José Alberto Vargas Herrera

Expediente 13/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
13/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
10/08/2017

Partes del expediente

  • José Alberto Vargas Herrera
  • Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, fracción II de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la resolución interlocutoria de veinticuatro de julio del año en curso, emitida en este juicio de garantías, en la que se declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado que promovió José Luis Pacheco en su carácter de defensor particular del quejoso José Alberto Vargas Herrera; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, ambos cuadernos son susceptibles de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo, así como en la diversa III del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido, por lo que una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído previa acta, relación que se elabore para la identificación de los incidentes y anotaciones correspondientes en los libros respectivos, deberán desincorporarse y destruirse. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por conducto de la encargada del despacho por ministerio de ley, residente en esta ciudad, remitió mediante oficio número 90 de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, un tomo de constancias en copias certificadas de la causa penal 42-2/2008; en virtud de lo anterior, devuélvase el citado tomo del expediente de mérito a la autoridad responsable aludida, dado que resulta innecesario que continúe integrado en este juicio. Sírvase acusar recibo de estilo. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CECILIA ROSARIO ESCOBAR RUIZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... Acapulco, Guerrero. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 13/2017, relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por el quejoso José Alberto Vargas Herrera; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el seis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día a este Juzgado Octavo, José Luís Solís Pacheco en su carácter de defensor particular del quejoso José Alberto Vargas Herrera, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Director del Centro de Reinserción Social, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS la interlocutoria que declara improcedente INCIDENTE DE SOLICITUD DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA CONSISTENTE EN LA REMISION PARCIAL DE LA PENA, dictada en contra del sentenciado aquí quejoso, por esta autoridad responsable señalada como responsable ordenadora, en el expediente número 42-II/2008, de fecha 16 de diciembre del año 2016, notificada al suscrito con fecha 16 de diciembre del año próximo pasado (sic). De la autoridad ejecutora se reclama el cumplimiento a la improcedencia de concederle a mi representado el beneficio preliberacional, de la remisión parcial de la pena, reteniéndolo de su libertad deambulatoria." SEGUNDO. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, por acuerdo de trece de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 13/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo el dieciséis de febrero pasado. TERCERO. Mediante sentencia autorizada el once de mayo del presente año, este juzgado federal resolvió conceder la protección constitucional para el efecto de que: "procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por José Alberto Vargas Herrera, contra el acto emitido por el extinto Juzgado Décimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 42-II/2008, que declaró improcedente el incidente de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena, para el efecto de que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, como autoridad sustituta, deje insubsistente esa determinación, y en su lugar con libertad de jurisdicción dicte una nueva, fundando y motivando su determinación, en la que establezca que ley de ejecución penal es la aplicable para resolver el incidente no especificado de libertad anticipada, sin perder de vista la obligación de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, porque el acto que se le reclama no es por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por la responsable ordenadora." CUARTO. Por auto de dos de junio del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo, y se requirió su cumplimiento; luego, mediante proveído de diecinueve de junio siguiente, se recibió la denuncia de repetición del acto reclamado reservándose a dar trámite a la misma hasta que se determinara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. QUINTO. Finalmente, por auto de diez de julio actual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y además se tuvo por interpuesta la denuncia de repetición del acto reclamado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se requirió al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para que rindiera su informe con justificación en el término de tres días, el cual se tuvo por recibido en proveído de catorce del presente mes, motivo por el cual se procede a pronunciar la resolución que corresponde; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, en los términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, es competente para conocer y resolver la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por el quejoso. SEGUNDO. La parte quejosa denunció la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al tenor de las siguientes consideraciones: 1) Que no siguió de vista los controles del principio de reinserción social y derechos humanos, en virtud de que en la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector declaró improcedente el incidente no especificado de libertad anticipada que le hizo valer y en consecuencia le negó el otorgamiento de la libertad anticipada fundando su actuar en la fracción V, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin embargo dicha norma no puede aplicársele porque el derecho de la remisión parcial de la pena que le fue concedido en la sentencia no existe en dicha Ley, de ahí que no pueda aplicarse la misma de manera retroactiva, ya que ni el procedimiento para solicitar las nuevas modalidades de libertad anticipada existe o puede homologarse. Por su parte, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal responsable, al rendir su informe con justificación en torno a la incidencia que nos ocupa, únicamente aceptó haber emitido la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete a través de la cual declaro improcedente el incidente no especificado de libertad anticipada que promovió el quejoso, en virtud de que no cumplía con el requisito establecido en la fracción V del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, para dilucidar sobre lo fundado o no del incidente de repetición del acto reclamado planteado, debe decirse que es un mecanismo de defensa con el que cuenta el quejoso en el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo, previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, el cual puede promover cuando después de haber causado ejecutoria una sentencia de amparo y haberse declarado cumplida, con posterioridad las autoridades responsables emiten otro acto en el que reiteran la violación que antes fue materia del juicio de garantías. Es ilustrativa la tesis aislada I.5o.P.11 K (10a.), que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2223, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, ES INDISPENSABLE QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL REALICE EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE EN EL QUE CALIFIQUE SI ESTÁ O NO CUMPLIDA SU EJECUTORIA DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, LA DENUNCIA RESPECTIVA ES IMPROCEDENTE. Del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para promover el incidente de repetición del acto reclamado, es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo; de manera que, hasta entonces, el quejoso estará en aptitud de promoverlo, en caso de estar en desacuerdo con ese pronunciamiento, por estimar que la autoridad responsable, si bien formalmente cumplimentó la sentencia que otorgó la protección constitucional, al emitir la nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado; de no hacerlo hasta ese momento, la denuncia respectiva es improcedente." Entonces, para verificar si es procedente o no la denuncia de la repetición del acto reclamado es necesario dilucidar sobre lo siguiente: a) La existencia de una sentencia que conceda el amparo, y que haya causado estado; b) Que la autoridad haya atendido lo ordenado en el fallo y se haya declarada cumplido sin excesos ni defectos; y posteriormente, c) Que realice un acto en el que reitere la violación que antes fue materia del juicio. Así las cosas, para determinar si en el caso se estima fundada o no la incidencia que nos ocupa, se tiene presente en primer lugar que como se indicó en los resultandos tercero y cuarto, el once de mayo pasado se emitió sentencia en la que se determinó otorgar la protección de la justicia federal para el efecto que ahí se indicó; la cual causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de marzo siguiente. Luego, por lo que ve a los extremos reseñados con los incisos b) y c), que anteceden, en contraste con el escrito por el que se instó la incidencia que nos ocupa, se puede concluir que la parte quejosa identifica al auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 42/2008 con el diverso de quince de diciembre de dos mil dieciséis que fue objeto de análisis en esta instancia constitucional y respecto del cual se indicó, transgredió en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Así con independencia de que los agravios expresados en esta incidencia fueron expuestos por la parte quejosa con motivo de la vista que se le otorgó respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, no se aprecia que el acto denunciado constituya una repetición del que fue declarado inconstitucional. En efecto, se arriba a dicha conclusión partiendo de la base de que en la sentencia amparadora, para revelar la infracción a los derechos fundamentales del quejoso se estableció lo siguiente: "Así, del examen de la citada resolución se aprecia que en principio el juez responsable al decidir sobre el beneficio solicitado por el sentenciado, aplicó la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, sin que hubiera expuesto las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para aplicar, ambas, la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, pues de lo transcrito con anterioridad ambas legislaciones establecen el beneficio de referencia, así como los requisitos para su otorgamiento, los cuales no son idénticos. Lo anterior, genera inseguridad jurídica para el quejoso, en tanto que conforme al Artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor, lo cual aconteció al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; además en el segundo párrafo de dicha porción normativa se establece que deberán aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en dicha ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o Constitucional. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal condiciona para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que se hubiere cubierto el pago de la reparación del daño, mientras que la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, no prevé dicho requisito para concederlo en su modalidad de remisión parcial de la pena. Finalmente en dichos transitorios también se establece que los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos. Por lo anterior el Juez responsable debió establecer al momento de emitir el acto reclamado, que Ley es la aplicable para resolver el incidente no especificado de libertad anticipada que se le planteó, esto es, si la ley estatal o si por el contrario, es la nueva ley la encargada de regular dichas consecuencias, y al no haberlo hecho así, trae como resultado la indefensión de la parte quejosa, en la medida en que, al desconocer los motivos que llevaron a la autoridad a sostener esa determinación con apego a la legislación legal aplicable, le impide, en caso de inconformidad, combatirla o consentirla según su particular apreciación. Por tanto, lo reseñado en líneas que anteceden, pone de relieve el hecho de que la autoridad responsable no ajustó su proceder a los extremos constitucionales antes destacados; en consecuencia, debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías por deficiencias de carácter formal, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, ya que de hacerlo agravaría la situación jurídica del peticionario de amparo, pues lejos de analizar la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, supliría las deficiencias del mismo; por eso, es la autoridad responsable quien debe subsanar dicha omisión." Como puede observarse, el motivo por el que se estimó que el proceder del juez responsable al emitir el auto reclamado, infringió en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, no derivó del sentido de su decisión, esto es, de haber negado al quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena en la causa penal 42/2008, sino de haber sustentado su determinación tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal como la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, pese a que ambas legislaciones si bien establecen el beneficio de referencia, los requisitos para su otorgamiento son diferentes, ya que la primera condiciona para el otorgamiento de dicho beneficio que se hubiere cubierto el pago de la reparación del daño, mientras que la segunda no. Aunado a ello, el artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal refiere que a partir de su entrada en vigor (diecisiete de junio de dos mil dieciséis) quedan abrogadas las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como lo es la segunda, y además que los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos. Por ende, contrario a lo señalado por el quejoso, resulta desacertado lo que esgrime en el sentido de que la responsable reiteró el proceder que se estimó contrario al texto constitucional, pues en esta ocasión no aplicó ambas legislaciones al momento de resolver el incidente no especificado de libertad anticipada que le promovió el quejoso, ya que a los presentes autos se allegó copia certificada de la resolución de ocho de junio pasado de la que se obtiene que el juez responsable al negar dicho beneficio únicamente apoyó su determinación en lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal por estimar que al momento de admitirse a trámite dicha incidencia, tal legislación ya estaba vigente, en tanto que la diversa disposición del orden local ya se encontraba abrogada. Sin que el hecho de que el juez responsable hubiere apoyado su decisión en la Ley Nacional de Ejecución Penal hiciere excesivo o defectuoso el cumplimiento dado como refiere el quejoso, cuenta habida que en la ejecutoria de amparo se facultó al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares para que con plenitud de jurisdicción resolviera sobre la procedencia del beneficio solicitado, con la única condición de que determinara en que legislación aplicable (Ley Nacional de Ejecución Penal o Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero) habría de sustentar su decisión, lo que se observa así hizo, pues apoyó su decisión solamente en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que lo manifestado por el quejoso en el sentido de que dicha norma no puede aplicársele de manera retroactiva sea objeto de ponderación en este asunto, pues la nueva resolución no es materia de análisis en este juicio en cuanto a su fondo, habida cuenta que, al haberse devuelto plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, debe estimarse que la eficacia de la sentencia amparadora no alcanza a vincular el sentido de aquélla. Por tanto, no se aprecia que la autoridad responsable hubiera incurrido en los mismos vicios detectados en el acto que fue declarado inconstitucional. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 199 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por José Luís Solís Pacheco en su carácter de defensor particular del quejoso José Alberto Vargas Herrera. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 13/2017, relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por el quejoso José Alberto Vargas Herrera; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el seis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día a este Juzgado Octavo, José Luís Solís Pacheco en su carácter de defensor particular del quejoso José Alberto Vargas Herrera, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Director del Centro de Reinserción Social, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "(.) la interlocutoria que declara improcedente INCIDENTE DE SOLICITUD DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA CONSISTENTE EN LA REMISION PARCIAL DE LA PENA, dictada en contra del sentenciado aquí quejoso, por esta autoridad responsable señalada como responsable ordenadora, en el expediente número 42-II/2008, de fecha 16 de diciembre del año 2016, notificada al suscrito con fecha 16 de diciembre del año próximo pasado (sic). De la autoridad ejecutora se reclama el cumplimiento a la improcedencia de concederle a mi representado el beneficio preliberacional, de la remisión parcial de la pena, reteniéndolo de su libertad deambulatoria." SEGUNDO. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, por acuerdo de trece de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 13/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo el dieciséis de febrero pasado. TERCERO. Mediante sentencia autorizada el once de mayo del presente año, este juzgado federal resolvió conceder la protección constitucional para el efecto de que: "procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por José Alberto Vargas Herrera, contra el acto emitido por el extinto Juzgado Décimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 42-II/2008, que declaró improcedente el incidente de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena, para el efecto de que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, como autoridad sustituta, deje insubsistente esa determinación, y en su lugar con libertad de jurisdicción dicte una nueva, fundando y motivando su determinación, en la que establezca que ley de ejecución penal es la aplicable para resolver el incidente no especificado de libertad anticipada, sin perder de vista la obligación de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, porque el acto que se le reclama no es por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por la responsable ordenadora." CUARTO. Por auto de dos de junio del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo, y se requirió su cumplimiento; luego, mediante proveído de diecinueve de junio siguiente, se recibió la denuncia de repetición del acto reclamado reservándose a dar trámite a la misma hasta que se determinara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. QUINTO. Finalmente, por auto de diez de julio actual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y además se tuvo por interpuesta la denuncia de repetición del acto reclamado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se requirió al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para que rindiera su informe con justificación en el término de tres días, el cual se tuvo por recibido en proveído de catorce del presente mes, motivo por el cual se procede a pronunciar la resolución que corresponde; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, en los términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, es competente para conocer y resolver la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por el quejoso. SEGUNDO. La parte quejosa denunció la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al tenor de las siguientes consideraciones: 1) Que no siguió de vista los controles del principio de reinserción social y derechos humanos, en virtud de que en la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector declaró improcedente el incidente no especificado de libertad anticipada que le hizo valer y en consecuencia le negó el otorgamiento de la libertad anticipada fundando su actuar en la fracción V, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin embargo dicha norma no puede aplicársele porque el derecho de la remisión parcial de la pena que le fue concedido en la sentencia no existe en dicha Ley, de ahí que no pueda aplicarse la misma de manera retroactiva, ya que ni el procedimiento para solicitar las nuevas modalidades de libertad anticipada existe o puede homologarse. Por su parte, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal responsable, al rendir su informe con justificación en torno a la incidencia que nos ocupa, únicamente aceptó haber emitido la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete a través de la cual declaro improcedente el incidente no especificado de libertad anticipada que promovió el quejoso, en virtud de que no cumplía con el requisito establecido en la fracción V del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, para dilucidar sobre lo fundado o no del incidente de repetición del acto reclamado planteado, debe decirse que es un mecanismo de defensa con el que cuenta el quejoso en el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo, previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, el cual puede promover cuando después de haber causado ejecutoria una sentencia de amparo y haberse declarado cumplida, con posterioridad las autoridades responsables emiten otro acto en el que reiteran la violación que antes fue materia del juicio de garantías. Es ilustrativa la tesis aislada I.5o.P.11 K (10a.), que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2223, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, ES INDISPENSABLE QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL REALICE EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE EN EL QUE CALIFIQUE SI ESTÁ O NO CUMPLIDA SU EJECUTORIA DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, LA DENUNCIA RESPECTIVA ES IMPROCEDENTE. Del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para promover el incidente de repetición del acto reclamado, es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo; de manera que, hasta entonces, el quejoso estará en aptitud de promoverlo, en caso de estar en desacuerdo con ese pronunciamiento, por estimar que la autoridad responsable, si bien formalmente cumplimentó la sentencia que otorgó la protección constitucional, al emitir la nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado; de no hacerlo hasta ese momento, la denuncia respectiva es improcedente." Entonces, para verificar si es procedente o no la denuncia de la repetición del acto reclamado es necesario dilucidar sobre lo siguiente: a) La existencia de una sentencia que conceda el amparo, y que haya causado estado; b) Que la autoridad haya atendido lo ordenado en el fallo y se haya declarada cumplido sin excesos ni defectos; y posteriormente, c) Que realice un acto en el que reitere la violación que antes fue materia del juicio. Así las cosas, para determinar si en el caso se estima fundada o no la incidencia que nos ocupa, se tiene presente en primer lugar que como se indicó en los resultandos tercero y cuarto, el once de mayo pasado se emitió sentencia en la que se determinó otorgar la protección de la justicia federal para el efecto que ahí se indicó; la cual causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de marzo siguiente. Luego, por lo que ve a los extremos reseñados con los incisos b) y c), que anteceden, en contraste con el escrito por el que se instó la incidencia que nos ocupa, se puede concluir que la parte quejosa identifica al auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 42/2008 con el diverso de quince de diciembre de dos mil dieciséis que fue objeto de análisis en esta instancia constitucional y respecto del cual se indicó, transgredió en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Así con independencia de que los agravios expresados en esta incidencia fueron expuestos por la parte quejosa con motivo de la vista que se le otorgó respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, no se aprecia que el acto denunciado constituya una repetición del que fue declarado inconstitucional. En efecto, se arriba a dicha conclusión partiendo de la base de que en la sentencia amparadora, para revelar la infracción a los derechos fundamentales del quejoso se estableció lo siguiente: "Así, del examen de la citada resolución se aprecia que en principio el juez responsable al decidir sobre el beneficio solicitado por el sentenciado, aplicó la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, sin que hubiera expuesto las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para aplicar, ambas, la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, pues de lo transcrito con anterioridad ambas legislaciones establecen el beneficio de referencia, así como los requisitos para su otorgamiento, los cuales no son idénticos. Lo anterior, genera inseguridad jurídica para el quejoso, en tanto que conforme al Artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor, lo cual aconteció al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; además en el segundo párrafo de dicha porción normativa se establece que deberán aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en dicha ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o Constitucional. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal condiciona para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que se hubiere cubierto el pago de la reparación del daño, mientras que la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, no prevé dicho requisito para concederlo en su modalidad de remisión parcial de la pena. Finalmente en dichos transitorios también se establece que los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos. Por lo anterior el Juez responsable debió establecer al momento de emitir el acto reclamado, que Ley es la aplicable para resolver el incidente no especificado de libertad anticipada que se le planteó, esto es, si la ley estatal o si por el contrario, es la nueva ley la encargada de regular dichas consecuencias, y al no haberlo hecho así, trae como resultado la indefensión de la parte quejosa, en la medida en que, al desconocer los motivos que llevaron a la autoridad a sostener esa determinación con apego a la legislación legal aplicable, le impide, en caso de inconformidad, combatirla o consentirla según su particular apreciación. Por tanto, lo reseñado en líneas que anteceden, pone de relieve el hecho de que la autoridad responsable no ajustó su proceder a los extremos constitucionales antes destacados; en consecuencia, debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías por deficiencias de carácter formal, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, ya que de hacerlo agravaría la situación jurídica del peticionario de amparo, pues lejos de analizar la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, supliría las deficiencias del mismo; por eso, es la autoridad responsable quien debe subsanar dicha omisión." Como puede observarse, el motivo por el que se estimó que el proceder del juez responsable al emitir el auto reclamado, infringió en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, no derivó del sentido de su decisión, esto es, de haber negado al quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena en la causa penal 42/2008, sino de haber sustentado su determinación tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal como la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, pese a que ambas legislaciones si bien establecen el beneficio de referencia, los requisitos para su otorgamiento son diferentes, ya que la primera condiciona para el otorgamiento de dicho beneficio que se hubiere cubierto el pago de la reparación del daño, mientras que la segunda no. Aunado a ello, el artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal refiere que a partir de su entrada en vigor (diecisiete de junio de dos mil dieciséis) quedan abrogadas las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como lo es la segunda, y además que los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos. Por ende, contrario a lo señalado por el quejoso, resulta desacertado lo que esgrime en el sentido de que la responsable reiteró el proceder que se estimó contrario al texto constitucional, pues en esta ocasión no aplicó ambas legislaciones al momento de resolver el incidente no especificado de libertad anticipada que le promovió el quejoso, ya que a los presentes autos se allegó copia certificada de la resolución de ocho de junio pasado de la que se obtiene que el juez responsable al negar dicho beneficio únicamente apoyó su determinación en lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal por estimar que al momento de admitirse a trámite dicha incidencia, tal legislación ya estaba vigente, en tanto que la diversa disposición del orden local ya se encontraba abrogada. Sin que el hecho de que el juez responsable hubiere apoyado su decisión en la Ley Nacional de Ejecución Penal hiciere excesivo o defectuoso el cumplimiento dado como refiere el quejoso, cuenta habida que en la ejecutoria de amparo se facultó al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares para que con plenitud de jurisdicción resolviera sobre la procedencia del beneficio solicitado, con la única condición de que determinara en que legislación aplicable (Ley Nacional de Ejecución Penal o Ley 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero) habría de sustentar su decisión, lo que se observa así hizo, pues apoyó su decisión solamente en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que lo manifestado por el quejoso en el sentido de que dicha norma no puede aplicársele de manera retroactiva sea objeto de ponderación en este asunto, pues la nueva resolución no es materia de análisis en este juicio en cuanto a su fondo, habida cuenta que, al haberse devuelto plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, debe estimarse que la eficacia de la sentencia amparadora no alcanza a vincular el sentido de aquélla. Por tanto, no se aprecia que la autoridad responsable hubiera incurrido en los mismos vicios detectados en el acto que fue declarado inconstitucional. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 199 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por José Luís Solís Pacheco en su carácter de defensor particular del quejoso José Alberto Vargas Herrera. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO P0OR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUJEOSA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES...

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, catorce de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga la vista que se le otorgó en proveído de diez de julio del año en curso, y rinde su informe con justificación; en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que aduce con motivo de la denuncia de repetición del acto reclamado en este juicio de garantías. Notifíquese.

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