivada la referida sentencia del toca I-128/2021. Reclamo de las autoridades señaladas como ejecutoras, la ejecución, cumplimiento y materialización de la revocación y modificación de los autos de fecha 28 de abril del 2021, que obran en el expediente 152/2020 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro Michoacán". En el caso concreto, los actos aquí reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, responsable de revocar los autos de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitidos por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, para ahora no admitir las pruebas que ofreció la parte quejosa dentro del incidente de ampliación de inventario y avaluó de bienes, promovido en los autos del juicio de origen y, por el contrario, admitir la prueba ofertada por su parte contraria, consiste en una memoria USB, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación al 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la resolución interlocutoria que recaiga a dicha incidencia, en la que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a sus intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso dicha resolución incidental, a través del juicio de amparo, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el numeral 172, fracción III, de la Ley de la materia, que refiere que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito al parecer signado por el quejoso José Alfredo Gonzalez Ponce, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno; ahora bien, tomando en consideración que la firma que calza dicho ocurso difiere de la que obra en el escrito inicial de demanda y a fin de estar en condiciones de acordar lo que jurídicamente corresponda respecto de su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la citada quejosa, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que del presente acuerdo se realice, comparezca ante este Juzgado, con identificación fehaciente, a manifestar si ratifica el escrito de mérito, así como la firma que lo calza; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho libelo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia número 258, visible en la página 174, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". En la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a ratificar el escrito, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el promovente deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente a la parte promovente

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiocho de junio dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no se tienen elementos suficientes para determinar la situación económica del solicitante de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, requiérase por última vez a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite su capacidad económica, en la inteligencia que de no acreditar que se cumplió con el requerimiento realizado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, esto es, se sobreseerá fuera de audiencia el presente juicio por la falta de exhibición de los edictos correspondientes. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se fija como nueva fecha para su desahogo, las TRECE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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