Jose Alfonso Gregorio Cortes Zamora
Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Jose Alfonso Gregorio Cortes Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del quince de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Cuaderno incidental (concedió la provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Devuélvanse al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla los legajos de pruebas I y II, los cuales remitió en apoyo al informe que le fue solicitado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese; por estrados a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado sin vista. Agréguese a los autos el oficio del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado; sin que se emita mayor determinación al respecto, toda vez que el quince de noviembre de dos mil veintidós se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Delegados y Domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Devolución de documentos. Una vez que cause estado la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, le serán devueltas las documentales que anexó a su oficio. Uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento que ya se encuentra autorizado el uso de medios electrónicos y digitales. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Litis constitucional. Parte quejosa. ... Autoridades responsables: -Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. -Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Puebla. Acto reclamado. -La orden y ejecución de la suspensión temporal sin goce de sueldo como trabajador del Ayuntamiento de Puebla. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, como lo señalaron las autoridades responsables, el juicio de amparo fue promovido fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.) Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Del primer numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, las cuales son excluyentes entre sí, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, de las constancias que obran en el juicio de amparo y sus anexos, se desprende los siguientes antecedentes: 1) Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla consignó, entre otros, al quejoso, quien fue suspendido temporalmente, sin percepción de sueldo hasta en tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla resolviera en definitiva respecto de la terminación de los efectos del nombramiento de trabajador de base, sin responsabilidad para el indicado Ayuntamiento. 2) En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla radicó el expediente con el número ... y, entre otras determinaciones, ordenó notificar al trabajador sujeto a la consignación, y ordenó girar oficio al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para comunicarle que se había admitido la consignación del trabajador con efectos de suspensión sin goce de sueldo, hasta en tanto el indicado Tribunal resolviera en definitiva. 3) Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso contestó la demanda, al inconformarse con la suspensión temporal sin goce de sueldo ordenada por la Síndico Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 4) En acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso exhibiendo su contestación de demanda, y se señalaron las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, ofrecimiento y desahogo de pruebas. Establecido lo anterior, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla radicó el expediente con el número ... y, entre otras determinaciones, ordenó girar oficio al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para comunicarle que se había admitido la consignación del trabajador quejoso, con efectos de suspensión sin goce de sueldo, hasta en tanto el citado Tribunal resolviera en definitiva. En ese orden, se estima que el quejoso conoció del acto reclamado, por lo menos, desde la fecha en que produjo su contestación de demanda [veintidós de noviembre de dos mil veintiuno], pues fue con ese acto procesal que evidenció tener conocimiento del proveído del Tribunal responsable en que ordenó comunicar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la suspensión temporal de la relación de trabajo sin goce de salario, del ahora solicitante de la protección constitucional. Lo anterior se corrobora, si se pondera que, incluso, en ese escrito de contestación de demanda, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones relacionadas con la suspensión temporal sin goce de salario, decretada por la Síndico Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, pues señaló: (.) no obstante conozco la existencia de la consignación, y su contenido, en virtud de que diversos trabajadores y trabajadoras de base nueva, han sido notificados por este Tribunal, de una consignación con efectos de suspensión sin goce de sueldo, aunado a que el suscrito no he recibido sueldo como de manera consuetudinaria venía recibiendo del Municipio de Puebla, (.). (.) No obstante lo anterior, este Tribunal debe observar que el escrito de la Síndica Municipal, se reviste de ilegalidad en virtud de que de manera arbitraria, al momento de la presentación de la demanda, ya había suspendido al suscrito, con el carácter de temporal sin percepción de sueldo, sin que antes existiera una resolución debidamente emitida por este Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por la cual el nombramiento dejara de surtir efectos, tal como se desprende de su escrito de demanda en su segundo párrafo. (.) no así la Síndica Municipal quine excede sus facultades y atribuciones suspendiendo al suscrito solo por voluntad o capricho propio, revistiendo dicha suspensión el carácter de arbitraria e ilegal. (.) Por lo expuesto, el actuar del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla es ilegal, siendo que entrometiéndose en la vida interna del Sindicato denominado 'Licenciado Benito Juárez García', me privó de un salario y pretende suspenderme del resto de mis derechos laborales (.) De las anteriores transcripciones se desprende que el quejoso, por lo menos, desde la contestación de la demanda en el expediente de origen [veintidós de noviembre de dos mil veintiuno], tenía conocimiento de la suspensión sin goce de sueldo, hasta en tanto el Tribunal de Arbitraje resolviera en definitiva. En efecto, de autos se advierte que, por lo menos, desde el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo conocimiento de la orden dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por la cual comunicó al mencionado Ayuntamiento la admisión de la consignación con suspensión temporal de la relación laboral sin goce de salario, y fue hasta el dos de mayo de dos mil veintidós que presentó su demanda de amparo, por lo que es evidente que su promoción resulta extemporánea, al promoverse después de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I a IV, dado que se refieren a supuestos diferentes a la materia de trabajo que es de donde emana el acto reclamado, aunado a que tampoco se reclama una norma de carácter autoaplicativa, ni actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la ley de la materia; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al acto reclamado del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, al haber sido reclamado en vía de consecuencia y no por vicios propios. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Tomo de pruebas. Ahora, tomando en consideración el volumen del anexo remitido por la citada autoridad, con fundamento en lo que disponen los numerales 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de la Materia, fórmese por separado un tomo de pruebas identificado como anexo III a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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