José Alfredo Álvarez Osua

Expediente 24/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
24/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Álvarez Osua

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo décimo octavo, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del citado artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto, agréguese para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control del Centro de Justicia Penal en el estado de Baja California, con residencia en Ensenada, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa Asimismo, remite disco versátil digital que contiene los registros audiovisuales de la audiencia de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, efectuada en la carpeta judicial 170/2021, y su respectivo orden cronológico de desarrollo de dicha audiencia, probanza que adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, misma que se tiene por anunciada, admitida y desahogada, sin mayor diligencia, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Igualmente, resguárdese el disco compacto en mención, en secretaría de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éstos, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado de distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 2004362, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Penal, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, en atención al estudio integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, a Gregorio Lechuga García, en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora Ensenada, de la Unidad de Investigación y Litigación en el estado de Baja California. En ese sentido, emplácese vía oficio al citado tercero interesado, al que se le deberá adjuntar copia simple de la demanda de amparo, en el domicilio de su oficina principal, en términos de la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 28 de la citada ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia común, página 468, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVE EL ACTO RECLAMADO. LA NUEVA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR TANTO HABILITA A SU FAVOR UNA MAYOR INTERVENCIÓN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 87/2012, (1) de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA.", emitida a partir de la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que el Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal de origen estaba facultado para formular alegatos en la audiencia constitucional. Empero, ante la aplicabilidad de dicho criterio en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de ese mismo año, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, debe establecerse que subsiste la aludida facultad del Ministerio Público, pues el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente permite dicha posibilidad indistintamente a las partes del juicio constitucional; pero además, se amplía con la entrada en vigor de la referida ley, al reconocer al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal el carácter de parte tercero interesada, siempre que no sea señalada como autoridad responsable. De ahí que se habilite a favor del citado tercero interesado una mayor intervención en el juicio constitucional, al quedar facultado para promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que promuevan las demás partes, ofrecer y rendir u objetar pruebas, solicitar la suspensión y diferimiento de audiencias, recusar, plantear motivos de incompetencia, causas de improcedencia y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa, en todos aquellos casos que la Ley de Amparo vigente así lo prevea para la parte tercero interesada. Lo anterior, con independencia de la intervención que se le dé al Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional de amparo."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable en su denominación correcta Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de veinticuatro de enero del año en curso, informa que René Octavio Cardona González, tiene el carácter de defensor público federal de **, en los autos de la carpeta judicial **, de su índice, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, en relación a su solicitud, remítase copia del escrito inicial de demanda, para que se encuentre en aptitud de rendir su informe respectivo

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista, la demanda de amparo promovida por promovida por René Octavio Cardona González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Alfredo Álvarez Osua, contra actos del Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo; anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 24/2022-IV. Asimismo, en atención al segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, solicítese al juez responsable suspenda el procedimiento por lo que hace a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, hasta en tanto se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente juicio de amparo; de igual forma, en caso de optar el quejoso por el procedimiento abreviado de la causa penal de origen, lo informe a este Juzgado. Ahora, toda vez que la presente demanda de amparo es promovida por René Octavio Cardona González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso José Alfredo Álvarez Osua; requiérase al Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe si el multicitado defensor tiene el carácter que manifiesta, dentro de los autos de la causa penal 170/2021 de su índice; o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado por la parte quejosa. Se señalan las diez horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a la autoridad responsable; al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicita, y toda vez que se señala como tal, una autoridad judicial del sistema penal acusatorio, ésta deberá anexar a su informe copia de la videograbación que contenga la audiencia o audiencias que constituyan los actos reclamados; asimismo, deberá acompañar por escrito el registro cronológico de las audiencias, o la liga de internet relativa a la plataforma en la que consta la grabación de la audiencia relativa a la vinculación a proceso reclamada, emitida dentro de la causa penal 170/2021. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa, en lo individual, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que rinda su informe justificado vía servicio de interconexión, en términos de la Declaratoria de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del Estado de Baja California, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; o, en caso de no contar con ese medio de comunicación electrónico, la autoridad responsable de manera preferente remita su informe justificado vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la autoridad responsable como en este Juzgado de Distrito. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora en lo particular a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y a las demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene señalando domicilio y se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Omar Ponce Galván, ya que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro orden, este juzgado se reserva reconocer el carácter de terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad señalada como responsable, a fin de constatar a quien o quienes les asiste tal carácter. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las diversas partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Por último, con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda

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