Jose Alberto Vega Espinoza .
Expediente 509/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Alberto Vega Espinoza .
- José Francisco Antonio Vega Blancas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD) relativo a la causa penal ***** de su estadística, devuélvansele; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 509/2021-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno (foja 2) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, * y *, solicitaron la protección de la justicia federal en contra de los actos de la autoridad que hicieron consistir en: IV. ACTOS RECLAMADOS: De la primera de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadora reclamamos el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha catorce de julio del año en curso dictado en nuestra contra por C. Juez de Control * adscrito a Celaya Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato dentro de la causa penal:*; y de las restantes autoridades señaladas como responsables, reclamo la ejecución de dicho auto de vinculación que lleva acabo por sí, o por conducto de sus subordinados." III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales en su carácter de ORDENADORA, AL JUEZ DE CONTROL * ADSCRITO A CELAYA JUZGADO PENAL DE ORALIDAD DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO, con residencia en * de Guanajuato (.); en su carácter de EJECUTORAS, señalo AL C. DIRECTIR DEL CERESO DE CELAYA con domicilio en *. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 17, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Turno de demanda. Por razón de turno, la demanda fue remitida a este juzgado de Distrito el veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Por auto de treinta de julio siguiente (fojas 10 a 13), esta potestad federal admitió a trámite la demanda constitucional, registrada con número 509/2021-5; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados -agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, así como de * con carácter de víctima u ofendido en la causa penal subyacente-. De igual forma, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal1. La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados son el auto de vinculación a proceso y su ejecución, en contra de la parte quejosa, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede y base Celaya, lugares en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. Es aplicable por analogía y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente2: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, tomo III, página 2183, diciembre de dos mil once. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. i) El auto de vinculación a proceso decretado en contra de los quejosos en la subyacente causa penal *, el catorce de julio de dos mil veintiuno, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 191, fracción V y 194 fracciones I y VI, en relación con el 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de *. ii) La ejecución del mencionado auto de vinculación a proceso; y, Actos reclamados a las siguientes autoridades: Como ordenadora 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base y sede Celaya; y, Como ejecutora 2. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman tanto al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base y sede Celaya, como al director del Centro Estatal de Prevención Social en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (foja 18, 26 y 27 de autos). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la constancia que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal. Documental pública con eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES 4 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. El ocho de julio de dos mil veintiuno, comenzó la audiencia inicial en la causa penal de origen * El juez responsable concedió el uso de la voz al fiscal quien formuló imputación a *, * y otro. El juez también otorgó el uso de la voz a los defensores particulares, quienes refirieron no tener nada que manifestar; posteriormente, el juez les informó a los imputados sobre la oportunidad para dar contestación a la imputación que se les realizó, además, que tienen derecho a declarar o no hacerlo. En uso de la voz, ambos imputados manifestaron que no es su deseo declarar, ello en ejercicio de su derecho constitucional. 3. Después el fiscal solicitó permiso para pedir la vinculación de los imputados, a lo que hubo anuencia por parte de la juez; por lo que el agente del Ministerio Público procedió a solicitar la vinculación a proceso de los imputados por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto por el artículo 191, fracción V, calificativas del artículo 194, fracciones I (con violencia) y VI (participación de más de dos personas) del Código Penal para el Estado de Guanajuato; artículo 13, articulo 20, párrafo primero, tercer supuesto en agravio de *. Destaca que el cuadro fáctico, en esencia, se hizo consistir en lo siguiente: El día veintiséis de enero de dos mil veintiuno, alrededor de las tres de la tarde, en el que el ofendido * acudió a la institución bancaria *, en compañía de un amigo de nombre *, sucursal ubicada en boulevard * en esta ciudad, con la intención de cambiar dos cheques, cada uno por la cantidad de $* propiedad del ofendido; antes de entrar al banco, el ofendido le pidió a su amigo que le ayudara a cambiar uno de los cheques, razón por la cual realizó el endoso correspondiente de uno de los títulos valor. Al ingresar a la institución bancaria, fueron atendidos de inmediato; uno al lado del otro, momento en el que ingresaron a la institución bancaria * y * y se formaron en la fila para esperar el pase al área de ventanillas. Uno de los cheques no se cambió de inmediato, porque en el área de cajas no contaban con el efectivo suficiente, motivo por el que los cajeros indicaron al ofendido y a su amigo que aguardaran un instante; que en ese momento, ingresó al área de cajas el imputado de nombre *, donde fue atendido por un tercer cajero; que el imputado pidió le cambiaran un mil quinientos pesos por billetes de cien pesos, mientras observa al ofendido. Una vez que le cambiaron el dinero se retiró *; mientras que *, se acercó a esa misma ventanilla número tres a realizar la misma acción, esto es, cambiar el dinero, mientras observaba al ofendido, en tanto que el ofendido de igual forma observó a cada uno de los ahora imputados. Transcurrido un instante, llegó liquidez a las cajas por lo que los cajeros entregaron tanto al ofendido como a su amigo lo correspondiente al cambio de los cheques. Seguidamente el ofendido guardó el dinero en las bolsas del pantalón, en tanto que su amigo, hace lo propio en la camisa que vestía; en ese momento salió del banco * y detrás de este, el ofendido y su amigo. Afuera del banco, el ofendido y su amigo abordaron un vehículo de motor, color blanco, marca Dodge con rumbo a su oficina, circulando por varias calles de la ciudad; cuando transitaban sobre el eje *, donde se ubica un semáforo, lugar donde detuvieron la marcha porque les tocó luz roja del semáforo; el vehículo era conducido por el amigo del ofendido * en tanto que el ofendido ocupaba la plaza de copiloto; en ese punto los alcanzó un vehículo Volkswagen, Jetta, color blanco, que los rebasó y les cerró el paso, del que bajaron * y *, se dirigieron hacia el ofendido, amenazándolo con un arma de fuego, a la vez que * le quitó el dinero que llevaba en la bolsa del pantalón, mientras que * le requiere al ofendido que le entregue el celular, así como la cartera donde llevaba la suma de un mil quinientos cincuenta pesos y diversas identificaciones; de igual forma, le ordenó que le entregara un sobre amarillo que el ofendido llevaba en el vehículo de motor -que contenía las llaves de una camioneta, las llaves de su casa, una tarjeta de circulación de otro vehículo que acababa de adquirir-, lo que también entregó; al mismo tiempo, descendió del automotor marca Jetta * diverso imputado que no es quejoso en este asunto-, quien se dirigió con el amigo del ofendido, lo amenazó con un arma de fuego y le ordenó que le entregara el dinero que le dieron en el banco, por lo que * entregó el dinero, además de que le quitó las llaves del vehículo de motor; después de esto, abordaron el vehiculo Jetta, se retiraron del lugar y cuadras más adelante arrojaron las llaves del automotor en el circulaban el ofendido y su amigo, así como el celular de este. Los datos de prueba en que se sustentó el cuadro fáctico son: a) Entrevista del ofendido *, quien refirió que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, alrededor de las quince horas de la tarde, llegó al banco *, ubicado en * de esta ciudad en compañía de * para cobrar dos cheques a su nombre, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos; que para agilizar el trámite endosó uno de los cheques a su amigo *, que no había clientes por lo que llegaron directamente a la ventanilla; el entrevistado pasó a la caja número uno de izquierda a derecha, en tanto que * pasó a la número 2; que los cajeros les indicaron que no tenían el efectivo suficiente en ese momento, que tendrían que esperar un momento, por lo que decidieron esperar; posteriormente, llegaron a esa área, a la fila para las ventanillas, dos personas, uno con playera de color gris y cubrebocas azul claro; atrás de este, un sujeto más joven, con playera oscura estampada al frente y cubrebocas color negro, que estos sujetos lo observaban tanto él como a su amigo; agregó que ese sujeto pidió que le cambiaria mil quinientos pesos por billetes de cien pesos y que nunca dejaron de observar al declarante; una vez que terminaron de cambiar el dinero, se retiró del área de ventanilla e ingresó a la ventanilla tres el diverso sujeto (que vestía playera obscura con estampados al frente) y solicitó también le cambiaran mil quinientos pesos por billetes de cien pesos; de igual forma, le comentó a su amigo que los estaban observando y Abraham le dijo que al salir tuvieran mucho cuidado; una vez que le entregaron el dinero lo guardó en las bolsas del pantalón y se retiraron del banco. Ya con el dinero, se dirigieron al vehículo de motor en el que se transportaban, Dodge color blanco, que lo abordaron y se retiraron de la sucursal bancaria; que tomaron diversas calles y estuvo observando que no los siguieran; incluso señaló que se toparon con un vehículo de la guardia nacional y que por un rato estuvieron siguiendo a ese vehículo a efecto de protegerse. Cuando observó que nadie los seguía, decidieron ya dirigirse a su oficina y tomaron el eje Manuel J. Clouthier; una vez en la esquina de este boulevard con avenida Torres Landa, les tocó el semáforo en rojo razón por la que se detuvieron, aclarando que quien manejaba el vehículo en el que se trasladaban era su amigo Abraham; que alcanzó a observar un vehículo de motor, de la marca Volkswagen, blanco, tipo Jetta, automotor que repentinamente se les emparejó y luego les cerró el paso, colocándose con el frente hacia el lado oriente y la parte del copiloto hacia el entrevistado; observó que del lado del copiloto, tanto delantera como trasera, descendieron los dos sujetos que previamente había observado en el banco y se dirigieron con él; agregó que el más joven (de playera obscura con estampado al frente), le comenzó a tocar el vidrio de su puerta con un arma de fuego y le ordenaba que le abriera sino lo materia; de igual forma, observó que otro masculino se encontraba del lado del conductor donde estaba *, a quien también le ordenaba que abriera la puerta ya que portaba a su vez un arma de fuego; que le dijo a su amigo, que ya valió, que abra la puerta; su amigo quitó los seguros del vehículo y fue cuando los sujetos abrieron las puertas; agregó que el más joven se metió al vehículo, lo amagó con el arma de fuego poniéndosela en la cabeza y con la mano izquierda le sostuvo la cabeza, ordenándole que le entregara el dinero; el declarante le dijo que no podía darle el dinero ya que traía el cinturón de seguridad, por lo que el tipo que portaba el arma de fuego le quitó el cinturón; en ese momento, se acercó el sujeto que vestía la playera gris hacia donde estaba el de la voz, le sacó el dinero que le dieron en el banco; también el joven que lo tenía encañado le exigió la entrega de su celular y de la cartera, lo que así hizo, donde traía documentos personales así como mil quinientos pesos; agregó que cuando intentó darle el celular se le cayó al suelo y que lo quiso recoger, pero que el joven de la playera estampada lo golpeó y el rompió la camisa; que el agresor se asomó a ver si efectivamente se había caído el celular y se percató que debajo del asiento del copiloto lleva un sobre amarillo, por lo que también le exigió que se lo entregara; una vez que se quedaron con las pertenencias que les robaron ingresaron de nueva cuenta al vehículo y se retiraron. Agregó que aunque las llaves del vehículo en el que circulaban la víctima y su acompañante, no estaban en el automotor, este seguía prendido razón por la que pudo estacionarse; que a Abraham no le quitaron su celular razón por la que pudo pedir auxilio a la policía. Que una persona se les acercó y les dijo que más adelante, unos sujetos arrojaron unas llaves a la calle y que ese señor las recogió y les preguntó que si eran de ellos a lo que respondieron que sí. También indicó que en el sobre que le quitaron llevaba dos tarjetas de circulación, las llaves de su casa, las llaves de una camioneta y el alta de una motocicleta que acababa de adquirir y que si puede identificar a sus agresores ya que los vio con detenimiento tanto en el banco como en el momento del asalto, dado que el más joven cuando se metió al vehículo de motor ya no llevaba cubrebocas, por lo que realizó un retrato hablado. Asimismo, presentó copia de los dos cheques que se le expidieron a su nombre, de la institución bancaria *, cada uno por la cantidad de treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos con la terminación 1418 y 1513, ambos de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno. b) Entrevista de *, quien en términos similares refirió la mecánica de los hechos narrados por el ofendido. Agregó que notó muy inquieto a su compañero *; que vio a un sujeto adulto con playera color gris, quien cambió un dinero por billetes de cien pesos. Después de que dicho sujeto salió de la sucursal bancaria, Luis Manuel le indicó que se les quedaron viendo y que cuando salieran del banco tuvieran mucho cuidado. Que observó que su amigo guardó el dinero en su pantalón, en tanto que el dinero que le fue entregado al entrevistado lo puso dentro de su camisa y salió del banco detrás de Abraham. Que se en su automotor, un Dodge blanco, se dirigieron hacia la oficina, circulando por varios calles porque * le pidió que siguiera a una unidad de la guardia nacional porque se sentía inseguro; una vez que * le indicó dejó de seguir a la patrulla y tomó el eje *, al llegar a la esquina con Avenida Torres Landa les tocó el alto y observó a una distancia de diez metros aproximadamente, un vehículo marca Jetta, color blanco, y se le hizo raro porque no había vehículos entre él y el vehículo blanco; este auto los alcanzó y les cerró el paso; descendieron de este las personas que previamente había observado en el banco, así como un tercer sujeto del lado del piloto y este se dirigió hacia el declarante; dicho sujetó golpeó el vidrio de la ventanilla con un arma de fuego que llevaba consigo, que por ello quitó los seguros del auto; el sujeto referido abrió la puerta del automóvil, lo amenazó con el arma de fuego y le dijo que le entregara el dinero, lo que así hizo; de igual forma, le ordenó que le entregara las llaves del coche y se las dio; este sujeto se dirigió nuevamente hacia el vehículo de motor en el que llegaron, junto con los otros dos asaltantes y se alejaron del lugar. Agregó que su coche no se apagó, y lo pudo arrancar hacia la avenida Torres Landa y ahí realizaron los reportes; que una persona les entregó las llaves del coche en el que se transportaban, ya que refirió que las encontró tiradas más adelante. De igual forma refirió que puede identificar perfectamente a la persona que le quitó el dinero y lo describió y proporcionó datos para realizar retratos hablados c) Tres retratos hablados elaborados por el perito *; dos fueron remitidos con el oficio * el cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Retratos elaborados con las características que proporcionó *; en tanto que el tercer retrato hablado se exhibió con el oficio * de cinco de febrero de dos mil veintiuno, con las características que proporcionó el ofendido *. d) Acta de inspección de un lugar de hechos practicada por el agente de investigación criminal *, de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el lugar ubicado en*; en el que se precisaron las características de ese lugar y el sentido de circulación (lugar donde ocurrió el desapoderamiento del numerario del ofendido). e) Videograbaciones remitidas por la institución bancaria B*, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que el agente de investigación criminal * verificó el contenido de las cintas remitidas el treinta de marzo de dos mil veintiuno; detalló que las grabaciones son a color, con buena nitidez y resolución; agregó que son tres videos los que interesan; una de las videograbaciones corresponde a las dos primeras cajas y la diversa de la caja tres y cuatro; refiere que se aprecia cuando llega el ofendido, así como Abraham (lo que pudo identificar ya que el ofendido, y su amigo * expresaron como estaban vestidos el día de los hechos); aclaró que no existe una hora exacta de la grabación, sino el minuto de la grabación propiamente dicho (minuto 52.56 y 53.03), tampoco tiene fecha la videograbación. Posteriormente, en el minuto 59.41 se aprecia que llega al banco con una playera gris, pantalón de mezclilla y cubrebocas negro, quien permanece afuera de la institución bancaria y no ingresa; a la 1.04 y 1.05, se observa que sale un muchacho joven y un señor adulto; a la hora de la grabación 1.08 sale el ofendido y su amigo, quienes se dirigen hacia el lado izquierdo. El diverso masculino siempre permaneció afuera del banco, observando en todo momento al ofendido y realiza llamadas telefónicas; esta persona corre y se dirige hacia el lado izquierdo por la banqueta corriendo y pasa por el arroyo de circulación un vehículo color blanco, al parecer donde iba el ofendido * y su amigo Abraham. En tanto en el video de ventanillas, se observa cuando el ofendido y su amigo se colocan en las ventanillas tal como lo refirieron en sus declaraciones; también se observa que en la fila, detrás * y *, está un sujeto que viste una playera color gris, con pantalón de mezclilla y cubrebocas color azul claro y detrás de él, un sujeto más joven, con playera obscura, con estampado al frente y cubrebocas negro. El agente de investigación observó que el ofendido en todo momento observa al sujeto descrito en primer término, cuando este pasó a la ventanilla número tres, así como que le entregó un dinero a la cajera y esta a su vez le entregó diversos billetes; conducta que similarmente realizó el sujeto más joven. En las otras videograbaciones relativas a las ventanillas tres y cuatro, se observan con mayor precisión las facciones que ingresaron a esta ventanilla. f) Oficio * de siete de abril de dos mil veintiuno elaborado por *, en el que en contestación a la investigación formulada, informa que al realizar un estudio comparativo de las características proporcionadas por el ofendido y su acompañante respecto de los sujetos que ingresaron al banco y posteriormente les quitaron el dinero que llevaban consigo, con los retratos hablados, son coincidentes las características físicas; de igual forma, hace el cotejo principalmente de las personas que se observan en el banco con las del retrato hablado que elaboró el ofendido. Agregó que realizó una consulta en la base de datos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, denominada Centro de Atención y Servicios (CAS), donde se concentra toda la información que se nutre con información de otras instituciones, donde realizó una búsqueda directa de personas que tengan antecedentes por robo a personas como "cuentahabientes", donde observa varias coincidencias, entre las que destaca con unas personas que tienen unos procesos con ficha signalética de José Francisco Antonio Vega Blancas como la persona que estaba en el banco, con playera gris y cubrebocas azul cielo y que ingresó primero al área de ventanilla y que fue quien desapoderó al ofendido del dinero. De igual forma, localizó otra coincidencia con José Alberto Vega Espinoza persona que también cuenta con ficha signalética y a quien los testigos refieren como más joven, con playera obscura con estampada al frente y que paso en segundo lugar al área de ventanilla y que al momento del robo amenazó a * con el arma de fuego. Finalmente, otra coincidencia se dio con *, también con ficha signalética y que fue la persona que en el lugar de los hechos se dirigió con * y lo amenazó con la pistola y le quitó el dinero, agregando que están sujetos a proceso por otros delitos, razón por la que se practicó el reconocimiento de persona. g) Diligencia de reconocimiento de quince de abril de dos mil veintiuno, con las formalidades de ley, previa notificación personal a los imputados sobre este acto, por lo que designaron defensor particular. Acto que se realizó por un agente del Ministerio Público investigador diverso al que tramita la carpeta, licenciado *; este funcionario llevó a personas a efecto de que se coloquen en la fila de posibles "reconocibles". El reconocimiento comenzó con el testigo * respecto del imputado *, colocado en el lugar número tres de la fila de reconocibles; al practicar la diligencia correspondiente, el testigo reconoció a quien se colocó en el lugar número tres de izquierda a derecha; que lo reconoció por su cara, ya que es inconfundible y no la olvida, ya que le puso la pistola en la cabeza y le quitó el dinero. Enseguida, se realizó el reconocimiento con *; el aquí imputado se colocó en el lugar número 4 y el ofendido * lo identificó, ya que no lo olvida porque lo vio dos veces, primero en el banco y luego porque lo asaltó; que tiene poco pelo, la forma de las cejas y fue el que le quitó el dinero. El tercer reconocimiento, respecto de *, colocado en la posición número cuatro, y el ofendido * lo identificó, ya que reconoció la forma de su cara, así como su sonrisa burlona, ojos, ceja y fue quien lo amenazó con el arma de fuego, lo vio en el banco, lo golpeó y le quitó su celular. En todos los casos, la fila que se conformó con personas que los ahora imputados escogieron y con asistencia de los defensores que en ese momento decidieron designar. h) Entrevistas de imputados, *, * y *, quienes designaron defensor particular. Los dos primeros mencionados refirieron no estar de acuerdo con la imputación formulada en su contra y no ser su deseo rendir declaración. En tanto que *, expresó no estar de acuerdo con la imputación que le formula y agregó que en esas fechas se encontraba enfermo de Covid-19; que incluso entre los días dos y tres de febrero de dos mil veintiuno, iba saliendo de la enfermedad y su hermana y su mamá lo estaban cuidando. i) Oficio con folio 0864 de doce de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el doctor Quetzalcóatl Rodríguez Cruz, director municipal de la Jurisdicción Sanitaria de Celaya, Guanajuato número 3, CAISES Emiliano Zapata, quien expresó que al realizar una búsqueda en la plataforma "SISBER" por el epidemiólogo municipal de esta ciudad, no encontró ningún registro correspondiente a * como persona que haya estado enfermo de Covid-19; agregando que en esta plataforma se encuentran todas las personas con resultados para esta enfermedad a nivel nacional. 4. Posterior a la solicitud de vinculación a proceso formulada por la fiscal, el juez responsable hizo del conocimiento de los imputados del derecho que tienen para que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia, dentro del lapso de setenta y dos horas o incluso dentro de ciento cuarenta y cuatro horas en caso de solicitar la prórroga del plazo constitucional, por lo que pidió lo consultaran con su defensa. Tanto la defensa como los imputados manifestaron que se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, a fin de aportar datos de prueba. El juez proveyó favorablemente dicha petición. 5. El catorce de julio de dos mil veintiuno, se continuó con la audiencia inicial en la que se dio cuenta con los nuevos datos de prueba aportados por la defensa de los imputados a la carpeta de investigación, consistentes en: Entrevista de * realizada por escrito, quien refiere que el quince de mayo de este año fue despedido del empleo que desempeñada como guardia de seguridad de la empresa Mazda en esta ciudad; agregó que el cinco de marzo de dos mil veintiuno, cuando se encontraba realizando su recorrido de guardia (en las instalaciones de la refaccionaria Mazda Zapata, ubicada en * Celaya de esta ciudad) alrededor de las doce horas con treinta minutos, se percató que frente de donde él estaba se ubicaban unos policías municipales, quienes bajaron de dos vehículos, el primero un Jetta, placas NYY8407 y otro el marca Mazda, tipo CX9, placas LJG9187, ambos de color blanco; de esos vehículos descendieron a varios sujetos y hablaban con ellos; aproximadamente cuarenta minutos después, llegaron otras dos camionetas, color gris, tipo Ram, de las que se bajaron varios sujetos y se dirigieron a los policías municipales; después de hablar con ellos, subieron a las camionetas a los sujetos que habían detenido los municipales; agregó que si volviera a ver a los sujetos que bajaron de los vehículos descritos en primer término y abordados en las camionetas tipo Ram, los reconocería porque los tuvo a la vista durante bastante tiempo. Ampliación de lo narrado por el testigo * ante la fiscalía correspondiente; a preguntas formuladas refirió que la visibilidad estaba al "cien"; que estos hechos los vio aproximadamente a diez metros de distancia; que el comportamiento de los detenidos era cooperativo, no se observó forcejeo ni acciones violentas; que de las personas que viajaban en las camionetas grises solo pudo distinguir los chalecos con las siglas AIC; que de los sujetos que bajaron indicó que alcanzó a distinguir a seis personas; de igual forma, ratificó la entrevista rendida por escrito y que se observó esos hechos a la entrada de la Agencia Mazda de Celaya, la que se encuentra frente a la diversa Seat y Volkwagen; que puso describir a uno de los sujetos porque fue el que se le quedó más grabado, a quien bajaron del Mazda blanco, de 1.70, robusto, moreno, un poco calvo, camisa azul marino, con chaleco. A preguntas del asesor respondió que ese evento duró como una hora; que no tuvo inconveniente por parte de su trabajo de observar esa situación ya que es parte de su trabajo a efecto de tomar las decisiones que mejor convengan para la agencia en la que trabajaba. Peritaje elaborado por una analista de nombre *(sin fecha), con cédula profesional *; quien trabaja para el Instituto Nacional de Estudios sobre la Conducta Humana; en ese dictamen realizó un análisis respecto de un video que refiere se publicó en redes sociales, específicamente "Facebook", en un sitio de noticias denominado* del Llanero Solititito"; indicó la dirección desde la que se subió a dicha plataforma y expresa cómo fue la detención de cinco hombres en el centro comercial * video que tiene origen hace once semanas y explica todo el procedimiento relativo a la detención de dichas personas. (Medios de convicción que el juez responsable no tomó en consideración, al ponderar que ni del video, ni de la testimonial, se advierte que esa detención corresponda a los aquí imputados). Finalmente, tras el debate, se dictó en contra de los quejosos *, * y otro, vinculación a proceso por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 191, fracción V y 194 fracciones I y VI, en relación con el 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Esta determinación y su ejecución, ahora constituyen los actos reclamados. 6. Como consecuencia de la vinculación a proceso, también se dictó en contra de los imputados hoy quejosos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de los imputados en la causa penal 1P0621-598 del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base y sede Celaya, donde se dictó auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de los peticionarios de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo6, la suplencia 6 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiarán las determinaciones reclamadas a la luz de las consideraciones debatidas por la parte agraviada, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que las determinaciones reclamadas violen algún derecho humano de la parte peticionaria de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en las determinaciones debatidas, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)7, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, expresa la parte quejosa como argumento de disenso, en esencia y en atención a la causa de pedir, en un primer segmento del concepto de violación "II", que la vinculación a proceso decretada en su contra, es violatoria de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, párrafo segundo, 17, 19 y 133, de la Constitución 7 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se dictó sin cumplir con las formalidades de ley. El anterior planteamiento es infundado. A efecto de justificar tal postura, es preciso señalar que el artículo 14 de la carta magna, en su párrafo segundo dice: Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del citado numeral se desprende el derecho fundamental a un debido proceso, el cual, hasta el momento del dictado de la resolución reclamada ha sido acatado, pues de acuerdo con las constancias que integran el presente juicio constitucional, específicamente, de la copia certificada del disco óptico en formato de videograbación que remitió el juez del conocimiento primario, se advierte que en la audiencia inicial de formulación de imputación se hizo del conocimiento de los imputados la investigación que la fiscalía sigue en su contra. Una vez formulada la imputación, se les dio la oportunidad de declarar a los imputados; posteriormente, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, para lo cual expuso los datos de prueba con los cuales estimó que se acredita el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 191, fracción V y 194 fracciones I y VI, en relación con el 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, en agravio de Luis Manuel Núñez Olvera; mientras que la defensa tuvo oportunidad de dar contestación a los datos expuestos por la fiscal y en su caso pedir que no se tomaran en consideración esos datos, por ende, la no vinculación a proceso de los imputados hoy quejosos. Después de ello, el juez responsable otorgó uso de la voz tanto los imputados como a su respectiva defensa, quienes solicitaron ampliación de dicho término con objeto de allegar datos de prueba, los que se recabaron; por tanto, se suspendió y reanudó la audiencia, en la cual otorgó la oportunidad de que se generara ampliamente el contradictorio entre defensa y la representación social; posteriormente, el juez del conocimiento procedió a emitir la resolución correspondiente, dictando auto de vinculación a proceso en contra de los imputados * y * Blancas, básicamente al considerar que los datos expuestos por la fiscal acreditan el hecho que se les imputan así como la probable intervención de estos en su comisión. Además, también se reúnen los requisitos previstos tanto en el artículo 19 constitucional8, como en el 316 8 "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" del Código Nacional de Procedimientos Penales9, para emitir un auto de vinculación a proceso, pues se formuló imputación a los inculpados, se otorgó a estos la oportunidad para declarar; y de los antecedentes de la investigación expuestos por la fiscal, se desprenden, hasta ese momento, datos de prueba que acreditan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 191, fracción V y 194 fracciones I y VI, en relación con el 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de Luis Manuel Núñez Olvera; y existe la probabilidad de que los imputados, hoy quejosos lo cometieron, sin que se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Lo anterior porque el juez de control expuso que los datos de prueba, que reseñó la fiscal, permiten establecer que existe la probabilidad de que los imputados ahora quejosos, participaron en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado. Lo anterior, encuentra sustento, medularmente con las entrevistas de * y *, quienes indicaron sustancialmente las circunstancias en las que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, alrededor de 9 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. (.)". las tres de la tarde, el ofendido * acudió a la institución bancaria *, en compañía de *; sucursal ubicada en *, a cambiar dos cheques, cada uno por la cantidad de $* propiedad del primero de los nombrados; que antes de entrar al banco, el ofendido le pidió a su amigo que le ayudara a cambiar uno de los cheques, razón por la cual realizó el endoso correspondiente de uno de los títulos valor. Al ingresar a la institución bancaria fueron atendidos de inmediato; uno al lado del otro y en ese momento ingresaron al banco los ahora quejosos José Francisco Antonio Vega Blancas y José Alberto Vega Espinoza y se formaron en la fila para esperar el pase al área de ventanillas. Que uno de los cheques no se cambió de inmediato, en razón de que en el área de cajas no contaban con el efectivo suficiente, por la que los cajeros les indicaron que deberían esperar; que en ese momento ingresó al área de cajas el imputado de nombre José Francisco Antonio Vega Blancas, donde pidió al cajero que lo atendió que le cambiara un mil quinientos pesos por billetes de cien pesos, mientras observaba al ofendido. Una vez que le cambiaron el dinero se retiró José Francisco Antonio Vega Blancas y José Alberto Vega Espinoza se acercó a esa misma ventanilla a realizar la misma acción, esto es, cambiar el dinero, mientras observa al ofendido; en tanto que el ofendido de igual forma observó a los ahora imputados; que posteriormente los cajeros entregaron tanto al ofendido como a su amigo el respectivo numerario de cada uno de los dos cheques (treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos); el ofendido guardó el dinero en las bolsas del pantalón, en tanto que su amigo, hizo lo propio en la camisa que vestía; en ese momento salió del banco * y detrás de este, el ofendido y su amigo. Una vez afuera del banco, el ofendido y su amigo abordan un vehículo de motor, color blanco, marca Dodge con rumbo a su oficina, circulando por varias calles de la ciudad; que transitaban sobre el eje *, lugar donde se ubica un semáforo, les tocó alto, por la que detuvieron la marcha del vehículo conducido por *, en tanto que el ofendido iba sentado en el asiento del copiloto; que luego los alcanzó un vehículo Volkswagen, Jetta, color blanco, que los rebasó y les cerró el paso, del que descendieron * y *; se dirigieron hacia el ofendido y lo amenazaron con un arma de fuego, y * le quitó el dinero que llevaba en la bolsa del pantalón, mientras que * le requirió que le entregara el celular, así como la cartera donde llevaba la suma de mil quinientos cincuenta pesos y diversas identificaciones; de igual forma, le ordenó que le entregara un sobre amarillo que el ofendido llevaba en el vehículo de motor, donde llevaba las llaves de una camioneta, las llaves de su casa, una tarjeta de circulación y el acta de la misma, la cual acababa de adquirir, lo que también entregó; al mismo tiempo, descendió del vehículo de motor marca Jetta *, quien se dirigió con el amigo del ofendido, lo amenazó con un arma de fuego, y le ordenó que le entregue el dinero que le dieron en el banco, por lo que * entregó el dinero, además de que le quitó las llaves del vehículo de motor; después de esto, abordaron el vehículo Jetta, se retiraron del lugar y cuadras más adelante arrojaron las llaves del vehículo en el que circulaban el ofendido y su amigo, así como el celular de este. Lo que precede se corroboró con tres retratos hablados elaborados por el perito*; dos fueron remitidos con el oficio * el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, los que fueron elaborados con las características que proporcionó Luis Manuel Núñez Olvera; en tanto que el tercer retrato hablado se exhibió con el oficio * de cinco de febrero de dos mil veintiuno, con las características que proporcionó el ofendido * Lo que se relacionó con el acta de inspección de un lugar de hechos practicada por el agente de investigación criminal *, de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el lugar ubicado en la avenida *; en el que se precisaron las características de ese lugar y el sentido de circulación (lugar donde ocurrió el desapoderamiento del numerario del ofendido). Lo anterior, también se adminiculó con las Videograbaciones remitidas por la institución bancaria*, remitidas en veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que el agente de investigación criminal* verificó el contenido de las cintas remitidas el treinta de marzo de dos mil veintiuno; detalló que las grabaciones son a color, con buena nitidez y resolución; agregó que son tres videos los que interesan; una de las videograbaciones corresponde a las dos primeras cajas y la diversa de la caja tres y cuatro; refiere que se aprecia cuando llega el ofendido, así como * (lo que pudo identificar ya que el ofendido, y su amigo * expresaron como estaban vestidos el día de los hechos); aclaró que no existe una hora exacta de la grabación, sino el minuto de la grabación propiamente dicho (minuto 52.56 y 53.03), tampoco tiene fecha la videograbación. Posteriormente, en el minuto 59.41 se aprecia que llega al banco con una playera gris, pantalón de mezclilla y cubrebocas negro, quien permanece afuera de la institución bancaria y no ingresa; a la hora 1.04 y 1.05, se observa que sale un muchacho joven y un señor adulto; a la hora 1.08 de grabación sale el ofendido con su amigo y se dirigen hacia el lado izquierdo. El diverso masculino siempre permaneció afuera del banco, observando en todo momento al ofendido y realiza llamadas telefónicas; esta persona corre y se dirige hacia el lado izquierdo por la banqueta corriendo y pasa por el arroyo de circulación un vehículo color blanco, al parecer donde iba el ofendido Luis Manuel y su amigo Abraham. En tanto en el video de ventanillas, se observa cuando el ofendido y su acompañante se colocan en las ventanillas tal como lo refirieron en sus declaraciones; también se observa que en la fila, detrás Luis Manuel y Abraham, está un sujeto que viste una playera color gris, con pantalón de mezclilla y cubrebocas color azul claro y detrás de él, un sujeto más joven, con playera obscura, con estampado al frente y cubrebocas negro. El agente de investigación observó que el ofendido en todo momento observa al sujeto descrito en primer término, cuando este pasó a la ventanilla número tres, así como que le entregó un dinero a la cajera y esta a su vez le entregó diversos billetes; conducta que similarmente realizó el sujeto más joven. En las otras videograbaciones relativas a las ventanillas tres y cuatro, se observan con mayor precisión las facciones de quienes ingresaron a esta ventanilla. Asimismo, se adminiculó también con el oficio * de siete de abril de dos mil veintiuno elaborado por *, en el que en contestación a la investigación formulada, informó que al realizar un estudio comparativo de las características proporcionadas por el ofendido y su acompañante respecto de los sujetos que ingresaron al banco y posteriormente les quitaron el dinero que llevaban consigo, con los retratos hablados, son coincidentes las características físicas; de igual forma, hizo el cotejo principalmente de las personas que se observan en el banco con las del retrato hablado que elaboró el ofendido. Agregó que realizó una consulta en la base de datos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, denominada Centro de Atención y Servicios (CAS), donde se concentra toda la información que se nutre con información de otras instituciones, donde realizó una búsqueda directa de personas que tengan antecedentes por robo a personas como "cuentahabientes", en la que se observan varias coincidencias, entre las que destaca con unas personas que tienen unos procesos con ficha signalética de José Francisco Antonio Vega Blancas como la persona que estaba en el banco, con playera gris y cubrebocas azul cielo y que ingresó primero al área de ventanilla y que fue quien desapoderó al ofendido del dinero. De igual forma, localizó otra coincidencia con José * persona que también cuenta con ficha signalética y a quien el testigo y el ofendido refieren como más joven, con playera obscura al frente y que pasó en segundo lugar al área de ventanilla y que al momento del robo amenazó a * con el arma de fuego. Finalmente, otra coincidencia se dio con Jorge Alfredo Hernández Sánchez, también con ficha signalética y que fue la persona que en el lugar de los hechos se dirigió con * y lo amenazó con la pistola y le quitó el dinero, agregando que están sujetos a proceso por otros delitos, razón por la que se practicó el reconocimiento de persona. De igual forma, se tomaron en consideración las diligencias de reconocimiento practicadas el quince de abril de dos mil veintiuno, con las formalidades de ley; en las que tanto el ofendido como su acompañante reconocieron a los ahora quejosos como las personas que el día de los hechos investigados los desapoderaron del numerario y otras pertenencias. De ahí que este operador jurídico considera legal la resolución del juez de control, habida cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 87/2016, determinó que para el dictado de la vinculación al proceso, solo es necesario que obren datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que los imputados lo cometieron, asimismo, destacó que se entenderá que obran datos para establecer lo anterior, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. De referida ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley10". Por tanto, si en el caso, juez de control consideró que los datos de prueba de la fiscalía constituyen indicios razonables, que permiten suponer que los hoy quejosos cometieron el hecho que la ley define como robo calificado, es evidente que su actuar es apegado a Derecho y a las formalidades previstas para el dictado de un auto de vinculación a proceso. En esas condiciones, quien ahora resuelve estima que hasta el momento en que se dictó la resolución reclamada, no existe violación alguna a las formalidades del procedimiento, ya que se respetó en todo momento el derecho fundamental del debido proceso legal que todo individuo tiene, ello con la finalidad de ser oído públicamente, con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, garantizando su adecuada defensa tal como lo prevé el citado artículo 14 constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 47/9511, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 10 Época: Décima Época; Registro: 2014800; Instancia: Primera Sala; Tipo de tesis: jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; libro 45, agosto de 2017, tomo I; Materia(s): Penal; página: 360. 11 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, página 133. previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En otro aspecto, menciona la parte quejosa que es desacertado lo expuesto en la resolución reclamada porque los actos procedimentales sobre los que su defensa solicitó que no se consideraran, constituyen datos de prueba ilegales que no debieron ser tomados en cuenta al momento de resolver lo relativo a la vinculación del proceso. Refiere que el ministerio público al momento de llevar a cabo las entrevistas del denunciante Luis Núñez Olvera y el testigo Abraham Israel Zúñiga Abad, incumplió con el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente se dejó en cada caso constancia de un número de credencial de elector; pero no se dejó copia de dicho documento; ello con el fin de tener seguridad y certeza jurídica de que en ese acto hayan participado las personas que se mencionan. Expresa la parte quejosa que similar situación ocurre con el informe del retrato hablado realizado por * con respecto a la descripción que proporciona *; si bien se menciona que se identificó a este, jamás se estableció con qué se identificó. Que sin dejar de lado que ese acto de investigación no lo realiza la fiscal, por lo que es evidente que debe cumplir con lo previsto por el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales; máxime que debajo del dibujo realizado se asentó el nombre de la persona que describe. Que existen datos de prueba pertinentes, pero no idóneos por carecer de las formalidades de ley, por ende, ilegales como lo determina el párrafo primero del artículo 97 del procesal en comento. Considera que es ilegal que en la resolución reclamada se hayan "sufragado" o convalidado los actos mal realizados por la representación social, con lo que se evidencia una parcialidad por parte de la autoridad responsable en su actuar, en detrimento de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por lo que, en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben declararse nulos y que no pueden ser saneados, ni convalidados porque precluyó el lapso legal de tres días para ello, si se considera que dichas actuaciones datan de marzo de dos mil veintiuno; que se transgreden los derechos fundamentales de debido, proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica de los imputados. Citó como apoyo, la jurisprudencia 1a./J.54/2014, de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ CONMO SUS POSIBLES DESTINATARIOS."; así como la tesis XIII.P.A.55 P (10ª.), de rubro: "NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME AL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE SE ENCUENTRE CONOCIENDO DEL ASUNTO -Y NO SU SUPERIOR- ES QUIEN EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE REALIZAR LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE". De ahí que considere que los datos de prueba relativos a las entrevistas del ofendido y su acompañante, así como el concerniente al retrato hablado en cuestión, deben ser excluidos. Los planteamientos a análisis son infundados. El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.). IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y." De lo anterior se desprende, que la Carta Magna consagra como principio general, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, la cual es conocida, como prueba ilícita. Por su parte, los artículos 217, 263, 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados". Artículo 263. Licitud probatoria Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código". "Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto". De los preceptos transcritos, en lo que aquí interesa, se desprende lo siguiente: 1. Que el ministerio público deberá dejar registro de todas las actuaciones que se realice, y, que cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación. 2. Que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el código. 3. Que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. En ese orden, cabe señalar que entre los datos de prueba cabe distinguir los denominados ilícitos, de aquellos otros imperfectos. Los primeros, en forma genérica, como los obtenidos o incorporados al proceso en transgresión a derechos fundamentales (vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio, defensa), según lo dispuesto en los artículos 20 Constitucional y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, los segundos serán aquellos que irregularmente se practicaron, al haber omitido una formalidad procesal que les es propia, según lo prevé el diverso 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la prueba imperfecta deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales, en consecuencia, carece de una exigencia para otorgarle valor, pero resulta susceptible de ser perfeccionada en una etapa posterior, o en su caso, en una reposición del procedimiento. En efecto, se considera que la irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las formalidades de la ley procesal, no determina su inutilizabilidad, siempre que dicha anomalía no conlleve a su vez una vulneración de derechos o garantías constitucionales (lo que la convertiría en prueba ilícita); por tanto, se admite la posibilidad de convalidación o subsanación (ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso cumpliendo las formalidades de ley), salvo que, como ya se dijo, la irregularidad conlleve la violación de derechos o garantías del imputado. En cuanto a la ilicitud de la prueba (que no es lo mismo que su ilegalidad), existe como regla de exclusión, la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, etcétera). En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas irregulares, la prueba ilícita no admite convalidación o subsanación. Tiene ilustrativa aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 62/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, cuyo rubro y texto son: "DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en las tesis aisladas números 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), (1) respectivamente, en cuanto a que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exime al perito oficial de ratificar sus dictámenes viola el principio de igualdad procesal; sin embargo, al constituir prueba imperfecta, no ilícita, es susceptible de ser ratificado a través de la reposición del procedimiento, en su caso. En efecto, la diligencia de ratificación de dictamen pericial oficial a que se refiere dicho precepto, está referida a la etapa de juicio y no a la de averiguación previa; pero ello no significa que los dictámenes rendidos en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no puedan ser ratificados ante el juzgador para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. Bajo ese entendimiento y tratándose del dictado del auto de formal prisión, de conformidad con el artículo 19 constitucional, aplicable al sistema procesal mixto, basta que la etapa de averiguación previa arroje "datos bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado para el dictado del auto de formal prisión, lo que implica que el estándar de valoración probatoria por parte del juzgador es menor al que se encuentra obligado para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no se requieran, en un primer momento, elementos probatorios perfectos para sustentar el auto de término constitucional. Consecuentemente, el dictamen pericial oficial no ratificado aportado en la etapa de averiguación previa debe ser valorado como datoindicio en dicha resolución; por lo que no constituye prueba ilícita, toda vez que deberá ser ratificado en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionado, a efecto de que pueda otorgársele 12 Época: Décima Época; Registro: 2013064; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 62/2016 (10a.); Página: 862. valor probatorio pleno en la sentencia definitiva13". Así como, las siguientes tesis aisladas: "PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA CON DEFICIENCIA FORMAL O IRREGULAR. SUS DIFERENCIAS. La irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las formalidades de la ley procesal, no determina necesariamente su carácter de inutilizable, al no impedir su potencial reiteración o corrección futura, siempre que dicha anomalía meramente formal no conlleve, a su vez, una vulneración sustancial de derechos o prerrogativas constitucionales (lo que la convertiría en prueba ilícita); por tanto, en este caso, se admite la posibilidad de convalidación, perfeccionamiento o repetición (por ejemplo, ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso, ratificada o justificada cumpliendo las formalidades de ley), salvo que, la irregularidad conlleve la violación de derechos o garantías del imputado. En cambio, en cuanto a la ilicitud de la prueba (que no es lo mismo que su simple deficiencia formal o irregularidad), existe como regla de exclusión, la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, etcétera). En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas obtenidas irregularmente, exclusivamente desde una perspectiva formal subsanable, la prueba ilícita no admite convalidación. Además, su exclusión alcanza no sólo a la prueba obtenida directamente con vulneración de un derecho fundamental, sino también a las posteriores pruebas cuya obtención deriva de la considerada ilícita, salvo las excepciones legal y jurisprudencialmente previstas; esto es, lo que se conoce como la doctrina de "los frutos del árbol envenenado", clasificación en la que no encuadran las pruebas señaladas como irregulares por haber sido inicialmente obtenidas e incorporadas a la causa penal sin ajustarse al procedimiento formal establecido en la ley, pero perfeccionadas o reiteradas por no haber sido calificadas de ilícitas (con violación de derechos fundamentales)14". 13 Época: Décima Época; Registro: 2013064; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 62/2016 (10a.); Página: 862. 14 Época: Décima Época; Registro: 2016747; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Materia(s): Penal; Tesis: II.2o.P.61 P (10a.); Página: 2272. "PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA IMPERFECTA. SUS DIFERENCIAS. Entre las pruebas cabe distinguir las denominadas ilícitas, de aquellas otras imperfectas, consideradas las primeras, genéricamente, como las obtenidas o incorporadas al proceso penal en transgresión a los derechos fundamentales, a saber: la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio y defensa, a diferencia de las que se practicaron irregularmente, al haber omitido una formalidad procesal que les es propia. Dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la imperfecta deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales; en consecuencia, carece de una exigencia para otorgarle valor, pero es susceptible de ser perfeccionada en una potencial reposición. Luego, sin descuidar el posible efecto que sobre otras actuaciones ejerza la prueba imperfecta, también debe diferenciarse de las evidencias condicionadas por una prueba ilícita, pues así como la que le da origen, resultan contaminadas y, en consecuencia, habrán de anularse. Hipótesis que no se actualiza, por ejemplo, cuando el dictado de la orden de aprehensión se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de las víctimas y en una diligencia de reconocimiento de una persona por medio de una fotografía practicada por segunda vez, en virtud de haberse concedido anteriormente para efectos el amparo, que consideró imperfecta la primera diligencia, pues cumplida la ejecutoria, el nuevo acto reclamado se emite como si el nulificado no hubiera existido, es decir, sin considerar la prueba imperfectamente practicada y se erige sobre pruebas enteramente desligadas de las que fundamentaron el primigenio; en consecuencia, las recabadas para identificar a uno de los partícipes del delito no deben excluirse sin el correspondiente análisis. De lo que habrá de concluirse la inoperancia de la regla de exclusión en la prueba imperfecta, cuya práctica irregular tampoco trasciende de manera sustantiva al contenido de las declaraciones de las víctimas, lo que determina la inaplicación de la teoría de los frutos de actos viciados. Consecuentemente, el juzgador deberá atender al principio de contradicción, confrontando esas evidencias con el resto del material de cargo, en resguardo del derecho del quejoso de que se ponderen con el aportado con fines de descargo, considerando que es suficiente que la etapa arroje datos bastantes, por exigirse un nivel de valoración menor al que se encuentra obligado para dictar sentencia definitiva15". Ahora bien, de la audiencia de vinculación a proceso, se desprende que la defensa de la parte ahora quejosa solicitó que no fueran tomados cuenta los siguientes actos procedimentales: Datos de prueba relativos a las entrevistas del ofendido * y testigo *; el informe del retrato hablado realizado por * con respecto a la descripción que proporciona *; y el dato de prueba concerniente con la diligencia de reconocimiento de personas. La defensa estimó que en tales registros se omitió agregar copia del documento con el que se identificó en cada caso tanto al ofendido como al testigo de referencia; que en las entrevistas solo se asentó un número de credencial para votar; lo que es insuficiente para otorgar seguridad y certeza jurídica. Por tanto, que debían declararse ilegales y por ende no tomarse en cuenta los tres reseñados actos procedimentales. Por su parte, en la propia audiencia de imputación, en uso de la voz, la ministerio público adujo que es infundado lo alegado por la defensa, habida cuenta que la fiscalía indicó que, por cuanto ve a los datos generales de los declarantes -ofendido y testigo de cargo, se reservaron sus datos personales por 15 Época: Décima Época; Registro: 2017765; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III; Materia(s): Penal; Tesis: XVII.1o.P.A.68 P (10a.); Página: 3019. seguridad. Que tanto en la denuncia como en la primera entrevista a cada uno de esos declarantes fueron debidamente identificados. Luego del debate, el juez de control consideró lo siguiente: Que el contenido del artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una formalidad que todas las personas que intervengan en una diligencia deban identificarse. Que artículo 97 del mencionado cuerpo normativo permite que los actos ejecutados en contravención con las formalidades del código se declaren nulos, salvo que el defecto haya sido saneado. Que en la carpeta de origen tanto el ofendido como el testigo se encuentran identificados en los términos expuestos por la fiscal; que desde un inicio señaló la representación social que respecto esas personas entrevistadas se reservaron los datos personales por seguridad; pero que se identificaron tanto en la denuncia como en su respectiva entrevista. Además que no constituye una exigencia legal dejar copia del documento oficial con el que se identifiquen, sino que basta con que se haga referencia al documento correspondiente, lo que en el caso se colmó. Que el registro relativo al reconocimiento de personas, que la defensa estima ilegal y por ende solicita su exclusión, sí fue convalidado por dicha parte. Lo anterior, acotó el juez del conocimiento, habida cuenta que los imputados designaron a defensores que los asistieron en las diligencias, específicamente en la técnica de investigación concerniente con el reconocimiento de personas, en donde si bien no se señaló el documento con el que se identificaron el testigo y el ofendido, pero estuvieron presentes los defensores y no se opusieron; por tanto, al aceptar que esa diligencia se llevara en esos términos permite convalidar las actuaciones donde participaron el ofendido y el referido testigo, por lo que ahora no se puede alegar ilegalidad pretendida, ya que estuvieron presentes y no expresaron oposición alguna a que se llevara a cabo ese registro de actuación. Por tanto, que esa falta de formalidad fue debidamente convalidada por parte de la defensa; máxime que, reiteró, en la carpeta tanto el ofendido y el testigo se encuentran identificados en los términos expuestos por la fiscal. Determinación que se estima apegada a derecho. Ciertamente, no asiste razón jurídica a la parte quejosa cuando alega que los registros relativos a las entrevistas y retratos hablados se omitió identificar adecuadamente a los declarantes, porque adverso a lo que discute, conforme a lo expuesto sí hubo identificación de esas personas, solo que por seguridad de estas, se reservaron sus datos personales, tal como lo expresó la fiscal en la audiencia inicial ante el juez de la causa; y si bien no se dejó copia del documento identificatorio en la carpeta de origen, como acertadamente lo indicó el juez, esa circunstancia no es una exigencia de ley, tal como se desprende del contenido del 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales16, en donde se establecen las formalidades a observar por parte del Ministerio Público y la Policía en el registro de los actos de investigación, entre otras, identificar a las personas que participen en las diversas actuaciones; empero, no estatuye que se deba dejar copia del documento identificatorio. Además, la certeza de que tanto el ofendido como el testigo -que se mencionan en los registros sobre datos de prueba que cuestiona la defensa-, son los que participaron en sendas diligencias y no otras personas, se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige la actuación del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales17. Ciertamente, del referido precepto legal 128, se obtiene que la representación social está obligada a obrar con absoluta lealtad para con el imputado y su defensor durante todas las etapas del procedimiento. La regla de conducta procesal en cita, implica que todas las actuaciones del Ministerio Público gozan de 16 Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. 17 "Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." esa presunción de lealtad, salvo la existencia de datos que objetivamente anulen o hagan dudar de tal presunción. Luego, si de las constancias del sumario natural se advierte que no obra dato alguno que razonablemente permita dudar de la lealtad con que debe conducirse la fiscalía en las actuaciones de la investigación, entonces es inconcuso que con base en dicho principio -lealtad y buena fe-, el juez debe otorgar, tal como lo hizo en el acto reclamado, credibilidad y certeza a lo actuado por la fiscalía en los términos que esta lo expone. De ahí que resulte infundado el motivo de disenso sobre el tema en trato. Por otra parte, con relación a los registros sobre los que la defensa solicitó fueran excluidos, por incumplir con alguno de los requisitos que prevé el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, en omitir la identificación de todos los que intervienen en cada acto de investigación, en todo caso ello constituye un dato de prueba imperfecto, pero no ilícito. Ello porque los datos de prueba cuya ilegalidad y exclusión solicitó la defensa particular fueron recabados sin transgredir algún derecho fundamental de los imputados hoy quejosos, como lo es la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio, defensa. Solo que el fiscal investigador, al momento de recabarlos, conforme a lo alegado por la defensa, omitió dejar constancia de su identificación. Por tanto, se considera que aún de ser cierta dicha omisión, no da a lugar a calificar el dato de prueba de ilícito, sino a lo sumo de imperfecto. De ahí que, al ser un dato de prueba imperfecto, el mismo no es inutilizable, por admitir convalidación en términos de lo establecido por el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales18, como acertadamente lo ponderó el juez de la causa. Por lo que, los datos de prueba en mención, son susceptibles de ser considerados y analizados por la juez de control. Luego, si el juez ponderó que la diligencia de reconocimiento de personas fue convalidada por el actuar de la defensa en dicho acto en donde participó sin inconformarse sobre el tema de la identificación de las personas que intervinieron en ese acto, es inconcuso que la conclusión del juez es ajustada a Derecho, porque el supuesto vicio alegado por la parte quejosa solo redunda en todo caso en un dato de prueba imperfecto pero no ilícito, por adolecer de una formalidad susceptible de ser convalidada como lo sostuvo el juez, por admitir convalidación en términos 18 Artículo 100. Convalidación Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando: Párrafo reformado DOF 17-06-2016 I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o Fracción reformada DOF 17-06-2016 III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. de lo establecido por el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que en la etapa en que se encuentra la causa penal de donde derivó la vinculación a proceso, no se necesita prueba formalizada. En otro aspecto, alega la parte quejosa que la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales, por ser parcial habida cuenta que le otorgó valor probatorio a la inspección del video practicada por el agente de investigación criminal Raúl Ramírez Vences, y al informe de este, en el que expresó que al realizar un estudio comparativo de las características proporcionadas por el ofendido y su acompañante respecto de los sujetos que ingresaron al banco con los retratos hablados, son coincidentes las características físicas imputado ahora quejosos. Pues el juez de control, señala la parte quejosa, le atribuye facultades al policía de investigación de perito en antropometría quien es el especialista en determinar las características de las personas y su similitud; que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales no faculta, al policía en investigación, para realizar las funciones de perito. El anterior planteamiento es infundado. Es así porque, parte de una premisa inexacta, ni la fiscalía ni el juez asumieron que los actos del agente de investigación criminal Raúl Ramírez Vences constituyen un dato de prueba relativo a un dictamen pericial, sino solo un acto procesal de investigación para el cual están facultados conforme a lo dispuesto por el numeral 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí lo infundado del concepto de violación en trato. De igual modo, discute la parte quejosa que a la carpeta de investigación solo se allegaron copias de los cheques; que es insuficiente para acreditar la existencia de tales documentos dado que son susceptibles de manipulación o alteración. Este argumento también es infundado, porque el juez responsable expresó que la exhibición de las copias simples de los cheques, sirve para evidenciar que el ofendido efectivamente fue a cobrar esos títulos valor, por lo que la exhibición de las copias presume la existencia de esos documentos, sin que estos constituyan objeto material de la causa, sino el efectivo que se llevaron los sujetos activos. Menciona la parte quejosa que no existe dato de prueba relativo a que los quejosos hubieran hurtado un mil quinientos pesos que el ofendido refiere llevaba en la cartera que le fue robada el día de los hechos. Este argumento se torna irrelevante si se toma en consideración que el auto de vinculación se dictó respecto del artículo 191, fracción V, que alude a la cuantía de lo robo exceda de ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. El juez determinó que al momento de la comisión de los hechos tal medida de actualización asciende a $* que multiplicado por las ochocientos veces, arroja un resultado de $* Luego, si la suma de ambos cheques es por la cantidad de $* tal cifra resulta suficiente para tener por demostrado, hasta este momento procesal, que el monto de lo robado excede de ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. Asimismo, expresa la parte quejosa que la resolución del juez responsable es parcial porque solo otorgó valor a los datos de prueba de la fiscal; que en cambio, los ofertados por la defensa -testimonio de * y un video-, fueron desestimados, que con ello conculca derechos fundamentales en perjuicio de la parte solicitante de la tutela federal. Es infundado este argumento. Adverso a lo que alega la parte quejosa, se considera correcto lo determinado por el juez del conocimiento en cuanto a negar valor a la entrevista del testigo de descargo y al video aportado sobre la detención de seis personas por supuestos elementos policiacos, pues expuso con claridad cuáles fueron los motivos que lo llevaron a no acoger la información de descargo, señalando las inconsistencias que detectó en la información que le fue brindada por aquellos, conforme a las reglas de la sana crítica, sopesando de forma integral la información que le expusieron las partes, lo que lo llevaron a concluir que ni del video ni del testimonio se podía establecer certeramente que los detenidos en dicho video fueran los agraviados; además, expresó que por el momento no existe resolución judicial que determine que la detención de los imputados es ilegal como lo alega la defensa. En efecto, es correcto lo determinado por el juez de control, en virtud de que el ejercicio de ponderación de los datos de prueba corresponde llevarlo a este, como así lo hizo, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los imputados, bajo el método de la libre apreciación. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 986, libro 44, julio de 2017, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." De ahí que no asista razón a la parte quejosa cuando refiere, que el juez fue parcial por desestimar los datos de prueba que aportó al sumario de origen; ello en virtud de que, como se precisó, el juez de control expuso con claridad los motivos que lo llevaron a no acoger la información de descargo proporcionada por el testigo y el video, en virtud de la imposibilidad que tuvo para corroborar que los imputados quejosos son las mismas personas que aparecen en una detención en el mencionado video. Por todo lo anterior, este operador jurídico estima que, adverso a lo afirmado por la parte quejosa, la determinación reclamada no conculcan los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 17 y 19 de la constitución; tanto más que, como se expuso, cumplieron con los requisitos y formalidades exigidos por dichos artículos. Es así porque, como se precisó, la resolución sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues hasta este momento, con la referencia de los datos probatorios son suficientes para establecer en grado de suposición que se ha cometido un hecho que la ley define como delito de robo calificado, y existe la posibilidad real de que los imputados hoy quejosos lo cometieron o participaron en su comisión, y se respetaron las formalidades requeridas por el numeral 14 constitucional, lo que se determina suficiente para que esté dictada conforme a Derecho. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de los actos reclamados. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamó al director Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo, por las razones que informa la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19, cuyo texto es como sigue: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a * y *, en contra de los actos de las autoridades, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio número 2 en esta ciudad, por el que se apersona al incidente de suspensión en que se actúa y señala domicilio para recibir notificaciones. Sin que resulte procedente que se le tenga por rindiendo informe previo, en razón de que no cuenta con el carácter de autoridad responsable, sino de parte tercera interesada en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, al ser el fiscal que intervino en el procedimiento penal del cual derivan los actos reclamados.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con registro 7513- que suscribe el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya, base Apaseo el Grande, al que adjunta las constancias de emplazamiento de los terceros interesados agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del que derivan los actos reclamados (en la causa penal ****), así como del ofendido *; ello en cumplimiento a lo requerido en el proveído admisorio de este asunto, de treinta de julio pasado. Por tanto, se tiene a los terceros interesados en cita por debidamente emplazados al presente juicio; por tanto, se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado al juez penal responsable en el auto admisorio de este expediente. En otro orden de ideas, glósese a los autos el oficio con registro 7458, signado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio número 2 en esta ciudad, por el que se apersona al juicio de amparo en que se actúa y señala domicilio para recibir notificaciones. Sin que resulte procedente que se le tenga por rindiendo informe justificado, en razón de que no cuenta con el carácter de autoridad responsable, sino de parte tercera interesada en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, al ser el fiscal que intervino en el procedimiento penal del cual derivan los actos reclamados; tanto más que no fue señalado como autoridad responsable.
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