José Alfredo Cervantes Solís

Expediente 2257/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2257/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Cervantes Solís

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII. Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de enero de la presente anualidad, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VIII. Mérida, Yucatán, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuario ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente. Ahora bien, es de señalarse que de la revisión de las constancias que remitidas en apoyo con el informe justificado, se advierte se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente y Actuario ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la negativa de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 486/2019 de su índice y la falta de notificación de esa determinación. Sin embargo, del informe justificado de cuenta y de las constancias certificadas que la autoridad responsable remitió con el mismo, a los que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó el acuerdo de pruebas correspondiente, mismo que fue notificado a las partes el tres de enero de la presente anualidad. Lo anterior, es posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO . En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con catorce minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, con quien actúa legalmente, se procedió a celebrar la audiencia incidental sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el Secretario da lectura al escrito de demanda, a las demás constancias de autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados en estos autos incidentales. Asimismo, le informo que el Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación (correcta denominación), fue omiso en rendir su informe previo, aún y cuando obra en autos la boleta de notificación relativa al oficio 22944/2021 con el que se le solicitó. Ahora, toda vez que la parte quejosa fue omisa en hacer manifestación alguna con relación a la vista que se le otorgó en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el proveído en comento, por lo que, no se tiene como autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes en Trámite de la Fiscalía General del Estado. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, por rendidos los informes previos de cuenta y con fundamento en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental de mérito. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales remitidas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Al respecto, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas de que se trata, para ser consideradas conforme al valor que merezcan al resolver sobre la suspensión; con lo anterior, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que la parte tercero interesada los formularon, por lo que se cierra dicho periodo. A continuación, no habiendo pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a que hacer mención y encontrándose debidamente integrado este expediente se dicta la siguiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1581/2021-IV promovido por Juan Carlos Sánchez de Córdova, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. En la demanda de amparo Juan Carlos Sánchez de Córdova solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado y otras autoridades, autoridades señaladas como responsables en este asunto, los cuales hizo consistir en: la orden de una orden de aprehensión, presentación o detención y la ejecución inminente de la misma. Segundo. En el acta que antecede, no se tuvo como autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes en Trámite de la Fiscalía General del Estado. C o n s i d e r a n d o: Primero. Los Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Vicefiscal de Investigación Control y Procesos por suplencia del Fiscal General, encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y Directo Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir su correspondiente informe previo negaron expresamente la existencia de los actos que se les reclaman, sin prueba en contrario de la parte quejosa. Por otra parte, el Juez Primero de Oralidad Familiar turno vespertino Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, si bien es cierto que acepta el acto reclamado en este juicio de amparo, también es cierto que de las manifestaciones que se vierten del mismo hace referencia al apercibimiento realizado al quejoso de un posible arresto administrativo, de ahí que no se tenga por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 286, visible a página 237, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS CONTRA LO QUE EN EL SE AFIRMA, Y CONSECUENTEMENTE, NEGARSE LA SUSPENSIÓN SI SE NEGÓ LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, A NO SER QUE EN LA AUDIENCIA SE RINDAN PRUEBAS EN CONTRARIO." Por otra parte, el Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de la Policía Estatal de Investigación (correcta denominación), fue omiso en rendir su informe previo, no obstante estar oportunamente notificado para ello, según se advierte de la boleta de recibo correspondiente al oficio 22944/2021, sin que sea dable presumir cierto el acto reclamado a dicha autoridad, toda vez que al tener el carácter de ejecutora y al haber negado las autoridades responsables ordenadoras los actos reclamados, según se advierte de la lectura de los informes previos, es inconcuso que no podrá llevar a cabo órdenes inexistentes; de ahí, que no se tenga por cierto el acto de molestia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega a la parte quejosa Juan Carlos Sánchez de Córdova la suspensión definitiva de los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables en este asunto por las razones expuestas en el único considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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