Jose Alfredo Arredondo Contreras
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2019
Partes del expediente
- Jose Alfredo Arredondo Contreras
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 50), dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, siete de mayo de dos mil diecinueve. Registro Visto el oficio 11962/2019 signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, por medio del cual remite el juicio de amparo 321/2019 de su índice, promovido por **********, en representación de **********, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Acúsese el recibo de estilo. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 011054/2019 522/2019 24881965 ********** Domicilio Toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de este proveído, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Agente del Ministerio Público Visitador de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio sin número dictado en el expediente de queja **********. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de los escritos de demanda, aclaratorio y de los anexos que se acompañaron, así como de las constancias recabadas por el juzgado oficiante se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar el acto siguiente: La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio sin número, dictada en el expediente de queja **********, por el que se determinó que el personal ministerial actuó en apego a sus atribuciones y por ende no existían elementos para atribuir una conducta que pueda constituir responsabilidad administrativa, en contra del Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación número ********** que se tramita ante la Unidad de Investigación 1 (uno) sin detenido (ahora número 3 sin detenido) de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de la Ciudad de México. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia del acto reclamado y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, del Tomo 18 Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 239099, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en contrario sensu, en relación con los diversos preceptos 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que debe desecharse la demanda de amparo, en virtud de que el acto reclamado no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del quejoso. Los citados dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;..." De la cita que antecede se observa que contra los actos que no afecten el interés jurídico o legítimo, conforme al principio de instancia de parte agraviada, el juicio constitucional será improcedente. En efecto, el principio de parte agraviada encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del juicio de amparo y en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado vulnere los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Conviene señalar que de lo establecido por la fracción I del citado precepto constitucional, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud del amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. El principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos administrativos, ya que para que la instancia resulte procedente se debe provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legítima para accionar el medio de control constitucional. Como se vio, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio, el cual debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, pues basta la ausencia de alguno de sus elementos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo de dos mil diecinueve, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Ahora bien, es importante destacar que los artículos 102 y 116 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, así como el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: "Impugnación de la calificación de faltas no graves Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa. La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto." (.) "Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: I. La Autoridad investigadora; II. La persona servidora pública señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no grave; III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante." "DE LA VISITADURIA MINISTERIAL Artículo 35. Por su parte, la Visitaduría Ministerial tendrá a su cargo la supervisión, inspección y vigilancia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, por lo que se refiere al aspecto técnico jurídico, con base en las disposiciones jurídicas aplicables." De conformidad con los preceptos trascritos se advierte que cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas por presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la administración de justicia de la Ciudad de México, quienes, en su caso, serán responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determine la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de la Visitaduría Ministerial conforme a las leyes aplicables. Se impone destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que presta. En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo la resolución que determine que no existían elementos para atribuir una conducta que pueda constituir una falta administrativa por parte del servidor público, dado que el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por faltas administrativas cometidas por esos servidores, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. En las relatadas condiciones, se concluye que el denunciante de la queja en contra de un servidor público carece de interés jurídico para impugnar por vía del amparo la determinación que al efecto se emita. Apoya tal consideración la jurisprudencia número 2a./J. 1/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120, del Tomo XXIII, correspondiente al mes de enero dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 176129, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Así como la jurisprudencia número PC.II.A. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 2357, del Tomo III, correspondiente al mes de noviembre de dos mil quince, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2010369, de rubro: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia. Aunado a que de darse trámite a la demanda, el referido interés no podría acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, porque la obligación de la parte promovente quedó satisfecha con la presentación de la queja ante la autoridad responsable, por lo que la resolución que se emitió no incide en su esfera jurídica. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que a partir de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción los denunciantes, están legitimados para interponer recurso de inconformidad conforme lo establecido en los numerales 102 en relación con el 116 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, contra las resoluciones en que se determine el desechamiento de las quejas administrativas o la inexistencia de responsabilidad de los servidores públicos; sin embargo, dicha circunstancia resulta insuficiente para demostrar que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio **********, emitido por el Agente del Ministerio Público Visitador, de la Visitaduría Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues aun teniendo como cierta la afirmación de que está legitimado para interponer el recurso de inconformidad que regula la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, no implica necesariamente que lo esté para promover el juicio de amparo. En efecto, los requisitos exigidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México para la procedencia del recurso de inconformidad no tienen relación con los que se deben satisfacer para la procedencia del juicio de amparo en términos de la ley de la materia, toda vez que se trata de medios de defensa de distinta naturaleza. Máxime que como se explicó en párrafos precedentes la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió en tesis jurisprudencial que quienes promueven quejas de carácter administrativo por conductas que pudieran constituir responsabilidad de un servidor público, carecen de interés para reclamar la resolución que ordene el archivo del expediente por no existir elementos para fincar la responsabilidad administrativa. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, razón por la cual se hace del conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho a la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, visible en la página 1631, del Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 180663, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en contrario sensu, en relación con los diversos 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.Además, sin que lo resuelto en este fallo implique una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en las tesis CCLXXV/2012 y CCLXXVI/2012, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, tomo 1, diciembre de 2012, páginas 525 y 530, cuyo rubro y texto son: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Bajo esas circunstancias, y por los motivos expuestos anteriormente, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
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