José Alejandro Cota Cota
Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- José Alejandro Cota Cota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Escrito.Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el representante legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada del testimonio de la escritura número mil cien, volumen treinta y tres, pasada ante la fe del notario público número treinta con residencia en La Paz, Baja California Sur. Devolución de documentos. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, previa copia certificada y acuse de su recibo que de la misma se deje en autos, devuélvase el documento solicitado, autorizando para recibirla a la persona que menciona en su ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.JJCM/JHA/Jarb
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Incidente. No se aperturó. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo.
- Principal
En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, con rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Jurisprudencia que resulta aplicable y se encuentra vigente de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, al no oponerse a las disposiciones de ésta. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ******, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 27 DE MAYO DE 2019, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Mexicali, Baja California, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Informe. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite copia certificada del expediente número ***, del cual deriva el acto reclamado en el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la autoridad de cuenta; sin que en el presente contradictorio federal sea necesario dar vista a las partes con el informe y la documental que la autoridad oficiante adjuntó a su oficio, por las siguientes consideraciones: Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de la demanda de amparo y las constancias que integran el presente contradictorio federal revelan que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto legal que establece: Dicho precepto legal dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera, la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efecto del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] Bajo ese marco jurídico, se tiene que en el presente juicio, la parte quejosa se duele de la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de huelga registrado bajo el número *****, de la índice de la Junta responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad de que se trata en apoyo a su informe justificado se advierte que la Junta responsable dictó auto de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, en el que por los motivos expuestos, dejó sin efectos el emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato de Trabajadores Urbanos Rurales y Similares "Primero de Mayo", de la República Mexicana (FROC), ordenándose levantar el secuestro provisional trabado en dicho juicio y se ordenó archivar el juicio como asunto total y definitivamente concluido. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la la falta de notificación y emplazamiento a huelga dentro del juicio *****, por parte de la Junta responsable, y dado que el juicio de referencia se envió al archivo como total y definitivamente concluido, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. [.] No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. [.] Jurisprudencia que resulta aplicable y se encuentra vigente de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, al no oponerse a las disposiciones de ésta. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.
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