José Alfonso Montalvo Martínez

Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
602/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • José Alfonso Montalvo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en razón a que el expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, porque se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó la protección de justicia Federal, y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. CUADERNOS INCIDENTALES Ahora, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo establecido en el acuerdo señalado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, ya que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este sumario. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios que remite en representación del jefe del Servicio de Administrativa Tributaria, por medio de los cuales desahoga el requerimiento formulado en auto de ocho de febrero de esta anualidad, e informa que no es la autoridad competente para dar cumplimiento al referido auto, por lo anterior, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la autoridad Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" del Servicio de Administración Tributaria, desahogue el requerimiento formulado en auto de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la última sentencia, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que en la sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para los efectos siguientes: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Requerimiento de cumplimiento. Atendiendo a los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realicen lo siguiente: a) Informe si a la quejosa ********************, sociedad anónima de capital variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince y de haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que la contribuyente fue omisa en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el registro federal de contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. JUICIO DE AMPARO QUEJOSA RFC 4149/2016 ********************, ******************** Todo lo anterior, en el entendido de que: La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y por medio de lista a la quejosa en atención a lo ordenado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 107/2021, concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "Luego, la concesión del amparo en contra del artículo Segundo, inciso a), del "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago de impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, es para el efecto de que las autoridades a quienes por sus facultades corresponda, estimen que es aplicable al quejoso el beneficio que establece dicho Acuerdo en su artículo Segundo, inciso b), rango "G"; dejen insubsistente la recepción de pago del impuesto predial en cantidad de ***********, correspondiente a los bimestres uno a tres del ejercicio fiscal de dos mil veinte, relativo al inmueble ubicado en *********, con cuenta predial *********, y apliquen el porcentaje de descuento que prevé el mencionado rango "G" del citado precepto del Acuerdo reclamado, (porque el valor catastral del inmueble del quejoso se ubica en el rango "K" de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México), así que las autoridades deben efectuar el cálculo y aplicar el 25% de descuento al impuesto pagado, siendo la cantidad que como diferencia se deberá reintegrar al peticionario, debidamente actualizada." En ese orden, para acreditar el cumplimiento del fallo las autoridades exhibieron lo siguiente: ( Oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/SAN/3258/2021, de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, signado por la subdirectora Divisional de Administración Tributaria en San Antonio, del que se desprende que se aplicó al quejoso el porcentaje de descuento que prevé el rango "G" (porque el valor catastral del inmueble del quejoso se ubica en el rango "K" de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México); que efectuaron el cálculo y aplicaron el 25% de descuento al impuesto pagado, siendo la cantidad que como diferencia se deberá reintegrar al peticionario debidamente actualizada corresponde a *********. ( Oficio SAF/DGAF/2110/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que consta el estado de cuenta de la institución BBVA Bancomer del quejoso en que recibió la cantidad de *********** de mayo de dos mil veintidós. Documentos a los cuales se les reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, 197, 202 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De ellos se advierte que el fallo protector se ha cumplido en sus términos, sin excesos ni defectos, toda vez que se cumplieron los extremos a que se encontraba constreñida la autoridad responsable con motivo de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, dado que la autoridad aplicó el beneficio que establece el dispositivo impugnado en su rango "G", lo que trae aparejada la insubsistencia de la recepción de pago del impuesto predial en cantidad de ***********, correspondiente a los bimestres uno a tres del ejercicio fiscal de dos mil veinte, relativo a la cuenta predial *********, aplicando el porcentaje de descuento que prevé el mencionado rango "G", efectuando el cálculo con el 25% de descuento al impuesto pagado y reintegrándole el monto correspondiente debidamente actualizado. En consecuencia, la suscrita estima que la sentencia ha sido cumplida, sin exceso ni defecto, dado que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notífiquese; y personalmente al quejoso.

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