Jose Alejandro Castillo Cabrera
Expediente 334/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Alejandro Castillo Cabrera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; por tanto, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente, de oficio procede a determinar si se cumplió o no la resolución. De constancias se advierte que la ejecutoria que concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable la autoridad responsable delegado estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: a) En el plazo de tres días hábiles, otorgue respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el ********************. b) Notifique a la parte quejosa la respuesta que recayó a su solicitud, en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de petición. Mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veinte (f. 39), se declaró que la sentencia de mérito, había causado ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa con los oficios con anexos registrados con los números 5440 y 5441 (fojas 34 a 36) por los que la responsable de mérito informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es así, puesto que en contestación a la ejecutoria, el delegado estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la jefa de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de tal institución, mediante su misiva ******************** (foja 34), adjuntó el diverso comunicado número ******************** (foja 35), dirigido al interesado ********************, mediante el cual le dio respuesta su escrito de ********************, por el que solicitó la modificación al régimen de pensión registrado en la base de datos única de Derechohabientes de tal Instituto, así como la constancia de notificación al interesado de referencia por conducto de su autorizado ******************** (foja 36). Documentales que merecen eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en términos de lo previsto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, sin excesos ni defectos. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 18, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se concedió la protección constitucional solicitada (fojas 22 a 29); por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Ahora bien, del sumario se advierte que los efectos de la protección constitucional, son para que la autoridad responsable delegado estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: a) En el plazo de tres días hábiles, otorgue respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el cuatro de octubre de dos mil diecinueve. b) Notifique a la parte quejosa la respuesta que recayó a su solicitud, en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de petición. Ahora, la nombrada responsable remitió sendos oficios registrados con números 5440 y 5441 (fojas 34 a 35), a través de los cuales informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues señaló que mediante la comunicación SP/DAPE/SDAVD/0745/2020 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dio respuesta a la petición formulada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve por el agraviado José Alejandro castillo Cabrera, y que tal respuesta le fue notificada al quejoso; de lo que indicó acreditar con las constancias conducentes (fojas 35 y 36). En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios que firma la autoridad responsable delegado Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la jefa de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, mediante los cuales refiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que dice acreditar con la documental adjunta. Al respecto, esta potestad federal reserva acordar lo conducente al cumplimiento de la sentencia de amparo pronunciada, hasta en tanto esta cause ejecutoria.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 334/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte (fojas 3 a 7), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, José Alejandro Castillo Cabrera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcribe: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: Se reclama de la responsable la omisión de emitir el acuerdo por escrito, en breve término, correspondiente al escrito de fecha 04 cuatro de octubre del 2019 dos mil diecinueve, presentado a la responsable, tal como consta del sello fechador plasmado en el escrito de petición". "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad al DELEGADO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio ubicado en Francisco Juárez S/N, Los Laureles, Bajío de las Américas, de esta Ciudad de Celaya, Gto." Acto que consideró violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante proveído de doce de agosto de dos mil veinte (fojas 8 a 10), se registró con el número 334/2020; se admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que -cumplidos los requisitos de ley- tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una omisión a autoridades con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", procede establecer los actos reclamados. De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La omisión de emitir respuesta a la petición formulada por el quejoso el cuatro de octubre de dos mil veinte ante la Delegación Estatal en Guanajuato del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado). Acto reclamado de la siguiente autoridad: 1. Delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable por conducto de la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le reclama. Sin embargo, de las propias manifestaciones vertidas en el informe, se advierte la existencia del acto que se le atribuyó, dado que fue en ese documento donde se otorgó respuesta a la solicitud formulada por el quejoso. No obstante ello, la responsable no adjuntó esa respuesta en un escrito dirigido al solicitante del amparo, así como tampoco constancia de la notificación respectiva; por todo ello, se tiene como cierta la omisión reclamada al no haber otorgado contestación mediante escrito dirigido al peticionario, así como de su respectiva notificación. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la contienen, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa egativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. En el primer concepto de violación se aduce, en esencia, que la falta de respuesta por escrito a la petición que formuló la parte quejosa a la responsable desde el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, viola el derecho fundamental reconocido en el artículo 8º constitucional. Los argumentos son fundados, conforme a las siguientes consideraciones. El denominado "derecho de petición" reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir, en breve término, una respuesta por escrito y congruente con su petición. El ejercicio del derecho de petición por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por este el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Apoya lo expuesto la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Además debe precisarse que el derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático, se respeta solo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que este pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8º, en relación con el numeral 1º en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en aras de una justicia pronta y completa, pues el citado derecho pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de esta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, del rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". En el caso, la parte quejosa formuló una petición ante la delegación estatal en Guanajuato del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), por la cual solicitó le informaran su estatus afiliatorio por encontrarse en proceso preparatorio de jubilación; asimismo, pidió que se regularizara su régimen a fin de poder jubilarse conforme a lo establecido por el ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO de la normativa aplicable a su caso, con el objeto de que no se afectaran sus derechos sociales. Esto tal como desprende del acuse con sello de recepción por parte del referido instituto (fojas 6 y 7). De igual forma, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia de la omisión reclamada y procedió a dar contestación a la solicitud del aquí quejoso, en la que le manifestó lo siguiente: "(.) Resulta improcedente e infundada la solicitud de la quejosa con relación a que se le inscriba en el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE. --- Lo anterior es así, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: --- En primer término, y con la finalidad de sustentar la legalidad de la resolución que se impugna en el presente juicio de amparo, es de indicar que a los trabajadores que a la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, que se encontraran cotizando al Instituto, (sic) el artículo quinto transitorio podrían elegir entre el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de bono de pensión del Instituto en sus cuentas individuales, esto es, se les otorgó a dichos trabajadores activos el derecho a optar ante dos sistemas, el del artículo DÉCIMO TRANSITORIO o el de CUENTAS INDIVIDUALES. --- De modo que en respeto a los derechos de los trabajadores que se encontraban en activo a la entrada en vigor de la ley, se estableció un mecanismo (.)"; (fojas 14 a 16). En ese sentido, asiste razón al peticionario del amparo al referir que la autoridad responsable omitió dirigirle respuesta por escrito a su solicitud formulada presentada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve y hacerla de su conocimiento, pues la circunstancia de que insertara la pretendida contestación a las petición formulada por el quejoso en su informe de ley, no la exime de la obligación constitucional ineludible de acordar con relación a la solicitud de mérito en una actuación propia de la autoridad dirigida al quejoso, lo cual deberán llevar a cabo en un breve término. Lo anterior evidencia la falta de respuesta a la petición presentada por el accionante de la tutela federal, así como de su notificación, por lo que se concluye que si el artículo 8° constitucional, constriñe a la autoridad, a que si la petición se formuló por escrito, de manera respetuosa y pacífica, los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de emitir una respuesta por escrito a dichas peticiones. Por tanto, si la responsable no acreditó haber otorgado respuesta a la solicitud del quejoso mediante escrito dirigido a su persona, ni habérsela hecho de su conocimiento, resulta inconcuso que transgreden con su actuar el artículo 8º constitucional. En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable delegado estatal en Guanajuato del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado): En el plazo de tres días hábiles, otorgue respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Notifique a la parte quejosa la respuesta que recayó a su solicitud, en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de petición. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Finalmente cabe mencionar que en el caso la parte quejosa no amplió demanda de derechos fundamentales en contra de la respuesta otorgada por la autoridad responsable a la petición de referencia; sin embargo, de haber instado la ampliación de demanda, de cualquier forma ello se torna improcedente. Ciertamente, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), del rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR." Determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado. Criterio que por identidad de razón, resulta aplicable al presente asunto, dado que, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin que obste a lo anterior la existencia de la diversa jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, con número de registro 2021401, libro 74, enero de 2020, tomo I, Décima época de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QEJOSO OPTPO POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVAD RESPECTO DE DICHO ACTO", toda vez que el caso en particular encuentra sustento en la jurisprudencia citada con antelación y no en esta que establece el criterio de manera genérica. Máxime que de la propia versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el quince de octubre de dos mil diecinueve, la ministra Norma Lucía Piña Hernández expuso que la Segunda Sala ha establecido que los derechos de petición, tratándose de determinados entes como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social -cuando es ente asegurador-, se pueden ir al juicio de amparo en su calidad de autoridad, pero posteriormente, al no darse la relación de subordinación, sino de coordinación, no podría ampliar la demanda. Por lo que acotó la ministra que lo tratado en la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.) es una regla general que debe aludir a casos muy específicos dentro del parámetro que estaban analizando; por ello, es que este juzgador de amparo estima que no cobra aplicación la citada jurisprudencia en el caso particular, sino la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser aplicable al caso en concreto, pues el derecho de petición se formuló a un ente asegurador. De igual forma, en la ejecutoria derivada de la citada contradicción, en el punto 61, el Pleno asentó: "[.] Sin embargo, el principio de definitividad no es absoluto, en tanto admite excepciones, algunas de ellas previstas de manera expresa en la Constitución y en la Ley de Amparo (por ejemplo, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución), y otras derivadas de la interpretación llevada a cabo por esta Suprema Corte (como en el caso de que el acto reclamado derive de un proceso de restitución internacional de menores1 o contra disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunal judiciales, administrativos o del trabajo,2 así como cuando el amparo se promueve por un tercero extraño por equiparación,3 por citar algunos ejemplos). [.]". En ese sentido, este juzgado considera que dentro de esas excepciones se encuentra precisamente el caso en estudio, por ajustarse al criterio definido por la Segunda Sala en torno a que los derechos de petición, tratándose de determinados entes como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - cuando es ente asegurador-, se pueden ir al juicio de amparo en su calidad de autoridad, pero posteriormente, al no darse la relación de subordinación, sino de coordinación, no podría ampliar la demanda. Así, se puede observar de la ya citada jurisprudencia 2a./J. 66/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a xxxxxxxx, en contra de la omisión atribuida a la autoridad precisada en el considerando segundo, para los efectos indicados en el considerando último de este fallo.
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