José Alfredo Coba Hernández
Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2021
Partes del expediente
- José Alfredo Coba Hernández
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de julio de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad responsable, se ordena su devolución a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Quejoso cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso José Alfredo Coba Hernández, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído del veintiuno de junio del presente año, pues precisa que únicamente señala como autoridad responsable a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, además de que exhibe copias suficientes de su demanda de amparo y escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y tramitar el incidente de suspensión. En consecuencia, con base en las manifestaciones del quejoso en su demanda y escrito aclaratorio, y las constancias relativas al juicio laboral D-1/400/2012, se procede a acordar lo conducente. Así del se estima procedente desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se aprecia que el quejoso reclama la resolución del ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral D-1/400/2012 del índice de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en la que se declaró improcedente el recurso de revisión que promovió en contra de los actos de ejecución del laudo que se habían efectuado. Así, respecto a dicho acto oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia o laudo, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia o laudo, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Así, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, y que son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil doce, Rafael Acevedo Huerta, por conducto de sus apoderados, promovió juicio laboral en contra de José Alfredo Coba Hernández y otros, reclamando la reinstalación a su fuente de trabajo, además del pago de diversas prestaciones, derivado de lo que consideró un despido injustificado (fojas 1 a 3 del tomo anexo I). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, quien por auto del veintidós de junio siguiente la registró con el número D-1/400/2012, y la admitió a trámite, por lo que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó emplazar a los demandados (foja 5 ídem). El veintiuno de octubre de dos mil trece tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en donde se tuvo al quejoso formulando su contestación de demanda (fojas 20 y 21 ídem). Seguidas las etapas procesales el uno de octubre de dos mil quince se dictó el laudo respectivo, en el que se resolvió que la parte actora había probado su acción y se condenó al quejoso y a otra demandada a reinstalar al trabajador y al pago de diversas prestaciones (fojas 98 a 100 ídem). Inconformes con lo anterior José Alfredo Coba Hernández y Arely Victoria Coba Sandoval, promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número 161/2017, y lo resolvió el treinta de mayo de diecisiete, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada (fojas 119 a 152 ídem). Por auto del diez de enero de dos mil dieciocho la Presidenta adscrita a la Junta responsable despachó auto de ejecución por la cantidad de un millón cuatrocientos dos mil seiscientos catorce pesos con cincuenta centavos, por lo que se ordenó requerir de pago a los demandados y en caso de que no lo hicieran se embargaran bienes de su propiedad para garantizar el adeudo (foja 153 ídem). En cumplimiento a lo anterior, el veinte de marzo posterior la Actuaria adscrita a la Junta responsable se constituyó en el domicilio señalado para desahogar la diligencia, y dado que no se encontraban los interesados fue atendida por quien dijo llamarse Guadalupe Flores, y en virtud de que no se realizó el pago de lo adeudado se trabó embargo sobre un inmueble (fojas 157 y 158 ídem). El seis de marzo de dos mil veinte, se tuvo al quejoso promoviendo recurso de revisión en contra de los actos de ejecución del laudo que se habían verificado, por lo que se señaló fecha y hora para una audiencia de pruebas y alegatos, y se ordenó notificar a su contraparte (foja 173 ídem). Finalmente, el ocho de marzo de dos mil veintiuno se dictó la interlocutoria respectiva, en donde se declaró improcedente el recurso de revisión plantado por el quejoso (foja 191 a 193 ídem), siendo este el acto reclamado. De los antecedentes narrados, se desprende que en contra del quejoso se promovió un juicio laboral, al cual compareció, pues incluso contestó la demanda. Asimismo, en dicho procedimiento ya se dictó laudo, el cual se encuentra firme, pues aun cuando se promovió juicio de amparo directo en su contra, se negó la protección constitucional solicitada; además, se observa que en el fallo se condenó, entre otras cosas, al pago de ciertas prestaciones. En ese contexto dado que el fallo quedó firme, la parte actora solicitó su ejecución, por lo que se dictó el acuerdo del diez de enero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó requerir a los demandados -entre ellos el quejoso- para que efectuaran el pago de lo condenado; asimismo, dado que el justiciable no cumplió con lo anterior, en diligencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho se trabó embargo sobre un inmueble. Luego, inconforme con lo realizado en la ejecución de laudo el quejoso promovió recurso de revisión, el cual se resolvió el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de declaró improcedente. Por lo tanto, es evidente que la resolución reclamada se dictó en la etapa de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen, tan es así que con dicho medio de impugnación se trató de combatir las actuaciones mediante las cuales se ordenó requerir de pago de lo condenado y la diligencia en la que se embargó un inmueble para garantizar dicho pago. No obstante, la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva de laudo, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, se reitera que la resolución reclamada se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución del laudo, pero no constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues la resolución reclamada no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En ese contexto, la resolución reclamada, tampoco se considera de imposible reparación en la etapa de ejecución del laudo, pues con ella no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia -en lo sustantivo-, pues en dicha resolución únicamente se declaró improcedente un recurso de revisión en contra de los actos de ejecución de laudo, que concretamente consistían en el auto que ordenó requerir del pago de lo condenado y su ejecución, bajo el argumento de que previamente a realizar esos actos se tenía que haber reinstalado al trabajador en la fuente de trabajo, pero no se pretende concluir con el procedimiento ejecutivo. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra de la interlocutoria controvertida, por haberse verificado en la etapa de ejecución del laudo y, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento del laudo, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. Corrobora lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1482, tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2008, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Alfredo Coba Hernández. Finalmente, tomando en consideración el volumen del juicio laboral D-1/400/2012, con fundamento en lo que disponen los numerales 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de la Materia, fórmese por separado un tomo de pruebas a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del tres de junio de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
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