José Alfredo Álvarez Osua
Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2022
Partes del expediente
- José Alfredo Álvarez Osua
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que aparentemente promovió José Alfredo Álvarez Osua, por conducto de su defensor público René Octavio Cardona González, sin que se hubiera presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos vigésimo primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y la demanda de amparo que promueve José Alfredo Álvarez Osua, por conducto de su defensor público René Octavio Cardona González; contra actos del juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 23/2022-III. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el que suscribe debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve presuntamente José Alfredo Álvarez Osua, por conducto de su defensor público René Octavio Cardona González, en atención a las siguientes consideraciones. Como se desprende de la certificación de cuenta, dicha demanda de derechos fundamentales, fue presentada a través del sistema electrónico, sin firma electrónica, ni evidencia criptográfica del defensor público René Octavio Cardona González, quien promueve a favor del quejoso José Alfredo Álvarez Osua, o bien de éste último. Ahora, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene firma electrónica de quien se dice la promueve y tampoco contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de ésta, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada a través de la firma electrónica, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo (la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa), es por lo cual se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo2 y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3 , que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dado que los actos que se señalan como reclamados, no se ubican dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco encuadran en los supuestos que prevé el artículo 154 de la ley de la materia, en razón de que no se advierte que se encuentre imposibilitado para firmar la demanda de amparo. En ese contexto, al promoverse por conducto de su defensor público, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover presuntamente por René Octavio Cardona González, que el escrito de demanda presentada electrónicamente, cuente con la formalidad consistente en que se plasme la firma electrónica de quien insta el juicio constitucional, pues la misma, denota la voluntad de quien han sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma electrónica o en su caso, firma autógrafa, del promovente, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción I, constitucional, así como 5 y 6 de la ley de la materia en sentido contrario, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia...En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como de autorizados, por carecer de firma la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quienes se dice la promueve; notifíquese el presente proveído por lista. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ...Notifiquese .
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