José Alberto Mejía Trejo
Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Alberto Mejía Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, y con el informe justificado de la responsable que obra en autos. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, y tómense en consideración al momento de resolver. Revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de admisión de demanda, se determinó que por virtud de la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. Por otra parte, se hace constar que ha transcurrido a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-II; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda, se previno a la parte quejosa para efecto de que, en su caso, ampliara la demanda respecto del actuario judicial adscrito a la Junta señalada como responsable, en virtud de haber señalado en el capítulo del acto reclamado que el actuario notificador adscrito a la Junta responsable ha omitido notificar a la demandada en el juicio de origen; y no obstante haber sido legalmente notificado el quejoso del auto por el cual se le previene para efecto de que manifestara si señalaba como responsable a dicho funcionario, omitió realizar manifestación alguna. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, y en virtud de haber fenecido el plazo otorgado en auto de diecisiete de agosto pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: - El hecho de que la responsable ha omitido fijar fecha para la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral, desde el veintitrés de abril de dos mil veinte. - La omisión de notificar la demanda (emplazamiento). Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley obrera, toda vez que la Junta responsable al rendir el informe con justificación, aceptó su existencia. Causa de improcedencia actualizada (omisión de señalar fecha para la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo) En la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado en el apartado IV que antecede. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 4507/2015, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al presente juicio de derechos, al haber subsanado la omisión la responsable en el procedimiento laboral, y fijado fecha para el desahogo de la aludida audiencia. En efecto, la parte quejosa combate la citada omisión al considerar que le causa agravios el actuar de la responsable, quien ha omitido fijar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y que resultaba violatorio del artículo 17 Constitucional; sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó la Junta laboral, se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, subsanó la omisión delatada y señaló las diez horas del diez de noviembre de dos mil veintidós, a fin de que se lleve a cabo la audiencia bifásica, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes. Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el controvertido laboral y señalado fecha para el desahogo de la multicitada audiencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, al haber emitido la responsable la determinación de diecisiete de octubre del año en curso, la cual definitivamente destruyó lo que motivó la promoción del presente juicio de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, deberá declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61 fracción XXl, ambos de la Ley de Amparo, por lo que respecta al reclamo consistente en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 4507/2015. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que el hecho de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del presente juicio por lo que respecta al acto que se atiende en este apartado, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. VI. Causa de improcedencia actualizada (omisión de notificar la demanda -emplazamiento-) 22. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificar la demanda, esto es, omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, en la especie, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]". 23. De acuerdo con los numerales transcritos, se obtiene la regla general de que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo, la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que se esté en aptitud de llamarla a juicio, y que deviene improcedente el juicio de amparo indirecto si aquella a quien se atribuye el acto reclamado no es escuchada, pues para que el propio órgano de control constitucional esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, es necesaria la audiencia de dicha autoridad responsable. 24. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa también reclamó la omisión de realizar el emplazamiento de las demandadas en el juicio natural, acto que resultó cierto, y únicamente señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el Estado de Sonora, de esta ciudad; sin embargo, debe estimarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de tal acto. 25. Lo anterior es así, porque las notificaciones y emplazamientos a las partes en el juicio laboral de origen, corresponde y son practicadas por los actuarios adscritos a las Juntas laborales. 26. Por lo anterior, el acto reclamado no puede ser analizado en esta instancia constitucional, ya que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al actuario adscrito a la Junta señalada como responsable, no obstante que este juzgado cumplió con la obligación procesal de darle vista con tal situación a través del auto de diecisiete de agosto del presente (notificado vía citatorio en el domicilio señalado), y se le apercibió legalmente, para que lo señalara como responsable sí a su interés convenía, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto, por lo que, en el caso en concreto, no se le tuvo como autoridad responsable por causas imputables a la parte quejosa. 27. Por tanto, se concluye que si el acto reclamado es la omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen 4507/2015, dicha omisión no puede ser analizada, habida cuenta que no se llamó a juicio a la autoridad responsable que debía efectuarlo, por causas imputables al peticionario de amparo. 28. En consecuencia, al no señalar la parte quejosa a la autoridad responsable encargada de las notificaciones y emplazamientos, no obstante la prevención que se le hizo por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, lo procedente es sobreseer en el juicio promovido en contra de ese acto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. 29. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Materia Común del siguiente contenido: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." 30. También apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 738, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." 31. De igual manera, es aplicable la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, publicada en la página 67, Tomo 74, Febrero de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." 32. Asimismo, se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página once, cuyo rubro y texto son: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." 33. También, sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.2o. J/205, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Decisión 34. Al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, así como la XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita; procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la invocada fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de derechos promovido ********************en relación con los actos plasmados en el considerando III, por las razones expuestas en los diversos V y VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
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Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se hace efectivo apercibimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo a la prevención efectuada el diecisiete de agosto de este año; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento de dicho auto, y se tiene únicamente como autoridad responsable a la autoridad que señaló en el apartado correspondiente de su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por José Alberto Mejía Trejo, en contra de los actos reclamados a la Junta Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se le reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete. 9. Tercero interesado. Debido a la naturaleza del acto reclamado, se estima que no existe tercero interesado. 10. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 11. Incidente de suspensión. Sin necesidad de tramitarse el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por el impetrante de amparo 12. Pruebas. En cuanto a requerir a la responsable por las constancias que integran el juicio laboral de origen, deberá estarse a lo acordado en el punto "4. Informe", de la presente determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, presuncional e instrumental de actuaciones que menciona en su libelo; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 13. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 14. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 15. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a la responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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