José Alberto Rivera Cruz
Expediente 1435/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 54 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 02/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alberto Rivera Cruz
- José Alberto Rivera Cruz y Otros.
- Juez Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiera hecho valer recurso alguno en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. En principio, cabe destacar que por sentencia dictada en este juicio el once de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Alberto Rivera Cruz (fojas 478 a 492), respecto de los actos atribuidos al que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Deje insubsistente la resolución de quince de diciembre de dos mil diez, dictada dentro de los autos del toca penal 612/2010 de su índice. Emita otra en la que analice si el Juez de la causa en la resolución de plazo constitucional justipreció la licitud o ilicitud de las pruebas que pudieron haber sido recabadas durante el arraigo domiciliario; y, en caso de que no lo haya efectuado, ordene a la resolutora de primer grado que lo efectúe de manera fundada y motivada, esto es, que en la resolución que para tal efecto emita: Establezca qué pruebas fueron obtenidas legal o ilegalmente. Posterior a ello, precise qué pruebas son o no admisibles en el proceso penal. Con base en dicho análisis, se pronuncie a cerca de la exclusión o no de las que considere pertinentes, para proceder al análisis probatorio de las que cumplan con los requisitos constitucionales, a efecto de resolver la situación jurídica del quejoso. En el entendido que la ilegalidad de las pruebas obtenidas durante ese periodo, no tiene el alcance respecto de todos y cada uno de los elementos de convicción desahogados durante ese periodo de arraigo, sino que solo perderán eficacia probatoria aquéllos directa e inmediatamente vinculados con éste. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, no por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado inconstitucional. En proveído de dieciséis de mazo del actual, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (foja 672). En ese tenor, por proveído de treinta de mazo de la presente anualidad, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así también, en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se recibió el oficio suscrito por la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, donde remitieron constancias para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de la relación que se hace del análisis que se practica a la resolución y el cumplimiento que dan las autoridades responsables, se aprecia que: La Sala Constitucional y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante oficio 526/2016, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de marzo del año en curso, dictada en el toca penal 612/2010 de su índice, dejando insubsistente la resolución de quince de diciembre de dos mil diez, en la cual, instruye al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que de manera fundada y motivada efectué un análisis sobre la licitud o ilicitud de las pruebas que pudieron haber sido recabadas durante el arraigo domiciliario de veintiséis de junio de dos mil diez, que según certificación de la autoridad ministerial, el plazo de treinta días que duraría éste, comenzó a partir del veintiséis de junio de dos mil diez y finalizó el veintiséis de julio del propio año; estableciera que pruebas fueron obtenidas legal o ilegalmente. Posterior a ello, precise que pruebas son o no admisibles en el proceso penal, con base en dicho análisis se pronuncie acerca de la exclusión o no de las pruebas que considere pertinentes para proceder al análisis probatorio de las que cumplan con los requisitos constitucionales a efectos de resolver la situación jurídica, así como las demás precisiones en el fallo protector. En tanto, la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiséis de julio del año en curso, dictada en la causa penal 100/2010 de su índice, en la cual se pronunció respecto de las pruebas que fueron legales e ilegales después del arraigo, así como, las que fueron admisibles en el proceso penal. Ya que indicó porque dichas pruebas son nulas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
MESS II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1435/2014, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintiséis de julio actual, emitida en el expediente penal 100/2010 de su registro. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, así como con las diversas acordadas en auto de treinta de marzo pasado (foja 694), para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
Quedan 50 actuaciones en este expediente
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