José Alfonso Llamas Covarrubias
Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alfonso Llamas Covarrubias
- Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vistos los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, por conducto de su autorizado, hizo manifestaciones en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en La Piedad, Michoacán, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia dictada el quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 584 a 595), por una parte, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en La Piedad, Michoacán, realizara lo siguiente: "Por tanto, a fin de restituir al impetrante JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, en el goce de sus derechos, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en La Piedad, Michoacán, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: I. Dejar insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal 12/2017, y II. En su lugar, emitir una nueva determinación, en la cual, primero, habrá de abordar el estudio del cuerpo del delito y, de considerar acreditados sus elementos, procederá al análisis de la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, en la comisión del mismo, todo ello, siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia de amparo, esto es, examine de forma completa las pruebas que obran en la referida causa penal, subsane las omisiones indicadas en la presente y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente. 2) En auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la aludida sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en La Piedad, Michoacán (fojas 602 y 603). 3) El Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en La Piedad, Michoacán, en cumplimiento a la referida ejecutoria, realizó lo siguiente: I. Por oficio 1028/2018, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cinco de julio de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del proveído emitido el veintiuno de junio de esta anualidad, dentro de la causa penal 12/2017, mediante el cual dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada, pronunciada el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en contra del ahora quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 56, párrafo segundo, en vinculación con el 7°, fracción II y 269, en relación con el 270, fracción V, del Código Penal del Estado, en perjuicio de Mónica Arroyo Vicencio. II. Asimismo, acompañó copias certificada de la nueva resolución, pronunciada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal antes mencionada, en la que, con libertad de jurisdicción, dictó orden de aprehensión en contra del mencionado impetrante JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, por su probable responsabilidad en la comisión del mismo ilícito, esto es, de lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 56, párrafo segundo, en vinculación con el 7°, fracción II y 269, en relación con el 270, fracción V, del Código Penal del Estado, en perjuicio de Mónica Arroyo Vicencio. Ahora bien, los lineamientos que se dieron al Juez responsable, en la ejecutoria de amparo, son los siguientes: ".si bien es verdad, en el considerando SEGUNDO de la orden de aprehensión reclamada, el juez responsable señaló que los medios de convicción aportados por el Ministerio Público consignador, eran suficientes para demostrar el delito de lesiones culposas atribuido al indiciado, aquí quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, previsto y sancionado, en el artículo 56, párrafo segundo, en vinculación con el 7°, fracción II y 269, en relación con el 270, fracción V, del Código Penal del Estado, vigente en la época de comisión del mismo, perpetrado en perjuicio de Mónica Arroyo Vicencio, en términos de la regla específica de comprobación contenida en los artículos 110 y 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado, no menos lo es también que el ordinal 110 en cita no prevé dicha regla, esto es, la relativa a la comprobación del ilícito de lesiones, sino el de homicidio, pues el mismo dispone: . Posteriormente, la responsable de que se trata, en el mencionado considerando de la orden de captura que se analiza, refirió que el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del Estado, prevé que los elementos del cuerpo del delito de lesiones, cuando éstas fueren externas, se tendrán por comprobadas con los medios de convicción ahí precisados, para después concluir que, de conformidad con lo anterior, en los autos de la causa penal, sí se encontraba acreditado el primero de los elementos constitutivos del aludido ilícito, es decir, la causación de un daño en la salud de una persona, esto es, tuvo por demostradas únicamente las lesiones externas que dijo presentó la ofendida. Sin embargo, del contenido de dicha determinación, específicamente en la foja 11, la aludida responsable refirió que los menoscabos en la salud de la ofendida, estaban acreditados en términos de los numerales 108 y 109 del ordenamiento jurídico en cita, cuando lo cierto es que dichos numerales contemplan las reglas de comprobación de los elementos constitutivos del delito de lesiones, cuando éstas son externas e internas, respectivamente, las cuales son diversas entre sí, omitiendo el juez responsable señalar cuáles son las lesiones internas, así como con qué medios de convicción se acreditaron las mismas, o bien, si no existen lesiones internas. En otras palabras, el juez responsable fue omiso en especificar, primero, si las lesiones que dice presentó la ahora ofendida eran únicamente externas o también internas, y si se trataba de estas últimas, debió indicar con qué medios de convicción se acreditaron las mismas, pues sobre el particular, su resolución no es clara en ese sentido, dado que señaló que las lesiones de aquélla eran externas, pero al asentar su conclusión refirió: . De lo anterior se evidencia que el juez arribó a la conclusión de que las lesiones sufridas por la ofendida no sólo fueron externas, sino también internas, y respecto de estas últimas no refirió con qué medios de convicción se acreditaron, tomando en cuenta las reglas de comprobación que para ese efecto prevé el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales del Estado, mismo que dispone: . Ello es así, porque si bien es verdad, de conformidad con los numerales 108 y 109 del ordenamiento jurídico en consulta, las lesiones externas e internas, se tienen por demostradas con la inspección que de las mismas efectúen los funcionarios que practiquen la averiguación previa o por el tribunal que conozca del caso, así como con la descripción y clasificación que de ellas hagan los peritos médicos, no menos lo es también que, en términos del último de los ordinales en cita, las lesiones internas, además, se deben demostrar con las manifestaciones sintomáticas exteriores que se encuentren en la víctima y con el dictamen pericial en el que, previos estudios auxiliares de diagnóstico que el perito médico considere necesarios, se determinen las lesiones que presente la víctima, así como que las mismas han sido producidas por una causa externa y, en caso de no existir manifestaciones sintomáticas exteriores, bastará con el dictamen pericial; por tanto, si en la especie existen lesiones externas e internas, es necesario que se precisen los medios de convicción con las que se demuestren cada una de ellas. Igualmente, el juez responsable omitió precisar si de los certificados médicos que tomó en consideración, para tener por demostrados los elementos del cuerpo del delito de lesiones que analizó, se advertía cuál fue la causa que originó las alteraciones en la salud de la ofendida, es decir, si fue externa o bien, consecuencia de alguna enfermedad, ello, porque sólo se limitó a señalar que las causas de producción de las mismas se acreditaban con las declaraciones de los testigos que existían en autos, así como con lo expuesto por la propia víctima; empero, ello no es suficiente para tener por demostrado que se debió a causa externa atribuible a una conducta humana, como lo establece el numeral 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues debe precisarse si en los certificados médicos, los que son idóneos para ese fin, se indicó el origen de las lesiones que presentó la ofendida, si se debió a una causa interna propia del organismo de esta última, o bien, una externa, para de esa forma estar en condiciones de relacionarla con los testimonios de los atestes y de la propia ofendida". De la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, se advierte que el Juez responsable cumplió en su totalidad con los referidos lineamientos, pues sobre el particular, al abordar nuevamente el estudio del cuerpo del delito de que se trata, señaló que el mismo sí se actualizaba con el cúmulo de pruebas existentes en el sumario, respecto de las cuales hizo una transcripción de su contenido y otorgó el valor probatorio que estimó procedente, para posteriormente relacionar dichas probanzas con cada uno de los elementos que integran el ilícito de lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 56, párrafo segundo, en vinculación con el 7°, fracción II y 269, en relación con el 270, fracción V, del Código Penal del Estado, en perjuicio de Mónica Arroyo Vicencio, atribuido al ahora quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, esto es, precisó con cuales medios de convicción de los que enumeró, se acreditó cada uno de dichos elementos. Además, llevó a cabo un estudio de los datos que en concretó advirtió de las probanzas que examinó, los cuales al ser relacionados entre sí, a su consideración, estimó eran suficientes para que se actualizara el delito de lesiones que estudió, para lo cual expuso los razonamientos jurídicos respectivos que consideró procedentes. Esto es, en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se evidencia que el Juez responsable sí llevó a cabo un análisis individual de cada uno de los medios de convicción existentes en la causa penal de origen, respecto de los cuales precisó los datos que en particular se desprendieron de cada uno de ellos y expuso los motivos por los cuales, a su criterio, se actualizaban los elementos estructurales del delito que examinó, dejando establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se perpetró ese injusto en agravio de la ofendida Mónica Arroyo Vicencio. Asimismo, al valorar las pruebas existentes en la causa penal, para arribar a la determinación de tener por comprado el cuerpo del delito antes mencionado, la responsable prescindió de fundamentarlo en la regla específica de comprobación contenida en el artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues sólo se fundó en el numeral 112 de dicha codificación. Igualmente, en la resolución remitida por la responsable, se advierte que esta última describió las lesiones que presentó la víctima y señaló los medios de convicción con los que, a su consideración, se demostraban las mismas, en términos de los numerales 108 y 109 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Con base en lo hasta aquí expuesto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en La Piedad, Michoacán, dejó insubsistente la orden de aprehensión de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del proceso penal 12/2017, en contra del aquí quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó nuevamente orden de captura en contra de aquél, al estimar que se acreditó el cuerpo del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 56, párrafo segundo, en vinculación con el 7°, fracción II y 269, en relación con el 270, fracción V, del Código Penal del Estado, en perjuicio de Mónica Arroyo Vicencio, así como la probable responsabilidad del citado quejoso en su comisión. No impide estimar lo anterior, lo manifestado por el autorizado del quejoso JOSÉ ALFONSO LLAMAS COVARRUBIAS, al desahogar la vista que se le dio con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria emitida en este asunto, en el sentido de que la misma no ha quedado debidamente acatada, pues la responsable omitió nuevamente fundar y motivar la orden de captura dictada en contra de aquél, porque, dice, la responsable no señaló si en la especie se trataba de lesiones internas o externas, o ambas, además, no señaló con cuál certificado médico se llegó a la conclusión de que el daño en la salud de la víctima, se ocasionó por una causa externa o interna. Ello, porque del estudio de la nueva orden de aprehensión dictada por el juez responsable, se evidencia que este último, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procedió a analizar y valorar nuevamente el cúmulo probatorio existente en la causa penal de origen, para lo cual, en la resolución que dictó, hizo referencia a diversos medios de convicción que en la primera determinación no valoró ni listó, además, la fundamentación de esta última, es diversa a la plasmada en la nueva orden de captura, por lo que la actual fundamentación y motivación, no constituye materia de estudio de este pronunciamiento, dado que ello es materia de estudio en el fondo de la nueva resolución que dictó la responsable, pues como se advierte, se dejó libertad de jurisdicción a aquél para que emitiera su determinación en los términos que estimara procedentes, lo que así hizo, de ahí que todas las demás consideraciones que hace en su escrito no forman parte de esta ejecutoria, sino del estudio de fondo de ese nuevo acto dictado con libertad de jurisdicción. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al archivo como totalmente concluido. Finalmente, y tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, además de la resolución interlocutoria que resolvió sobre la suspensión definitiva concedida, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, al ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito presentado por Vladimir Pérez Heredia, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele haciendo las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria por el Juez Mixto de Primera Instancia en La Piedad, Michoacán, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Alfonso Llamas Covarrubias, por medio del cual solicita se endose y entregue a su apoderado ALEJANDRO SEPÚLVEDA ALANÍS, el billete de depósito número N 834450, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $37,390.50 (Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa Pesos 50/100 Moneda Nacional), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva del acto reclamado, carácter que este Juzgado le reconoce en términos del Poder General para Pleitos y Cobranzas que acompaña a su ocurso de cuenta, otorgado ante la fe del Notario Público Número 130, en el Estado de Michoacán, con facultades generales y especiales y en especial para que a nombre del quejoso acuda a este Juzgado a recibir el referido billete; en consecuencia, hágase entrega a la persona en mención del citado billete de depósito, que se dejó a disposición de la parte quejosa en auto del cuatro de junio de dos mil dieciocho, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que de ello se deje en autos. Por otro lado, glósese el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, relativo al oficio número 9865, dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en el que aparece la leyenda: "REHUSADO POR QUE NO CORRESPONDE LA AGENCIA A LA DIRECCIÓN QUE CITA"; por tanto, y tomando en consideración que su domicilio correcto es el ubicado en Carretera Zamora- La Piedad Kilómetro 40+500 en La Piedad, Michoacán, reenvíese el oficio a la autoridad en cita para su debida notificación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 1028/2018, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia en La Piedad, Michoacán; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y adjunta las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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