José Alberto González Hernández
Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alberto González Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 97 signado por el 1. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla. En atención a su contenido, se tiene a la aludida responsable acusando recibo del comunicado 35608 de fecha treinta de noviembre pasado, con el que se le notificó que la sentencia dictada en el presente asunto en el cual se sobreseyó ha causado ejecutoria. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 131 a 136), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación del 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de responsable foránea, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada, no la afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 32259, mediante el cual se le hizo del conocimiento la sentencia dictada en proveído de veintisiete de octubre del año en curso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de octubre del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 704/2022, promovido por José Alberto González Hernández.RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día nueve de agosto, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-23). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar a la tercera interesada Alejandra Pío Toto y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 24-29). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclama la omisión de una autoridad de dar contestación a diversas pretensiones, que atenta contra el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8° constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia, en razón de que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la omisión reclamada prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: la omisión de acordar diversos escritos dentro del expediente 1916/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. La autoridad responsable 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, si bien negó la existencia de los actos que se le reclaman, tal como se aprecia de su informe justificado (foja 52) de sus manifestaciones y en complemento se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que la contestación emitida al quejoso es de fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, pues de éstas se advierten los actos reclamados en el presente juicio. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se actualiza, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de los antecedentes de la parte quejosa, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que permitirán su comprensión: 1). El ocho de diciembre de dos mil veinte, el aquí quejoso José Alberto González Hernández, presentó demanda en la vía ordinaria civil, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de la aquí tercera interesada Alejandra Pío Toto, admitiendo dicha demanda el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, radicándose bajo el número 1310/2020-IV. 2). El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria acordó la conclusión y cierre de diversos Juzgados, entre ellos el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, turnando el expediente 1310/2020-IV, al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, radicándose el expediente 1916/2021-III. 3). El cinco de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa José Alberto González Hernández, presento escrito ante la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable (foja 95-98) escrito que se acordara mediante auto de veintitrés de noviembre del año citado (foja 99 y 100). 4). El veinte de septiembre y veintiséis de octubre, ambas fechas de dos mil veintiuno, la parte quejosa José Alberto González Hernández, presento escritos ante la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable (foja 103 y 104), escritos a los cuales les recayó el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente 1916/2021-III foja 102 y 102). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, han quedado sin efectos. Pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un acto que incide en la omisión de dar respuesta a las peticiones que le formuló la parte quejosa, sustituyéndose la omisión por esas respuestas. Sin que pase inadvertido, que en relación al escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable cesó su conducta omisiva, al proveer respecto a su contenido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y si bien dicha autoridad fue omisiva en notificar dicho auto a la parte quejosa, se observa que la misma tuvo conocimiento de dicho auto al momento en que se le dio vista con el informe justificado de la autoridad responsable. Lo anterior se desprende del propio informe justificado que rindió la responsable, así como de las constancias adjuntas, de donde se aprecia que por acuerdos de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictados en el juicio ordinario civil 1916/2021, se dio respuesta a los escritos presentados por el quejoso el cinco de julio, veinte de septiembre y veintiséis de octubre, todos del año dos mil veintiuno. Asimismo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dichas contestaciones al momento en que se le dio vista con el informe justificado de la autoridad responsable, al que se acompañó las respuestas de que se tratan. Luego, si el impetrante de garantías conoció las respuestas a sus escritos presentados el cinco de julio, veinte de septiembre y veintiséis de octubre, todos del año dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a su petición, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alberto González Hernández, contra los actos y por la autoridad, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo.
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