José Alfredo González Deciga
Expediente 279/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Alfredo González Deciga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por lo anterior, requiérase a la parte quejosa, a fin de que en el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, comparezca a recibir las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo así, en su momento las mismas correrán la suerte del presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por ******* contra las omisiones del Ayuntamiento Municipal de Juárez, Chihuahua, y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el catorce de marzo de dos mil diecisiete, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, *******, quien adujo ser empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Chihuahua, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra omisiones del Ayuntamiento Municipal de Juárez, Chihuahua, y otras autoridades municipales, a quienes les atribuyó la falta de contestación al escrito, mediante el cual solicitó el otorgamiento de su jubilación por años de servicio. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La quejosa consideró que la resolución que impugna transgredió en su perjuicio el contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El quince de marzo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda como amparo indirecto *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de omisiones atribuidas a autoridades que ejercen sus funciones dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete, a través del que solicitó el otorgamiento de su jubilación por años de servicio, respecto del puesto de policía III, que desempeña en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable, Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, Chihuahua, negó la existencia de la omisión que le fue atribuida y aseveró que el quejoso le no formulado petición alguna. Ante la ausencia de prueba que desvirtúe la negativa formulada por dicha autoridad y por el contrario, advertirse que el escrito que refiere el quejoso no se le ha dado contestación, se encuentra dirigido a autoridades distintas de la citada Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Municipal, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de la mencionada responsable, al resultar inexistente la omisión que se le atribuyó, pues no obra prueba de que se le haya formulado alguna solicitud que se encontrara en obligación de contestar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte SCJN, Segunda Sección, materia común, página 305, del tenor: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de la omisión reclamada. Al rendir su informe con justificación, el Ayuntamiento Municipal, el Presidente Municipal y el Oficial Mayor, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, aceptaron la existencia de la omisión que les fue atribuida; por ende, debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otro lado, al rendir sus informes con justificación, el Jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Regidor del Ayuntamiento Coordinador de Trabajo y Previsión Social, negaron la existencia de la omisión que de dar contestación al escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual, el quejoso solicitó el otorgamiento de su jubilación por años de servicio, respecto del puesto de policía III, que desempeña en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Chihuahua. No obstante lo aducido al rendir su informe, sus negativas se encuentran desvirtuadas, en atención a que dentro de las pruebas que exhibió la parte quejosa, obra el escrito de quince de febrero de dos mil diecisiete, a través del que solicitó el otorgamiento de su jubilación por años de servicio, que dirigió al Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Coordinador de la Comisión de Regidores de Trabajo y Previsión Social, así como los sellos de recepción específicamente de la Dirección Recursos Humanos Municipal, así como de la Coordinación de Regidores Municipal; por ende, la negativa formulada se encuentra desvirtuada y deba tenerse por cierta la existencia de la omisión reclamada. QUINTO. Análisis de la improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado determina que se actualiza causal de improcedencia, que amerita sobreseer en el presente juicio. Para evidenciar tal aserto, cabe precisar que de la lectura de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, la omisión del Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Dirección de Recursos Humanos, y Regidora Coordinadora de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, todas ellas del Municipio de Juárez, Chihuahua, que hizo consistir en la falta de respuesta al escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete, a través del que solicitó el otorgamiento de su jubilación por años de servicio, respecto del puesto de policía III, que desempeña en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Chihuahua. El juicio de amparo indirecto que se formula contra esas omisiones es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.] 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.] De los preceptos transcritos se colige que por Autoridad debe entenderse aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por Autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por no oponerse a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el concepto Autoridad para efectos del juicio de amparo, que se encuentra plasmados en la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, es ilustrativo para distinguir cuándo se está en presencia de una Autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es importante puntualizar, que la nueva Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo. Conforme a lo expuesto no todo acto, aun emitido por un ente del Estado, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación. En efecto, el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Conforme a la teoría general del derecho, todo sistema jurídico contempla una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, cuando el Estado establece una relación contractual con una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En ese contexto, es importante destacar que si bien de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables al Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Dirección de Recursos Humanos y Regidor Coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, todas ellas del Municipio de Juárez, Chihuahua, a quienes les imputó la omisión de dar respuesta a su solicitud para obtener la jubilación por años de servicio, que estima le corresponde en términos del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, al que hizo referencia el Oficial Mayor del Municipio. Lo anterior, permite establecer que la omisión que atribuye a los funcionarios municipales deriva de su necesidad de que le sean otorgadas prestaciones que son consecuencia del vínculo que subyace entre los empleados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Municipio de Juárez, Chihuahua, sobre la base de un acto jurídico que, en su caso, obligaría al municipio patrón a otorgar determinadas prestaciones derivadas de la prestación del servicio, en cuyo caso se actúa en un plano de igualdad equivalente al de un patrón y sus trabajadores, aun en su calidad de servidores públicos municipales, dado que involucra el cumplimiento de ese vínculo que los une. Por lo que, es inconcuso que en la omisión que se les atribuye a las autoridades municipales, Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Jefe de Recursos Humanos, y Regidor Coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, todas ellas del Municipio de Juárez, Chihuahua, actúan omisivamente en su carácter de ente patronal del promovente de la demanda de amparo, esto es, como consecuencia del vínculo empleado-empleador que los une, lo que no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, mediante el cual se afecte la esfera jurídica de estos últimos, sino por la relación de coordinación equivalente a la del patrón y sus trabajadores y que, como antes se vio, son aquéllas que se entablan como si se tratara de particulares. En esta tesitura, no se puede considerar como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tienen su origen en una relación jurídica con sus empleados; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente debe acudir al procedimiento ordinario correspondiente, en el que demande el respeto a los derechos que estime se encuentran reconocidos en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, que el quejoso solicitó le fuera aplicado por las responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, séptima época, volumen 151-156, Quinta Parte, página 232, del tenor: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes: quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse. Lo anterior se robustece si se considera que las condiciones de trabajo según las cuales determinados empleados -público o privados- prestan un servicio subordinado, no es absoluta, pues está condicionada a que no se estipulen derechos inferiores a los consignados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que no se vulneren derecho humanos; sin embargo, las determinaciones emitidas por el patrón (aun tratándose del Estado), si bien poseen una naturaleza normativa, esa circunstancia no es bastante para otorgarle el rango de ley, pues no posee las características formales ni los efectos materiales propios del acto legislativo, ni puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de impugnación en el juicio de amparo, ya que no colma las características que todo acto de autoridad debe tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de control constitucional, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad y que, por ende, incida en forma unilateral en la esfera jurídica de los que integran la relación contractual respectiva. En tales condiciones, se deduce que las omisiones emanadas de dicho ente patronal, tales como el otorgamiento de prestaciones económicas a ciertos trabajadores, no están revestidas de las características propias de los actos de autoridad necesarias, para instaurar el juicio de amparo en su contra; lo que, se insiste, hace improcedente la presente instancia constitucional. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, de Marzo de 2016, Tomo II, materia común, página 1639, del siguiente tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que los informes justificados de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Oficial Mayor adscrito al Municipio de Juárez, Coordinador de la Comisión de Regidores del Trabajo y Prevención Social adscrito al Municipio de Juárez y Presidente del Municipio de Juárez, no fueron rendidos con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente del Municipio de Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. rmi
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