José Alejandro Lara López
Expediente 1825/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/01/2023
Partes del expediente
- José Alejandro Lara López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen.Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad señalada la Titular de la Oficina de representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tijuana, Baja california, por conducto del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, así como su anexo, sin que en el caso sea necesario dar vista con el informe en cuestión por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa esencialmente se hace consistir en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente relativo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha 02 de septiembre de 2022, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como la notificación del acuerdo de que se trata. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte gestora del amparo ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLKES: 1) C. Titular de la Coordinación General de al Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 2) C. Titular de la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del C. Titular de la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Mexicali a) La omisión de enviar de manera oportuna la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha 02 de septiembre de 2022, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). b) En caso de que la solicitud se haya enviado de manera oportuna, y de existir auto admisorio o constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado recaída a mi petición, la omisión en la notificación de la misma, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante señalé domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en la petición en comento. 2.- Del C. Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reclamo: a) La omisión de emitir acuerdo admisorio, así como la constancia respecto de la solicitud de la condición de refugiado derivada de la solicitud presentada por el suscrito en fecha 02 de septiembre de 2022, por conducto del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California. b) En caso de haber emitido auto admisorio, así como la constancia respectiva, reclamo la omisión de la notificación de la emisión respectiva, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante, señalé domicilio procesal para oír y recibo notificaciones en la petición en comento, violando así lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria." De lo anterior, se puede concluir que la parte quejosa se duele esencialmente de la omisión de emitir el acuerdo correspondiente relativo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha 02 de septiembre de 2022, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como la notificación del acuerdo de que se trata. Ahora, de la constancia enviada por la autoridad señalada como responsable agregada a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el cinco de diciembre del año en curso, se notificó al ahora quejoso la resolución de dos del mismo mes y año, en que se resolvió que no era procedente la tramitación de la solicitud de reconocimiento de refugiado solicitada por el aquí quejoso ********************, virtud que previamente accedió a un procedimiento de la condición de refugio bajo la Clave Única de Refugiado (CUR) ********************, mismo que se encuentra activo. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele exclusivamente de la omisión de emitir el acuerdo correspondiente relativo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha 02 de septiembre de 2022, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como la notificación del acuerdo de que se trata, y lo anterior ya aconteció, según fue razonado en el párrafo precedente, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Sin que con la anterior determinación, se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que del informe justificado se advierte que el gestor del amparo quejoso ********************, accedió a un procedimiento de la condición de refugio bajo la Clave Única de Refugiado (CUR) ********************, mismo que se encuentra activo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, podemos advertir que no ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda su informe justificado la autoridad responsable Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); toda vez que el proveído por medio del cual se requirió dicho informe, fue notificado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós.Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las once horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda, los informes justificados rendidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en los informes correspondientes. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en los informes justificados respectivos.Notifíquese.
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