José Alejandro Reséndiz Olvera

Expediente 1223/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1223/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • José Alejandro Reséndiz Olvera
  • Magistrada integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo. Se ordena el archivo del presente asunto. JARM

  2. Principal

    Visto el estado que guarda los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de la presente anualidad, se dio vista a las partes con el contenido de oficio remitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sin que obre constancia de notificación a la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro; en consecuencia, se ordena notificarle dicho acuerdo mediante oficio, adjuntándole copia certificada del ocurso de mérito. JARM

  3. Principal

    En Querétaro, Querétaro, a las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para el verificativo de la audiencia constitucional en los presentes autos (foja 79), encontrándose en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Karla Carro Ayala, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin asistencia de las partes, de conformidad con lo establecido por los numerales 115 y 124 de la Ley de Amparo. La Secretaria hace relación de las constancias glosadas en autos, entre las que se encuentran, la demanda de amparo e informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de emplazamiento del tercero interesado. A lo que se acuerda: Se tiene hecha la anterior relación de constancias y por rendido el informe justificado de mérito. En relación a las objeciones planteadas en el sumario por el quejoso (foja 51), se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, las cuales serán materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos, en el entendido que no deberá tramitarse el incidente a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, puesto que únicamente vierte argumentos tendentes a restar valor probatorio a las circunstancias que se expresan en el informe justificado. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 5/2001, publicada en la página 10, del tomo XIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido" Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria relaciona las exhibidas por las partes; del impetrante de amparo, la documental que exhibió en su escrito inicial de demanda (foja 12); de la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Sala Penal del Poder Judicial en el Estado de Querétaro, las exhibidas en su informe de ley (fojas 21 a 44). Se acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas que relacionó la Secretaria, con lo cual se da por concluida la presente etapa. Procediendo a declarar abierto el respectivo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento. Se declara cerrada la etapa citada. Al no haber documento alguno pendiente de acordar, se procede a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo, 1223/2019-III; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: treinta de agosto de dos mil diecinueve (foja 1). Quejoso: José Alejandro Reséndiz Olvera. Solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda (foja 2), los cuales se tienen reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 16 de agosto de 2019. Del 19 de agosto al 6 de septiembre de 2019. 17, 18, 24, 25 y 31 de agosto, así como el 1 de septiembre de 2019. 30 de agosto de 2019. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto emitido por una autoridad con competencia en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano federal. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que el quejoso reclama lo siguiente: "Resolución dictada dentro del Toca Penal de Ejecución T.P.E. 120/2019 PV, de fecha 12 de agosto de 2019, y que me fue notificado el día 16 de Agosto de 2019". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al rendir su informe justificado (foja 46), aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el Toca Penal de Ejecución 120/2019 PV, así como el Cuaderno de Apelación 63/2019; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones originales y de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia número 278, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia II.1º.J/5, que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." I. En cuanto al acto que se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015- SM (Tomo XII), se estima dable precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado, a saber: El peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario CP1 de San José El Alto, Querétaro, con motivo de encontrarse compurgando la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 133/2000, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, la cual causó ejecutoria mediante la resolución dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (información que se desprende de las propias manifestaciones que expone el quejoso en su demanda de amparo) -foja 2-. Debido a lo anterior, se aperturó la carpeta de ejecución 243/2015- SM-SM, del índice del Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en relación al sentenciado, aquí amparista. Mediante escrito la defensora particular del quejoso solicitó al Juez de ejecución, que regularice la controversia pendiente de resolver, y emplace a la misma, al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. En la citada carpeta de ejecución, el sentenciado promovió controversia en contra del oficio CESPQ/CP1V/JUR-3410/2018, en la que seguidos los trámites conducentes, se emitió el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se señaló lo siguiente: Inconforme con la citada determinación, el sentenciado, ahora quejoso interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, razón por la cual la Magistrada Ponente de la citada Sala, emitió el proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del toca de apelación 120/2019 PV, en el que expresó lo siguiente: Siendo esta última determinación, la que constituye el acto reclamado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Bajo este contexto, se estima dable formular la siguiente interrogante: ¿Procede el amparo indirecto contra la determinación que declara inadmisible el recurso (apelación) interpuesto contra un proveído de mero trámite o intraprocesal (que no transgrede derechos sustantivos) dictado durante la substanciación de una controversia planteada ante Juez de ejecución de penas? La respuesta es: No, porque el amparo indirecto no procede contra actos intermedios o de mero trámite de procedimientos substanciados en etapa de ejecución de penas, como sería una controversia respecto de aspectos de internamiento o ejecución de penas, sino solo contra la resolución definitiva; y, tampoco involucra un acto que afecte derechos sustantivos de imposible reparación, diversos a la cosa juzgada que amerita la procedencia inmediata del amparo indirecto. Además que el tipo de acuerdo recurrido en apelación que solo da trámite a una controversia y señala que no ha lugar a ordenar la regularización del procedimiento en atención al criterio asentado en un juicio diverso, es de mero trámite y no causa perjuicio o agravio actual y directo. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM, en el que se dijo al ahora quejoso que se estuviera en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución; esto es, no se ordenó la regularización del procedimiento, en los términos solicitados por el quejoso (emplazar al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, en la controversia pendiente de resolver). Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado, en virtud de las consideraciones que a continuación se indican. Los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia invocada, disponen literalmente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En efecto, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del juicio de amparo en relación con los actos que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, aquellos emitidos por la autoridad judicial después de concluido el juicio, distingue entre: 1) Los actos de ejecución de sentencia en general; 2) Los que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia pero que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución; y 3) Los que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que afectan en grado predominante los derechos sustantivos de quien promueve el amparo, pero que no afectan la cosa juzgada en el juicio natural. Según lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 110/2006, cuya ejecutoria se encuentra publicada en la página 112 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, enero de 2007; en relación con los primeros actos, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); en el entendido de que en ese juicio de amparo, se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Ahora bien, por lo que respecta a los segundos actos mencionados, es decir, aquéllos que gozan de autonomía propia respecto a la ejecución de la sentencia, para determinar si un acto tiene o no dicha autonomía, se debe partir del análisis del objeto del acto; de esta manera, si está directamente dirigido a cumplir la sentencia será un acto propio de ejecución de sentencia; si por el contrario, a pesar de tener relación con la ejecución su fin primordial no es directamente ésta, entonces será un acto autónomo y podrá ser impugnado a través del amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Como ejemplo de los actos dirigidos directamente a la ejecución de la sentencia se pueden citar, entre otros, el embargo de bienes (si es que no se hizo antes de la etapa de ejecución); la orden de publicar los avisos del remate de dichos bienes; o, la citación para el remate. Por otro lado, un ejemplo muy claro de los actos que están relacionados con la ejecución pero tienen autonomía respecto de ese procedimiento es la interlocutoria que resuelve el incidente de nulidad de notificación de la sentencia, la resolución dictada en el incidente de liquidación que se promueve en la etapa de ejecución de sentencia, o bien, las controversias planteadas por los sentenciados ante el Juez de Ejecución, en contra de las medidas de seguridad del Centro Penitenciario en que se encuentran recluidos. Sin embargo, el amparo es improcedente contra los acuerdos de trámite o actos procesales intermedios, ya que solo procede hasta que se dicta la resolución definitiva de la controversia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 224, del rubro y texto siguientes: "ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS JUNTAS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIO A LA EMISION DEL LAUDO INTERLOCUTORIO. En la tramitación del incidente de liquidación, a excepción de la última resolución que se dicte en el mismo, todos los demás actos que se dicten deben considerarse como violaciones procesales solamente reparables cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra esa última resolución, de conformidad con el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis IV.2º.C.53 K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2372, que establece: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Asimismo, cobra aplicación la tesis XI.2º.97 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, página 1729, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." También, se estima dable invocar la tesis VI.2º.102 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 735, cuyo contenido dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo." Por otra parte, se aprecia de la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, publicada en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, febrero de 2011, que en relación con los actos que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que afectan en grado predominante los derechos sustantivos de quien promueve el amparo, pero que no afectan la cosa juzgada en el juicio natural, como se ve, se requiere la actualización de dos supuestos, a saber: que se traten de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y además, que con ellos no se afecte la cosa juzgada, es decir, que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, lo que significa que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En tal tesitura, tomando en cuenta que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM (Tomo XII), en el que se dijo al quejoso que se estuviera al auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución, y no se ordenó el emplazamiento solicitado; pues resulta evidente que ésta última determinación es la que pretendía impugnar el peticionario de amparo, la cual no constituye la última resolución dentro del procedimiento respectivo (controversia planteada por el sentenciado ante el Juez de Ejecución); habida cuenta que el procedimiento de origen del acto reclamado posee autonomía propia, pues es claro que la controversia planteada por el sentenciado se encuentra encaminada a combatir el oficio que dio respuesta a su petición de que se le permita ingresar una gorra; de ahí que a pesar de tener relación con la ejecución de la sentencia del aquí quejoso, su fin primordial no es directamente ésta, pues incluso no afecta la cosa juzgada; por ello, se trata de un procedimiento autónomo y podrá ser impugnada hasta que se dicte la última resolución que se emita en dicho procedimiento a través del amparo indirecto, es decir, cuando emitan la resolución definitiva. Por lo que no es dable considerar que cualquier determinación jurisdiccional sea de imposible reparación, pues de lo contrario perdería sentido el carácter "excepcional" del amparo indirecto, que ocurre cuando el Juez de Distrito advierta que se trata de la última resolución dictada en un procedimiento autónomo en ejecución de sentencia; por tanto, al no ser el acto reclamado la última resolución dictada dentro del procedimiento de origen, no es susceptible de impugnarse a través de esta instancia constitucional; sin embargo, podrá ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de la última resolución que se dicte dentro de dicho procedimiento, por ser ese el momento procesal oportuno; lo anterior, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 23/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, Página: 231, Registro: 178441, que dispone lo siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Asimismo, cobra aplicación la tesis II.2o.C.389 C, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1721, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Además, también se estima dable invocar la tesis I.7o.C.22 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 1689, que establece: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, POR VIOLACIONES EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE NO PODRÁN HACERSE VALER EN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. INTERPRETACIÓN DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. ... Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.". Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse de manera estricta, de reclamar todas las violaciones que se estimen cometidas en esa etapa, al promover el amparo indirecto contra la última resolución, pues en el mismo procedimiento de ejecución pueden surgir violaciones que constituyan actos de imposible reparación, cuya ejecución, al dictarse la última resolución, ya se habría consumado y, por tanto, no se podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas. De lo que se sigue que dicha hipótesis encuadraría en lo previsto en la fracción IV del citado numeral, conforme al cual procede el amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en concordancia con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal, que precisa la procedencia del amparo: "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". De donde resulta que en el procedimiento de ejecución de sentencia, si se reclama un acto por una violación cometida antes del dictado de la última resolución, deberá examinarse si ese acto es de ejecución irreparable para que proceda el amparo indirecto y para ello debe tomarse en consideración el criterio que en jurisprudencia se ha establecido para determinar cuándo, dentro de un juicio, el acto reclamado sólo afecta derechos adjetivos y que, por ende, puedan ser subsanados o desaparecer al obtener sentencia favorable o que, en caso contrario, se deban hacer valer en el amparo directo contra la sentencia definitiva, y cuándo el acto lesiona los derechos subjetivos, de ejecución irreparable, lo que puede ocurrir no sólo en el procedimiento del juicio hasta antes de que concluya con sentencia definitiva, sino también en el procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, antes de que se dicte la última resolución, como es el caso de la interlocutoria que resuelve el incidente de cuantificación de intereses ordinarios y moratorios, en que habiéndose agotado el recurso ordinario que la ley de la materia prevé, aun cuando no sea la última resolución dictada en dicha etapa, se trata de un acto de ejecución irreparable mediante el amparo contra la última resolución, dado que en aquél no podrá volverse a examinar lo relativo a las violaciones cometidas en la cuantificación de intereses cuya planilla se aprobó en la interlocutoria respectiva, puesto que la referida última resolución únicamente se ocupará del cumplimiento de la sentencia correspondiente y de las violaciones procesales que se cometan en ese procedimiento de ejecución, como sería en el del remate de los bienes que pudieran ser embargados, pero no respecto a la cuantificación de la condena de los intereses que origine ese procedimiento de remate, y en la demanda de amparo contra la resolución que lo apruebe o desapruebe, únicamente podrán hacer valer las violaciones cometidas en el procedimiento de remate, y no de la interlocutoria que aprobó la cuantificación de los intereses." Aunado a lo anterior, cabe precisar que el mencionado auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM (Tomo XII); determinación que pretendía impugnar el peticionario de amparo mediante el recurso de apelación que se declaró inadmisible en la resolución reclamada en el presente juicio de amparo, no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación; lo cual constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial, toda vez que por actos de imposible reparación debemos entender como aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución final que llegue a pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.12o.C.22 K (10a.), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia Común, página, 2163, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." De ahí que, es dable concluir que el precisado proveído dictado en el procedimiento de origen, constituye un aspecto único y exclusivamente procesal, ya que esa decisión no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y, máxime de que el quejoso está en aptitud de alegar lo que a su interés convenga en dicho procedimiento (controversia), en el que puede obtener al finalizar una resolución favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. Lo anterior, porque las consecuencias que produce no afectan per se derechos sustantivos del promovente del amparo como son: la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, entre otros, ya que el acto reclamado tiene como consecuencia una afectación de índole procesal. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Por tanto, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que las consecuencias que produce el acto reclamado no afectan derechos sustantivos del promovente del amparo (como la vida, libertad, posesión, propiedad, patrimonio, entre otros, que ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ello, porque los perjuicios que pudieren resentir son de índole procesal (resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta única de ejecución de sentencia 243/2015-SM (Tomo XII), en el que se dijo al quejoso, que en relación a su petición de regularizar el procedimiento para el efecto de que se llame al Gobernador del Estado, a la controversia pendiente por resolverse, debía estarse a lo acordado en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución penal. En ese orden de ideas, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable a sus intereses. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página 1539, Décima Época, del contenido literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese sentido, cabe mencionar que con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de que fue objeto la Ley de Amparo, los juicios iniciados conforme a la Ley vigente, deben prescindir de la aplicación de criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que son incompatibles con la nueva regulación legal. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, origen de la tesis de jurisprudencia 1/2016, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, Décima época, al definir entre otras cosas, lo siguiente: ".no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Aunado a lo anterior, cabe señalar que por cuanto hace al auto recurrido en el procedimiento del que emana el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, pues fue el que ordena estarse a lo acordado en diverso proveído que admitió a trámite la controversia planteada por el hoy quejoso, en tanto que ha sido criterio de los más altos tribunales del país que en términos generales, la admisión de un procedimiento no es un acto que deje sin defensa a la parte quejosa y que los perjuicios que en su caso pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la resolución definitiva que llegue a dictarse. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 202, que aparece en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, ADMISION DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE. El auto que da entrada a una demanda, no está comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto." De igual forma, se cita la tesis jurisprudencial VI.2o.C. J/175, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 1187, del Tomo X, de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Materia Común: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." En ese sentido, cabe señalar que el quejoso apeló la determinación del juez responsable de no regularizar el procedimiento para llamar a juicio, al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, basándose en el criterio sostenido en un procedimiento jurisdiccional que no es el del cual emanan los actos reclamados en el presente asunto; sin embargo, respecto al tema cabe aclararle que dicha negativa únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento, pues en su caso únicamente podría considerarse una afectación a la celeridad o prontitud del procedimiento (ya que no se aborde el tema en la resolución final, en caso de que ésta sea combatida a través del juicio constitucional, de concederse el amparo solicitado se ordenaría llamar a la autoridad aludida, de estimarse que su falta de llamamiento fue violatoria de derechos y se vio reflejada en la determinación final, subsanándose con ello la afectación resentida), pero de ninguna manera trasciende a la persona o bienes del justiciable, siendo que el juicio de amparo indirecto no procede contra ese tipo de actos, ya que a efecto de acreditar su procedencia es necesario que las violaciones afecten derechos sustantivos conforme al texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente ya desde el tres de abril del año dos mil trece. Al respecto, se cita el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), publicada a página 6, del Libro 63, de Febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, cuyos rubro y texto son del contenido literal siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Por lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, procede SOBRESEER el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído mediante el cual se le dijo al quejoso, que en relación a su petición de que se regularice el procedimiento, para que sea emplazado el Gobernador del Estado de Querétaro, en la controversia pendiente de resolverse, se debería de estar a lo acordado en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución. II.- Toda vez que se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio al quejoso, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que se puso fin al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 70, Octubre de 1993, página 57, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso José Alejandro Reséndiz Olvera, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Karla Carro Ayala, Secretaria del Juzgado que da fe de lo actuado. En Querétaro, Querétaro, a las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para el verificativo de la audiencia constitucional en los presentes autos (foja 79), encontrándose en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Karla Carro Ayala, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin asistencia de las partes, de conformidad con lo establecido por los numerales 115 y 124 de la Ley de Amparo. La Secretaria hace relación de las constancias glosadas en autos, entre las que se encuentran, la demanda de amparo e informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de emplazamiento del tercero interesado. A lo que se acuerda: Se tiene hecha la anterior relación de constancias y por rendido el informe justificado de mérito. En relación a las objeciones planteadas en el sumario por el quejoso (foja 51), se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, las cuales serán materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos, en el entendido que no deberá tramitarse el incidente a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, puesto que únicamente vierte argumentos tendentes a restar valor probatorio a las circunstancias que se expresan en el informe justificado. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 5/2001, publicada en la página 10, del tomo XIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido" Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria relaciona las exhibidas por las partes; del impetrante de amparo, la documental que exhibió en su escrito inicial de demanda (foja 12); de la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Sala Penal del Poder Judicial en el Estado de Querétaro, las exhibidas en su informe de ley (fojas 21 a 44). Se acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas que relacionó la Secretaria, con lo cual se da por concluida la presente etapa. Procediendo a declarar abierto el respectivo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento. Se declara cerrada la etapa citada. Al no haber documento alguno pendiente de acordar, se procede a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo, 1223/2019-III; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: treinta de agosto de dos mil diecinueve (foja 1). Quejoso: José Alejandro Reséndiz Olvera. Solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda (foja 2), los cuales se tienen reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 16 de agosto de 2019. Del 19 de agosto al 6 de septiembre de 2019. 17, 18, 24, 25 y 31 de agosto, así como el 1 de septiembre de 2019. 30 de agosto de 2019. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto emitido por una autoridad con competencia en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano federal. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que el quejoso reclama lo siguiente: "Resolución dictada dentro del Toca Penal de Ejecución T.P.E. 120/2019 PV, de fecha 12 de agosto de 2019, y que me fue notificado el día 16 de Agosto de 2019". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al rendir su informe justificado (foja 46), aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el Toca Penal de Ejecución 120/2019 PV, así como el Cuaderno de Apelación 63/2019; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones originales y de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia número 278, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia II.1º.J/5, que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." I. En cuanto al acto que se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015- SM (Tomo XII), se estima dable precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado, a saber: El peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario CP1 de San José El Alto, Querétaro, con motivo de encontrarse compurgando la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 133/2000, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, la cual causó ejecutoria mediante la resolución dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (información que se desprende de las propias manifestaciones que expone el quejoso en su demanda de amparo) -foja 2-. Debido a lo anterior, se aperturó la carpeta de ejecución 243/2015- SM-SM, del índice del Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en relación al sentenciado, aquí amparista. Mediante escrito la defensora particular del quejoso solicitó al Juez de ejecución, que regularice la controversia pendiente de resolver, y emplace a la misma, al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. En la citada carpeta de ejecución, el sentenciado promovió controversia en contra del oficio CESPQ/CP1V/JUR-3410/2018, en la que seguidos los trámites conducentes, se emitió el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se señaló lo siguiente: Inconforme con la citada determinación, el sentenciado, ahora quejoso interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, razón por la cual la Magistrada Ponente de la citada Sala, emitió el proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del toca de apelación 120/2019 PV, en el que expresó lo siguiente: Siendo esta última determinación, la que constituye el acto reclamado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Bajo este contexto, se estima dable formular la siguiente interrogante: ¿Procede el amparo indirecto contra la determinación que declara inadmisible el recurso (apelación) interpuesto contra un proveído de mero trámite o intraprocesal (que no transgrede derechos sustantivos) dictado durante la substanciación de una controversia planteada ante Juez de ejecución de penas? La respuesta es: No, porque el amparo indirecto no procede contra actos intermedios o de mero trámite de procedimientos substanciados en etapa de ejecución de penas, como sería una controversia respecto de aspectos de internamiento o ejecución de penas, sino solo contra la resolución definitiva; y, tampoco involucra un acto que afecte derechos sustantivos de imposible reparación, diversos a la cosa juzgada que amerita la procedencia inmediata del amparo indirecto. Además que el tipo de acuerdo recurrido en apelación que solo da trámite a una controversia y señala que no ha lugar a ordenar la regularización del procedimiento en atención al criterio asentado en un juicio diverso, es de mero trámite y no causa perjuicio o agravio actual y directo. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM, en el que se dijo al ahora quejoso que se estuviera en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución; esto es, no se ordenó la regularización del procedimiento, en los términos solicitados por el quejoso (emplazar al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, en la controversia pendiente de resolver). Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado, en virtud de las consideraciones que a continuación se indican. Los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia invocada, disponen literalmente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En efecto, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del juicio de amparo en relación con los actos que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, aquellos emitidos por la autoridad judicial después de concluido el juicio, distingue entre: 1) Los actos de ejecución de sentencia en general; 2) Los que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia pero que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución; y 3) Los que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que afectan en grado predominante los derechos sustantivos de quien promueve el amparo, pero que no afectan la cosa juzgada en el juicio natural. Según lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 110/2006, cuya ejecutoria se encuentra publicada en la página 112 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, enero de 2007; en relación con los primeros actos, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); en el entendido de que en ese juicio de amparo, se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Ahora bien, por lo que respecta a los segundos actos mencionados, es decir, aquéllos que gozan de autonomía propia respecto a la ejecución de la sentencia, para determinar si un acto tiene o no dicha autonomía, se debe partir del análisis del objeto del acto; de esta manera, si está directamente dirigido a cumplir la sentencia será un acto propio de ejecución de sentencia; si por el contrario, a pesar de tener relación con la ejecución su fin primordial no es directamente ésta, entonces será un acto autónomo y podrá ser impugnado a través del amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Como ejemplo de los actos dirigidos directamente a la ejecución de la sentencia se pueden citar, entre otros, el embargo de bienes (si es que no se hizo antes de la etapa de ejecución); la orden de publicar los avisos del remate de dichos bienes; o, la citación para el remate. Por otro lado, un ejemplo muy claro de los actos que están relacionados con la ejecución pero tienen autonomía respecto de ese procedimiento es la interlocutoria que resuelve el incidente de nulidad de notificación de la sentencia, la resolución dictada en el incidente de liquidación que se promueve en la etapa de ejecución de sentencia, o bien, las controversias planteadas por los sentenciados ante el Juez de Ejecución, en contra de las medidas de seguridad del Centro Penitenciario en que se encuentran recluidos. Sin embargo, el amparo es improcedente contra los acuerdos de trámite o actos procesales intermedios, ya que solo procede hasta que se dicta la resolución definitiva de la controversia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 224, del rubro y texto siguientes: "ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS JUNTAS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIO A LA EMISION DEL LAUDO INTERLOCUTORIO. En la tramitación del incidente de liquidación, a excepción de la última resolución que se dicte en el mismo, todos los demás actos que se dicten deben considerarse como violaciones procesales solamente reparables cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra esa última resolución, de conformidad con el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis IV.2º.C.53 K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2372, que establece: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Asimismo, cobra aplicación la tesis XI.2º.97 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, página 1729, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." También, se estima dable invocar la tesis VI.2º.102 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 735, cuyo contenido dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo." Por otra parte, se aprecia de la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, publicada en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, febrero de 2011, que en relación con los actos que se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que afectan en grado predominante los derechos sustantivos de quien promueve el amparo, pero que no afectan la cosa juzgada en el juicio natural, como se ve, se requiere la actualización de dos supuestos, a saber: que se traten de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y además, que con ellos no se afecte la cosa juzgada, es decir, que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, lo que significa que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En tal tesitura, tomando en cuenta que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en el proveído emitido por la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM (Tomo XII), en el que se dijo al quejoso que se estuviera al auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución, y no se ordenó el emplazamiento solicitado; pues resulta evidente que ésta última determinación es la que pretendía impugnar el peticionario de amparo, la cual no constituye la última resolución dentro del procedimiento respectivo (controversia planteada por el sentenciado ante el Juez de Ejecución); habida cuenta que el procedimiento de origen del acto reclamado posee autonomía propia, pues es claro que la controversia planteada por el sentenciado se encuentra encaminada a combatir el oficio que dio respuesta a su petición de que se le permita ingresar una gorra; de ahí que a pesar de tener relación con la ejecución de la sentencia del aquí quejoso, su fin primordial no es directamente ésta, pues incluso no afecta la cosa juzgada; por ello, se trata de un procedimiento autónomo y podrá ser impugnada hasta que se dicte la última resolución que se emita en dicho procedimiento a través del amparo indirecto, es decir, cuando emitan la resolución definitiva. Por lo que no es dable considerar que cualquier determinación jurisdiccional sea de imposible reparación, pues de lo contrario perdería sentido el carácter "excepcional" del amparo indirecto, que ocurre cuando el Juez de Distrito advierta que se trata de la última resolución dictada en un procedimiento autónomo en ejecución de sentencia; por tanto, al no ser el acto reclamado la última resolución dictada dentro del procedimiento de origen, no es susceptible de impugnarse a través de esta instancia constitucional; sin embargo, podrá ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de la última resolución que se dicte dentro de dicho procedimiento, por ser ese el momento procesal oportuno; lo anterior, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 23/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, Página: 231, Registro: 178441, que dispone lo siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Asimismo, cobra aplicación la tesis II.2o.C.389 C, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1721, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Además, también se estima dable invocar la tesis I.7o.C.22 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 1689, que establece: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, POR VIOLACIONES EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE NO PODRÁN HACERSE VALER EN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. INTERPRETACIÓN DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. ... Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.". Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse de manera estricta, de reclamar todas las violaciones que se estimen cometidas en esa etapa, al promover el amparo indirecto contra la última resolución, pues en el mismo procedimiento de ejecución pueden surgir violaciones que constituyan actos de imposible reparación, cuya ejecución, al dictarse la última resolución, ya se habría consumado y, por tanto, no se podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas. De lo que se sigue que dicha hipótesis encuadraría en lo previsto en la fracción IV del citado numeral, conforme al cual procede el amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en concordancia con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal, que precisa la procedencia del amparo: "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". De donde resulta que en el procedimiento de ejecución de sentencia, si se reclama un acto por una violación cometida antes del dictado de la última resolución, deberá examinarse si ese acto es de ejecución irreparable para que proceda el amparo indirecto y para ello debe tomarse en consideración el criterio que en jurisprudencia se ha establecido para determinar cuándo, dentro de un juicio, el acto reclamado sólo afecta derechos adjetivos y que, por ende, puedan ser subsanados o desaparecer al obtener sentencia favorable o que, en caso contrario, se deban hacer valer en el amparo directo contra la sentencia definitiva, y cuándo el acto lesiona los derechos subjetivos, de ejecución irreparable, lo que puede ocurrir no sólo en el procedimiento del juicio hasta antes de que concluya con sentencia definitiva, sino también en el procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, antes de que se dicte la última resolución, como es el caso de la interlocutoria que resuelve el incidente de cuantificación de intereses ordinarios y moratorios, en que habiéndose agotado el recurso ordinario que la ley de la materia prevé, aun cuando no sea la última resolución dictada en dicha etapa, se trata de un acto de ejecución irreparable mediante el amparo contra la última resolución, dado que en aquél no podrá volverse a examinar lo relativo a las violaciones cometidas en la cuantificación de intereses cuya planilla se aprobó en la interlocutoria respectiva, puesto que la referida última resolución únicamente se ocupará del cumplimiento de la sentencia correspondiente y de las violaciones procesales que se cometan en ese procedimiento de ejecución, como sería en el del remate de los bienes que pudieran ser embargados, pero no respecto a la cuantificación de la condena de los intereses que origine ese procedimiento de remate, y en la demanda de amparo contra la resolución que lo apruebe o desapruebe, únicamente podrán hacer valer las violaciones cometidas en el procedimiento de remate, y no de la interlocutoria que aprobó la cuantificación de los intereses." Aunado a lo anterior, cabe precisar que el mencionado auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución 243/2015-SM (Tomo XII); determinación que pretendía impugnar el peticionario de amparo mediante el recurso de apelación que se declaró inadmisible en la resolución reclamada en el presente juicio de amparo, no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación; lo cual constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial, toda vez que por actos de imposible reparación debemos entender como aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución final que llegue a pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.12o.C.22 K (10a.), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia Común, página, 2163, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." De ahí que, es dable concluir que el precisado proveído dictado en el procedimiento de origen, constituye un aspecto único y exclusivamente procesal, ya que esa decisión no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y, máxime de que el quejoso está en aptitud de alegar lo que a su interés convenga en dicho procedimiento (controversia), en el que puede obtener al finalizar una resolución favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. Lo anterior, porque las consecuencias que produce no afectan per se derechos sustantivos del promovente del amparo como son: la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, entre otros, ya que el acto reclamado tiene como consecuencia una afectación de índole procesal. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Por tanto, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que las consecuencias que produce el acto reclamado no afectan derechos sustantivos del promovente del amparo (como la vida, libertad, posesión, propiedad, patrimonio, entre otros, que ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ello, porque los perjuicios que pudieren resentir son de índole procesal (resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta única de ejecución de sentencia 243/2015-SM (Tomo XII), en el que se dijo al quejoso, que en relación a su petición de regularizar el procedimiento para el efecto de que se llame al Gobernador del Estado, a la controversia pendiente por resolverse, debía estarse a lo acordado en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución penal. En ese orden de ideas, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable a sus intereses. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página 1539, Décima Época, del contenido literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese sentido, cabe mencionar que con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de que fue objeto la Ley de Amparo, los juicios iniciados conforme a la Ley vigente, deben prescindir de la aplicación de criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que son incompatibles con la nueva regulación legal. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, origen de la tesis de jurisprudencia 1/2016, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, Décima época, al definir entre otras cosas, lo siguiente: ".no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Aunado a lo anterior, cabe señalar que por cuanto hace al auto recurrido en el procedimiento del que emana el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, pues fue el que ordena estarse a lo acordado en diverso proveído que admitió a trámite la controversia planteada por el hoy quejoso, en tanto que ha sido criterio de los más altos tribunales del país que en términos generales, la admisión de un procedimiento no es un acto que deje sin defensa a la parte quejosa y que los perjuicios que en su caso pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la resolución definitiva que llegue a dictarse. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 202, que aparece en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, ADMISION DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE. El auto que da entrada a una demanda, no está comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto." De igual forma, se cita la tesis jurisprudencial VI.2o.C. J/175, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 1187, del Tomo X, de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Materia Común: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." En ese sentido, cabe señalar que el quejoso apeló la determinación del juez responsable de no regularizar el procedimiento para llamar a juicio, al Gobernador del Estado de Querétaro, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, basándose en el criterio sostenido en un procedimiento jurisdiccional que no es el del cual emanan los actos reclamados en el presente asunto; sin embargo, respecto al tema cabe aclararle que dicha negativa únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento, pues en su caso únicamente podría considerarse una afectación a la celeridad o prontitud del procedimiento (ya que no se aborde el tema en la resolución final, en caso de que ésta sea combatida a través del juicio constitucional, de concederse el amparo solicitado se ordenaría llamar a la autoridad aludida, de estimarse que su falta de llamamiento fue violatoria de derechos y se vio reflejada en la determinación final, subsanándose con ello la afectación resentida), pero de ninguna manera trasciende a la persona o bienes del justiciable, siendo que el juicio de amparo indirecto no procede contra ese tipo de actos, ya que a efecto de acreditar su procedencia es necesario que las violaciones afecten derechos sustantivos conforme al texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente ya desde el tres de abril del año dos mil trece. Al respecto, se cita el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), publicada a página 6, del Libro 63, de Febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, cuyos rubro y texto son del contenido literal siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Por lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, procede SOBRESEER el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído mediante el cual se le dijo al quejoso, que en relación a su petición de que se regularice el procedimiento, para que sea emplazado el Gobernador del Estado de Querétaro, en la controversia pendiente de resolverse, se debería de estar a lo acordado en el auto en el que se admitió a trámite la controversia que se ventila ante el juzgado de ejecución. II.- Toda vez que se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio al quejoso, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que se puso fin al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 70, Octubre de 1993, página 57, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso José Alejandro Reséndiz Olvera, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Karla Carro Ayala, Secretaria del Juzgado que da fe de lo actuado.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda los presentes autos, del cual se advierte que las partes no han sido enteradas con la debida oportunidad del contenido del informe justificado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para su verificativo... JARM

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