José Alberto Martínez Pérez

Expediente 900/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
900/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
10/12/2015

Partes del expediente

  • José Alberto Martínez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA V B Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Pablo César Morales García, Mario García Mendoza y José Martínez García, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1900/2015. Con apoyo en los normativos 125 y 128 de la citada ley, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciban el oficio, para lo cual, deberán acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Se reserva proveer respecto del emplazamiento a la parte tercera interesada hasta en tanto obren en autos los informes de las autoridades responsables ordenadoras, y en su caso, se pueda advertir a quién o quiénes les resulte tal carácter. Con fundamento en el artículo13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Pablo César Morales García, sin perjuicio de que posteriormente lo substituyan por otro. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizadas a las personas que indica, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo y ser el presente asunto de naturaleza penal. En cuanto a su petición de que se le autorice imponerse de los autos mediante el uso de medios electrónicos como cámaras digitales y scanner; dígasele que se le permite a la parte quejosa la utilización de los citados medios electrónicos, únicamente para extraer, tomar o reproducir copias de la documentación, acuerdos y sentencias que obren en este expediente; lo anterior, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    MESA I A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno.

  3. Incidental

    MESA I A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de seis de julio de dos mil quince, se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA I A se R e s u e l v e Único. Se sobresee en este juicio promovido por José Alberto Martínez Pérez, contra los actos y la autoridad concerniente a este fallo.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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