Jose Alberto Pech Paat
Expediente 1219/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Alberto Pech Paat
Actuaciones
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Juana Hernández Aparicio, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada. Inconforme con dicha determinación la delegada de la autoridad responsable Comisión Nacional de Vivienda, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual en sesión de quince de julio de dos mil veinte, revocó la citada sentencia para en su lugar sobreseer por las autoridades responsables Comisión Nacional de Vivienda y Ayuntamiento Constitucional de La Antigua, Veracruz, y conceder el amparo respecto de los actos que atribuyó a las responsables Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda o Instituto de la Vivienda y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, y declarar sin materia la revisión interpuesta por la Comisión Nacional de Vivienda. En esas condiciones, mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 8. Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) y 13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos siguientes: ".a). Las autoridades responsables Instituto Veracruzano de desarrollo urbano Regional y Vivienda o Instituto Veracruzano de la Vivienda, insta en la petición que le formulo a la diversa responsable Sistema para el desarrollo integral de la Familia del Estado de Veracruz, de que le sea donado el predio antes conocido como "El Aserradero", ahora fraccionamiento denominado "Huitzilapan", ubicado en La Antigua Veracruz, y en su caso, realice otras gestiones a diversas autoridades a fin de cumplir con lo pretendido de otorgar seguridad jurídica a las familias que habitan viviendas construidas como la habitada por la quejosa, reubicada por la afectación del huracán "Karl" en el año dos mil diez, y b). El Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz deberá dar respuesta inmediata a la señalada petición, de manera fundada y motivada, sin soslayar que es el órgano rector de la asistencia social en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave." Posteriormente, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por las autoridades responsables con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que obra en autos el oficio DJC/684/2020, signado por el Director Jurídico y Consultivo del 13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, informo que se aprobó por unanimidad de votos enajenar a título gratuito a favor de (INVIVIENDA) el predio denominado el "ASERRADERO". Posteriormente, con oficio sin número de cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado por el delegado del 8. Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) informó que el Consejo Directivo autorizó la recepción del predio el "ASERRADERO", del Municipio de la Antigua, Veracruz. Posteriormente, con oficio número DJC/991/2020 el 13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, anexó el similar DJC/681/2020 (foja 1547 y 1548 tomo II de autos) dirigido a 8. Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) en el cual manifiesta en lo que interesa lo siguiente a manera de ilustración: No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno del 13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en Tercera Sesión Ordinaria 2020 de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, aprobó la autorización de enajenación a título gratuito a favor de (INVIVIENDA) de 292 pies de casa construidos en el predio conocido como "El Aserradero". En ese orden de ideas, con oficio identificado DJC/081/2021 el 13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, informó que a efecto de realizar el trámite de enajenación de una fracción de un bien inmueble del predio en cuestión, solicitó al Director del Patrimonio del Estado, informara los requisitos y pasos a seguir. Dicha petición fue entendida por el Gerente Jurídico de INVIVIENDA, el cual con oficio GJ/0010/2021 de siete de enero de dos mil veintiuno, informó al (DIF) los requisitos generales para gestionar ante el Honorable Congreso del Estado, la autorización de la enajenación a título gratuito (foja 1588 tomo II de autos). Dentro de este marco, con oficio DJC/0138/2021 el (DIF) informó las gestiones realizadas ante diversas dependencias como lo es: Dirección General de Catastro y Valuación, para el avalúo catastral y comercial. Registro Público de la Propiedad, copias certificadas de instrumento notarial. Secretaria de Protección Civil, dictamen de riesgo. Asimismo, con oficio DJC/0182/2021 informó que contaba con la constancia de libertad de gravamen y con la copia fiel de la inscripción certificadas por el encargado del registro público de la propiedad Igualmente, solicitó planos arquitectónicos a (INVIVIENDA) a efecto de enviarlos a Dirección de Catastro y Valuación y poder realizar el avalúo catastral y comercial; así también se notificó al (DIF) con oficio SPC/DGPyR/RyS/1325/2021 (foja 1560) los requisitos para integrar expediente ante la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con INVIVIENDA, a fin de realizar el citado dictamen. Por otra lado, con oficio SAJ/022/2021 el (DIF) informó contar con permiso de suelo, así como con las copias certificadas de los planos individuales los cuales remitió a Catastro y Valuación a efecto de continuar con el Avalúo Catastral, y solicitó a (INVIVIENDA) constancia de no afectación o salvaguarda de los derechos por instalaciones de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional del Agua, a fin de elaborar una memoria del predio materia de estudio. Asimismo, informó seguir reuniendo los requisitos ante la Secretaría de Protección Civil del Estado para continuar con el trámite del dictamen de riesgo, y con oficio DJC/282/2021, informó los documentos pendientes en recabar para solicitar la autorización de la enajenación a título gratuito siendo los identificados con los arábigos 1., 4., y 9., a manera de ilustración: En relación con este tema, respectó al trámite del 4. Avalúo Catastral y Comercial informó necesitar cédula catastral General, por lo que realizó los trámites y gestiones ante el Municipio respectivo, y solicitó a (INVIVIENDA) plano de las construcciones de cada una de las viviendas y fotografías de cada una de las casas; respecto al 9. dictamen de riesgo, informó contar con diversos documentos a fin de integrar debidamente el expediente ante la Secretaría de Protección Civil. De esta manera, con oficio DJC/362/2021 el (DIF) informó que remitió cédula catastral a Dirección General de Catastro y Valuaciones, así como planos de las viviendas y fotografías de las viviendas, para continuar con el trámite de avalúo catastral y comercial, y determinó una visita al predio a fin de determinar las condiciones en las que se encuentra. Siendo las cosas así, con oficio DJC/062/2022, el (DIF) remitió al Gobernador del Estado a través de la Consejería Jurídica los documentos necesarios para gestionar ante el Congreso del Estado, la autorización de la enajenación a título gratuito, por lo que, el OFIGOB solicitó al (DIF) remitiera el proyecto validado por (INVIVIENDA), fin de continuar con los trámites; en respuesta a lo anterior informó que recibió los comentarios que se sugieren incluir en el proyecto para solicitar al Congreso del Estado, la autorización de la enajenación de una fracción a título gratuito del inmueble. En lo esencial, con el oficio DJC/160/2022, se informó que remitió a la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, el expediente del Aserradero con la finalidad de cumplir con todos los requisitos y enviarlo al Congreso del Estado para su aprobación, respuesta por parte de la Dirección General de Fideicomisos, donde informó la necesidad de gestionar ante (SEFIPLAN) un dictamen de cumplimiento normativo; por lo que procedió a solicitar a (INVIVIENDA) remitiera los siguientes documentos a manera de ilustración: De este modo, obra el oficio DJC/488/2022, donde se aprecia que el (DIF) recibió la documentación solicitada a INVIVIENDA, la cual se envió mediante similar DJC/530/2022, a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, para tramitar el dictamen de cumplimiento normativo el cual se recibió cumpliendo con dicho requisito, asimismo, se aprecia que con oficio DJC/017/2023, dirigido a la Consejería Jurídica solicitó el siguiente paso a seguir para solicitar al Congreso del Estado la autorización de la enajenación; siendo realizar los trámites ante la Secretaría de Finanzas y Planeación tomando en cuenta el dictamen de cumplimiento normativo DGFDA/555/2022 de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Por lo antes expuesto, y ante lo informado por la Consejería Jurídica, el (DIF) solicitó a (SEFIPLAN) información respecto al tema materia de estudio a fin de concluir con el trámite de enajenación; por lo que con oficio PF/SLC/0377/2023, devolvió el expediente con modificaciones y adecuaciones, las cuales se gestionaron ante la Dirección General de Catastro y Valuaciones, para continuar con el trámite de avalúo catastral y comercial. De esta manera, con el oficio DJC/1237/2023, signado por el Director Jurídico y Consultivo del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, con sede en Xalapa, anexó el similar DJC/1181/2023 dirigido al Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, con el cual remitió en formato digital y disco compacto del expediente completo del inmueble materia de estudio. Con lo anterior, se estima que las autoridades responsables Instituto Veracruzano de la Vivienda, con sede en Xalapa subsanó la omisión reclamada en esta instancia judicial; toda vez que insistió en la petición que le formuló a la diversa responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, de que le sea donado el predio antes conocido como "El Aserradero", ahora fraccionamiento denominado "Huitzilapan", ubicado en La Antigua, Veracruz, y realizó diversas y constantes gestiones a diversas autoridades a fin de cumplir con lo pretendido de otorgar seguridad jurídica a la quejosa, reubicada por la afectación del huracán "Karl" del año dos mil diez. Por su parte la diversa responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz dio respuesta a la señalada petición, de manera fundada y motivada, y ha realizado todas las gestiones pertinentes conforme a la normatividad aplicable al caso a efecto de que se continúen con las acciones necesarias para la atención de dicha solicitud. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a la demanda recibida en línea autorizada con la firma electrónica de José Alberto Pech Paat, se advierte que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: Consecuentemente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida en línea por José Alberto Pech Paat, contra actos del 1. Hospital de Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Veracruz, sito en la Unidad Habitacional El Coyol, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1219/2023. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO En primer lugar, el suscrito estima necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminará por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la vida a la igualdad (no discriminación) a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales) los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional) un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el más alto tribunal del país ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la suspensión de plano solicitada. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama: ". En el caso de las dos primeras autoridades responsables les reclamo la negativa a proporcionarme el medicamento denominado DECANOATO DE HALOPERIDOL DE LIBERACIÓN PROLONGADA indicado por el médico familiar respecto al problema de esquizofrenia que padezco. Así como la negativa a realizarme el trámite de reembolso del medicamento enunciado en líneas que preceden, ya que ante la negativa de proporcionármelo el suscrito he tenido que comprarlo ello en razón de que de no administrarlo se pone en grave riesgo mi salud y mi vida, así como la negativa a seguir otorgándome de manera completa y correcta el servicio médico para el restablecimiento total de mi salud. Por otra parte, en el caso de la tercera autoridad señalada como responsable reclamo la negativa a proporcionarme mensualmente el medicamento denominado DUTASTERIDA indicado por el médico tratante respecto al problema de próstata que padezco. Así como la negativa a realizarme el trámite de reembolso del medicamento enunciado en líneas que preceden, ya que ante la negativa de proporcionármelo el suscrito he tenido que comprarlo en algunas ocasiones, ello en razón de que de no administrarlo se pone en grave riesgo mi salud y mi vida.." Asimismo, la parte quejosa -bajo protesta de decir verdad- manifiesta a modo de antecedentes que padece lo siguiente: ". soy una persona vulnerable adulta mayor en virtud de que sólo cuento con la pensión que me otorga el ISSSTE y por consiguiente con la Seguridad Social que me otorga el propio ISSSTE, cuya cédula de afiliación es PEPA 560822/1, lo que acredito con las documentales que adjunto. 2. Desde hace más de veinte años se me diagnostico esquizofrenia, así como más recientemente problemas de la próstata." En ese contexto, toda vez que se actualizan los supuestos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de las omisiones reclamadas, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para que se valore el estado de salud del quejoso José Alberto Pech Paat, y de ser el caso, le brinden los medicamentos, tratamientos e incluso intervenciones quirúrgicas que resulten pertinentes para lograr recuperar la salud; quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud, es candidato para ser objeto de la misma; todo lo cual deberán manifestarlo ante este Juzgado Cuarto de Distrito mediante un informe del médico tratante donde se informe a este juzgado: 1) El estado de salud del quejoso que reporta su expediente clínico. 2) Si el quejoso requiere de medicamentos, tratamientos o cirugía y si son de carácter urgente; en caso de no serlo deberá indicar el plazo dentro del cual estima es prudente que se realicen. 3) Qué efectos genera en su salud y calidad de vida la demora en la prestación de los medicamentos, tratamientos o cirugía que resulten necesarios. 4) Si existe la posibilidad de realizar su tratamiento en el hospital local y subrogar su tratamiento postoperatorio a otro nosocomio sin afectar su salud. Todo lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que requiere el tratamiento para las enfermedades de esquizofrenia y padecimiento de próstata, el cual debe ser suministrado y supervisado en forma diaria, como resultado de las muestras realizadas ante la autoridad responsable, quien había confirmado el diagnóstico de la enfermedad antes aludida, e indicó que debía procederse en forma inmediata a la administración del medicamento correspondiente para su tratamiento. Respecto a los efectos de la suspensión, se cita como sustento, la Jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (registro digital: 2022231) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 974, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión". El cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público, por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de INMEDIATO, cuando la naturaleza del acto así lo permita, como acontece en la especie, y que física y materialmente sea posible. Es menester destacar que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, así como de las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional que se otorga, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda incurre en responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado de manera inmediata las medidas tomadas para el cumplimiento de la suspensión de plano concedida; apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por dicho artículo 262. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se solicita a las autoridades responsables que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentre notificada, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que haya dado a la suspensión de plano que en este apartado se concede. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que a fin de dar mayor celeridad en la tramitación del presente sumario, se autoriza el envío de las comunicaciones que al efecto emita, al correo electrónico institucional: 4jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, especificando el número telefónico de la persona quien envía el mismo, así como el cargo que ostenta en el lugar de su adscripción, a fin de validar los datos proporcionados. En el entendido que la confirmación de su recepción es al número telefónico 22-99-23-67-00, extensiones 1201, 1204, 1205 o 1207, en horario de nueve a quince horas, y posteriormente a través del secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, cuyos datos de localización se encuentran disponibles en la página web del Consejo de la Judicatura Federal: https://w3.cjf.gob.mx/Sevie_Guardias/Consulta_Guardia.asp. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de negarse a recibir el oficio que al efecto se gira, constituye también un desacato que sancionan las leyes penales. Además se le impondría una multa de cien días de salario, en términos del dispositivo 245 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y mediante oficio, córrasele traslado con copia autorizada de la demanda, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, en relación con el 117, ambos de la Ley de Amparo y con copia de la demanda, requiérase a las responsables para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS RINDAN INFORME JUSTIFICADO, en el que deberán manifestar en forma expresa y clara, si son o no cierto los actos que se le atribuyen y que preliminarmente consisten en: ". En el caso de las dos primeras autoridades responsables les reclamo la negativa a proporcionarme el medicamento denominado DECANOATO DE HALOPERIDOL DE LIBERACIÓN PROLONGADA indicado por el médico familiar respecto al problema de esquizofrenia que padezco. Así como la negativa a realizarme el trámite de reembolso del medicamento enunciado en líneas que preceden, ya que ante la negativa de proporcionármelo el suscrito he tenido que comprarlo ello en razón de que de no administrarlo se pone en grave riesgo mi salud y mi vida, así como la negativa a seguir otorgándome de manera completa y correcta el servicio médico para el restablecimiento total de mi salud. Por otra parte, en el caso de la tercera autoridad señalada como responsable reclamo la negativa a proporcionarme mensualmente el medicamento denominado DUTASTERIDA indicado por el médico tratante respecto al problema de próstata que padezco. Así como la negativa a realizarme el trámite de reembolso del medicamento enunciado en líneas que preceden, ya que ante la negativa de proporcionármelo el suscrito he tenido que comprarlo en algunas ocasiones, ello en razón de que de no administrarlo se pone en grave riesgo mi salud y mi vida.." Ello sin perjuicio que deben pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda, además de exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no rendir su informe con justificación, se presumirán ciertos los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su respectivo informe justificado. En ese sentido, se les hace saber que si se niegan a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. SE REQUIERE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, de conformidad con el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al reclamarse actos materialmente administrativos y que el quejoso aduce la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se previene a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado complementen en esos aspectos el acto reclamado, apercibidas que de resultar cierto el acto reclamado y no acatar lo requerido, en observancia al artículo 124 último párrafo de la propia ley, ante la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en la sentencia concesoria que eventualmente se dicte, se estimará que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a las responsables su reiteración. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que no existen diversos actos respecto de los cuales otorgar la medida suspensional, toda vez que en el presente auto, se concedió de plano la suspensión respecto de los actos reclamados. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y, la presuncional legal y humana a que hace referencia al final de su escrito, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfonso Sánchez Luna, Héctor Marcelo Vásquez, Delhy Amira Meza Gregorio, Manuel Alejandro Navarro Alanís, Roberto Gómez Maravilla, Maribel Galicia Siles, Lucio Yussef López González, Marta Belmontes Hernández, Héctor Hugo Covarrubias Flores, María del Carmen Villa Ruíz, Nancy López Hermida, Susana Paulina Villavicencio Macías, Elizabeth Rivera Ortega, Araceli Ricárdez Espinosa, Tanya Patricia Palacios Tejeda, Carlos Martínez Ortíz y Astrid Morales Martínez, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario ifdp.asl, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Asimismo, dado que la parte promovente solicita ser notificada por vías remotas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones le sean realizadas vía electrónica a través de la cuenta de usuario antes citada. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, no ha lugar a tener por designado el medio alternativo que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correo electrónico) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre de ese mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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