José Alfonso Lujano Rocha
Expediente 2928/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Alfonso Lujano Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el informe en alcance remitido por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal Acusatorio y Oral del Estado, autoridad responsable en este asunto, mediante el cual hace diversas alegaciones relacionadas con el acto reclamado y comunica la situación jurídica del quejoso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que exista un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de Amparo, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, en razón que el aquí quejoso reclama la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en autos del toca penal 85/2022, en la que modificó la resolución apelada y resolvió imponer al aquí quejoso la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en una garantía económica, por la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, así como que del oficio de cuenta, el cual tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que si bien mediante acuerdo de fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la resolución de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, emitida por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en autos del toca penal 85/2022, en la que se modificó la determinación apelada y se impuso al aquí quejoso José Alfonso Lujano Rocha, las medidas cautelares respectivas; sin embargo, con fecha veintiuno de marzo del presente año, se aprobó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, por el plazo de seis meses, y se suspendieron las medidas cautelares que en su oportunidad fueron impuestas al quejoso. Asimismo, en el oficio de cuenta la Juez de Control, manifestó que el veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, se reestructuró la suspensión condicional del proceso que se había aprobada el veintiuno de marzo del mismo año y por lo que se refiere a la medida cautelar consistente en la garantía económica no se depositó cantidad alguna, pero al aprobarse la salida alterna se suspendieron tales medidas, entre ellas, la garantía económica. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la propia ley. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, Volumen 133-138, Tercera Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237921, de rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE, EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ACARREA IMPROCEDENCIA DE AMPARO. De advertirse en el juicio de garantías que ha habido un cambio de situación jurídica que origina que no pueda decidirse en éste sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, procede revocar, en la materia del recurso, el fallo del a quo y sobreseer el juicio de garantías por la causa de improcedencia que señala el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, ya que en el procedimiento administrativo existen las mismas razones jurídicas que en el judicial a que se refiere la susodicha fracción X, cuando en uno o en otro de esos procedimientos la declaración de fondo afecta, necesariamente, no obstante que no se encuentra a debate, la nueva situación jurídica." Máxime que la causa de improcedencia que se advierte es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. En consecuencia de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y seis minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante oficio 423/2023, la Sala responsable remitió el diverso oficio 2350/2023 signado por el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral en el que informó que en audiencia de veintiuno de marzo del año en curso, se aprobó la suspensión condicional del proceso y se suspendieron las medidas cautelares que en su oportunidad fueron impuestas al quejoso, siendo estas las previstas en las fracciones I, V y VI del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que haya informado respecto de la medida cautelar prevista en la fracciones II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, a fin de que este órgano jurisdiccional este en aptitud legal y material para resolver lo conducente en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Justicia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, informe respecto la medida cautelar prevista en la fracciones II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en una garantía económica por la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos. Se apercibe a la autoridad responsable que de ser omisa al requerimiento que en este proveído se formula, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo aplicable. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional relativa y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con cuarenta y seis minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse a la responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con el que cumple el requerimiento hecho en acuerdo de cuatro de los corrientes y remite copia certificada del índice cronológico del desarrollo de la audiencia celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintitrés en relación a la carpeta administrativa 289/2021, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe y anexo de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
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