José Alberto Fernández López y Otros.

Expediente 288/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
288/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Secretaría de Seguridad Pública Municipal
  • José Alberto Fernández López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    CUMPLASE.- Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que resulta innecesario que continúe a disposición de este órgano jurisdiccional las copias certificadas de la carpeta de investigación 1203210200104170323 que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana Uno, de la Agencia del Ministerio Público del Sector Garita del Distrito Judicial de Tabares remitió como justificación a su informe, en razón de que por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido; por tanto, devuélvanse las mismas a su lugar de origen. Cúmplase.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; a once de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el telegrama que remite el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo por suplencia del Fiscal General de la República, sin que haya lugar a proveer sobre su contenido, en razón de que en auto de veinte de veintiuno del mes en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas No Localizadas, sin que haya lugar a proveer sobre su contenido, en razón de que en auto de veinte de veintiuno del mes en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    RAZON DENOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MILVEINTITRES, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en auto de once de abril de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acta de audiencia inicial de veinte de marzo de dos mil veintitrés, verificada dentro de la carpeta judicial C-96/2023, instruida en contra de José Alberto Fernández López, Víctor Omar Peralta Márquez y Luis ángel Magaña Flores, por su probabilidad responsabilidad en la comisión del hecho que la ley penal señala como delito de robo agravado en agravio de Tienda Extra, Sociedad Anónima de Capital Variable, con nombre comercial Circle K, y en esa misma fecha se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y les dictó auto de vinculación a proceso, decretándose un plazo de cierre de investigación complementaria de un mes, el cual fenece el veintitrés de julio de dos mil veintitrés. En tales condiciones, de lo informado por la autoridad judicial sobre la situación jurídica de los quejosos, queda de relieve que desde el veinte de marzo de dos mil veintitrés, José Alberto Fernández López, Víctor Omar Peralta Márquez y Luis ángel Magaña Flores quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la carpeta judicial C-96/2023. En concatenación con lo anterior, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo cuando se inste contra actos consumados de modo irreparable. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable"; [...] Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. Así, es factible concluir que por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo); de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual, resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. Pues ningún efecto práctico conduciría analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón que, de otorgársele la protección constitucional sería imposible restituirle el derecho humano violado. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. Sentado lo anterior, tenemos que en el caso en estudio la detención realizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés por elementos de la Policía Estatal; quedó consumada de modo irreparable, pues el diecinueve de marzo siguiente fueron puestos a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Tabares, quien en audiencia de veinte de marzo pasado dentro de la carpeta judicial C-96/2023, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y les decretó auto de vinculación a proceso. De ahí, que la captura de los citados quejosos ocurrida el diecisiete del mes anterior, jurídica y materialmente produjo todos sus efectos y consecuencias, de tal manera que, ni física ni materialmente, podría restituírsele en el goce de los derechos humanos violados, en tanto que respecto al pretendido estado de incomunicación debe ponderarse el hecho de que al substanciarse la carpeta judicial C-96/2023, deben observarse los principios del sistema penal acusatorio, entre los cuales está el de inmediación que exige la presencia del imputado en cada una de las audiencias que se verifiquen, de ahí que ni siquiera ese aspecto requiera objetivamente que se constate la existencia o no de dicho acto reclamado. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado respecto a los quejosos José Alberto Fernández López, Víctor Omar Peralta Márquez y Luis ángel Magaña Flores, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI de la ley de la materia, en tanto que la libertad de los quejosos, así como la circunstancia aducida por éstos sobre las lesiones que se observaron en su persona, se encuentra sujeta a la determinación de una autoridad judicial y que conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio bajo el cual habrá de substanciarse el proceso al que se encuentran sujetos los directos quejosos anula la posibilidad de que se encuentra en estado de incomunicación; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. LO QUENOTIFICOPOR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MILVEINTITRES, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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