José Alejandro Reséndiz Olvera
Expediente 1194/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/01/2019
Partes del expediente
- José Alejandro Reséndiz Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Órgano revisor acusa recibo de las constancias que refiere, asimismo, informa admisión del recurso que precisa.
- Principal
se dicta acuerdo
- Principal
Querétaro, Querétaro, once de diciembre de dos mil dieciocho Vistos los presentes autos de los que resulta procedente que este Juzgador Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo ante los actos desplegados por la autoridad responsable; sintetizando tales aspectos derivados de los comunicados y documentos remitidos, especialmente de los que resulta útil su análisis para tal efecto; para después asentar la conclusión respectiva. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO (reverso de la foja 62) SE CUMPLIÓ SI NO Deje sin efectos el auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca penal de ejecución 67/2018 PV. La sala responsable, mediante resolución de veintiuno de noviembre del año en curso, dejó insubsistente el auto de diez de septiembre del presente año. Dicte un nuevo proveído, en el que determine razonadamente la legislación aplicable al caso concreto, tomando en cuenta la fecha en la que causó ejecutoria la sentencia condenatoria (inicio del procedimiento en fase de ejecución de penas) a efecto de determinar qué normas procesales aplican para la forma y requisitos de procedencia de la impugnación que presentó el sentenciado contra el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, durante su acto de notificación; y en su caso, las particularidades del supuesto, sin omitir igualmente el estudio del principio pro persona para la selección de tal norma. El veintiuno de noviembre del año en curso, la Sala señalada como responsable, emitió el proveído en el que determinó que la legislación aplicable al caso concreto es la Ley Nacional de Ejecución Penal y de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 de la citada Ley Nacional invocada, ello en razón a que si bien, fue el veintiocho de agosto de dos mil quince, cuando se formó la carpeta de ejecución número 243/2015 (fecha en la que aún no existía ni entraba en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal), lo cierto es que en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, procedimientos que pueden surgir accesoria o aleatoriamente o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, debe aplicarse esa ley nacional pues es la vigente al momento en el que el sentenciado formuló la controversia planteada en la carpeta única de ejecución número 243/2015-SM, así como el recurso de apelación en contra del auto por el cual se desechó la misma. Asimismo, precisó que aunque el sentenciado de mérito no haya expresado fundamentos de agravio, el recurso de apelación debe admitirse porque la Ley Nacional de Ejecución Penal no exige ninguna formalidad, aunado a que la autoridad responsable está obligada a realizar un estudio integral con el fin de revisar que no se haya violado ningún derecho fundamental del sentenciado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución." Por lo anterior, determinó admitir el recurso de apelación planteado por el sentenciado José Alejandro Reséndiz Olvera. CONCLUSIÓN: Ha quedado demostrado el cumplimiento de los efectos del amparo, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso (foja 88), se agregó el escrito signado por el quejoso, mediante el cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, lo anterior, por lo anterior, se provee: En relación a la manifestación formulada en el sentido de que la autoridad responsable no le ha notificado de manera personal la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; se estima que dicha manifestación es un aspecto ajeno a la Litis, púes los efectos del amparo no fueron para realizar la notificación al sentenciado, sino para resolver la procedencia o no de la impugnación que presento el sentenciado contra el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho. Asimismo, resulta inatendible la manifestación vertida por cuanto ve al punto de inconformidad, en el cual sostiene que la autoridad responsable al establecer que la norma procesal aplicable lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, no toma en cuenta la fecha en que quedó firme la sentencia condenatoria que se encuentra compurgando, no resulta dable acordar de conformidad, ello en razón a que contrario a lo que afirma, la Sala responsable, señaló que fue el veintinueve de mayo de dos mil nueve cuando causó ejecutoria (reverso foja 80) la sentencia condenatoria dictada el quince de octubre de dos mil dieciocho; sin embargo, fue hasta el veintiocho de agosto de dos mil quince cuando se formó la carpeta de ejecución número 243/2015, debido a que el sentenciado de mérito presentó recurso de revisión, del cual conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fecha en la que aún no existía ni entraba en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, asimismo, puntualizó que en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, procedimientos que pueden surgir accesoria o aleatoriamente o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, en el caso en concreto, debe aplicarse la Ley Nacional de Ejecución Penal y de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 de la citada Ley Nacional invocada, pues es la vigente al momento en el que el sentenciado formuló la controversia planteada en la carpeta única de ejecución número 243/2015-SM, así como el recurso de apelación en contra del auto por el cual se desechó la misma. Por lo anteriormente expuesto es que se considera cumplida la sentencia de amparo además de debe indicarse al sentenciado que en el presente caso se otorgó a la autoridad responsable libertad parcial de decisión, para que de manera fundada y motivada (razonada), determinara si era procedente o no la admisión al recurso de apelación sin omitir el principio pro persona para la selección de tal norma, lo cual aconteció. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 , página 222, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." Máxime que el examen del cumplimiento del fallo protector sólo debe limitarse a analizar si la autoridad responsable dio o no cumplimiento a los puntos concretos para los cuales se concedió la protección constitucional, siendo que en el presente caso, resolviera de manera fundada y motivada la solicitud del interno en relación al principio Pro Persona; es decir de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo cual realizo la autoridad señalada como responsable. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por lo que, al haber sido reparada la violación constitucional relativa, se tiene cumplida la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL CENTRO DE SU RECLUSIÓN; POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA; Y, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado César Ricardo Luna Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. Ifa
- Principal
Atento al contenido del oficio de cuenta, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga, acerca del referido cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este juzgado determinará su desinterés y de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.
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