José Alejandro De León Hernández

Expediente 900/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
900/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • José Alejandro De León Hernández
  • José Alejandro De León Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio el oficio 5783/2018 suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el toca en revisión 59/2017, del índice de aquél Tribunal Colegiado, con motivo del recurso de revisión que interpuso la parte tercero interesada, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión a que este toca se refiere. (.) Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósese el cuadernillo de antecedentes y con transcripción del presente proveído, acúsese el recibo correspondiente. Por lo anterior, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan el escrito y anexo presentados por parte del tercero interesado, mediante los cuales interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida dentro del presente juicio. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número *******, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, con copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución del escrito de interposición del medio de impugnación, entre las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******, por conducto de su defensor particular, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, por conducto de su defensor particular, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguiente AUTORIDAD RESPONSABLE: Licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Con domicilio en las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicadas en calle Barranco Azul sin número, de la Colonia Toribio Ortega, de esta ciudad, en su doble carácter de ordenadora y ejecutora. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable se reclama la resolución dictada en la audiencia de formulación de imputación de 30 de septiembre de 2016, dentro de la causa penal *******, en la que se decretó la medida cautelar prevista por el artículo 155 fracción V, consistente en imponer al agraviado "la prohibición de salir sin autorización del país. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya emisión y ejecución tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, celebrada en la causa penal *******, exclusivamente en la parte relativa a la imposición de medidas cautelares, específicamente la consistente en la prohibición de salir del país y de la localidad sin autorización judicial, prevista en el artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 38 bis), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******, entre otras cosas y entre otras medidas cautelares, impuso al aquí quejoso la consistente en la prohibición de salir del país y de la localidad, sin autorización judicial, prevista en el artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, el Juez de Control responsable, remitió copia certificada de la transcripción escrita de la audiencia reclamada, así como videograbación certificada de la misma. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez de Control responsable, dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del acto reclamado. En principio se precisa que en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza penal y afecta la libertad personal del quejoso, que es el imputado en el proceso natural, será analizado supliendo la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, como se indicó en el considerando segundo, el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, celebrada en la causa penal *******, exclusivamente en la parte relativa a la imposición de medidas cautelares, específicamente la consistente en la prohibición de salir del país y de la localidad sin autorización judicial, prevista en el artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho acto de autoridad, desde luego debe cumplir con el requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se tiene que el artículo 153, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los objetivos de las medidas cautelares son asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del Procedimiento, así como que, deberán ser impuestas por el tiempo indispensable para lograr todo lo anterior. Ahora bien, a efecto de decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, conforme al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control debe tomar en cuenta las circunstancias ahí descritas, como el arraigo que tenga el imputado en el lugar donde deba ser juzgado, la falsedad sobre su domicilio, el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse, la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o el desacato a citaciones para actos procesales que le hubieren hecho autoridades jurisdiccionales o investigadoras . Al respecto, el Juez de Control responsable, al emitir la determinación reclamada, argumentó, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 42 vuelta, 44 y 44 vuelta): (.) los artículos 167, 168, 169 y 170 del mismo Código Nacional, nos indica el Legislador las pautas que los Jueces debemos de ponderar para determinar si están presentes, esos riesgos de sustracción, riesgo para la víctima o de obstaculización del proceso, nos regula el primero de los Artículos también la cautelar de prisión oficiosa; en este contexto la Fiscalía controvierte que está presente un peligro de sustracción del imputado y este se determina, nos indica, por lo que regula la fracción II del Artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumento que también aborda el asesor jurídico, el Artículo 168 nos indica que debe de ponderarse por los Juzgadores para determinar si está presente un peligro de sustracción del imputado al proceso, si el máximo de la penal que en su caso se le pudiera imponer y a la vez la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste. (.) también se controvierte por la coadyuvante en el caso concreto que está en peligro la sustracción del imputado, en virtud de las facilidades que tiene para abandonar esta localidad y en este orden de ideas se ha ventilado que con inmediatez a los hechos se recluye en la vecina ciudad de El Paso Texas, lo cual no fue motivo de controversia, también se ventiló que con motivo de sus asientos económicos y de tener un hermano con una enfermedad en aquella localidad, ha estado, tiene que acudir reiteradamente a la vecina ciudad, este Juzgador concluye que esta causal, la facilidad que el imputado tiene por su condición económica, por su asiento de actividades económicas y por lo relativo a su hermano enfermo, pues desde luego facilitan su sustracción, tiene una facilidad para abandonar el País, abandonar el esquema de lineamientos jurídicos del Estado Mexicano, al estar residiendo en esta Frontera y con las facilidades para viajar al extranjero, por ello esta circunstancia para este Juzgador sí es determinante, en virtud de que si bien es cierto el comportamiento que el imputado ha dado al proceso, aparentemente reflejan un sometimiento al mismo, sin embargo se advierte que la primer tendencia, la primera conducta que hizo con inmediatez al hecho fue retirarse hacia el vecino País antes de acudir a la audiencia interpone un juicio de amparo, con esa intención en la cual cuida que no se le restrinja de su libertad personal mediante un acto procedimental, son actos pues que reflejan que la tendencia del imputado pues en efecto es mantener su libertad bajo cualquier contexto, ya sea bajo un medio legal o ya sea poniéndose afuera del esquema de autoridad acudiendo al vecino país; es por ello que este Juzgador encuentra por esta causa, está presente una presunción razonable de sustracción, suponiendo que estamos en un momento inminente para enjuiciarlo y que es inminente que se le pueda restringir de su libertad, estos factores facilitan esta sustracción, dejan patente ese peligro de sustracción a la acción de la justicia, es por este razonamiento que encuentro sustentable esta circunstancia, sin que sea obstáculo el hecho de que el imputado tiene la necesidad de acudir quizás por la enfermedad de un hermano, aspecto que no se desmerita sin embargo la necesidad no desvirtúa el peligro de la sustracción a la acción de la justicia, tampoco desvirtúa el peligro de sustracción la necesidad que tiene con motivo de sus asientos económicos en aquella localidad, en virtud de ello este Juzgador encuentra acreditado ese peligro de sustracción en esos dos parámetros de las fracciones I y II del Artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, se desprende que uno de los hechos que el Juez de Control responsable tomó en cuenta para considerar que en el caso, existe peligro de sustracción del imputado, aquí quejoso, es el consistente en que haya promovido un juicio de amparo en contra de la cita para formularle imputación, en el cual se le otorgó la suspensión provisional para el efecto de que, acudiendo a dicha cita, no se le privara de su libertad; juicio de amparo que es del índice de este Juzgado, al cual le correspondió el número de expediente *******, lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, la promoción de un juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, es decir, constitucional y convencional, con el que cuentan todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de autoridad que, entre otros supuestos, vulneren derechos humanos y garantías otorgadas para su protección, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, medio de defensa previsto en el artículo 103 de dicha Carta Magna y regulado por la Ley de Amparo. Es decir, que la promoción del juicio de amparo es un derecho de todas las personas en este país y en esa medida, el ejercicio de un derecho, específicamente de un medio de defensa contra actos de autoridad, previsto y regulado en la legislación del Estado Mexicano, no puede utilizarse como argumento para probar en contra del quien lo ejerció, pues es sencillamente contrario a la lógica que, una persona intentando defenderse de la arbitrariedad de la autoridad (llegue a ser cierto ese extremo o no), a la postre obtenga por ello un perjuicio en su esfera jurídica. Por lo tanto, se estima que la determinación del Juez de Control responsable, emitida en audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, carece de una adecuada motivación en cuanto a la estimación de la existencia de peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte del aquí quejoso y en esas condiciones lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: Para que el Juez de Control responsable, deje sin efecto la determinación de imponer al quejoso *******, la medida cautelar de prohibición de salir del país y de la localidad, prevista en el artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitida en audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal ******* (se aclara que dicha audiencia no debe quedar sin efecto en su totalidad, ni quedar sin efecto el resto de medidas cautelares impuestas al aquí quejoso, sino únicamente debe quedar insubsistente el aspecto señalado de dicha audiencia y la medida cautelar reclamada), y Para que lleve a cabo una diversa audiencia a fin de que, con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre la petición de imposición al aquí quejoso de la medida cautelar indicada en el punto que antecede, pero sin tomar en cuenta el argumento señalado en el cuerpo de este considerando. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la licenciada ******* Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, hasta el día de hoy, treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el oficio y anexo que remite el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. En atención a la copia certificada de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el cinco de octubre del año en curso, que remite, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de los actuales, por lo que, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Además, se tiene a dicha autoridad informando que se designó por parte del quejoso, al licenciado ****, como su defensor particular en la causa penal *****, de su índice, por lo que, continua el reconocimiento como tal, del promovente de amparo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

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